Comunicado
La Habana, Cuba sede de los diálogos de paz, marzo 28 de 2014
Constatamos con satisfacción que, al referirse a los problemas más urgentes del mundo rural, la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, ha trazado caminos de entendimiento mediante propuestas que se hace necesario atender. A grandes temas como la tenencia y uso de la tierra, los territorios colectivos, el ordenamiento territorial, la necesidad de una economía propia contra el modelo de despojo y lo más sensible en cuanto a lo que concierne a explotación minero-energética, agregaron sus opiniones sobre los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola.
¿Quiénes mejores conocedores de esta problemática y sus impactos, que los campesinos? Ellos son los que sufren la victimización, no los capos del capital financiero, verdaderos artífices del negocio del narcotráfico. Pero además, son estos compatriotas de la Colombia olvidada, quienes sufren el rigor de la persecución Estatal. Este es el tema que en la actualidad debate la Mesa de La Habana, y sin duda son las iniciativas de las comunidades rurales las que nos dan la clave para superar la fracasada y arbitraria guerra contra las drogas, que tanta contaminación, muerte y desesperanza trae a los pobres del campo, mientras se llenan los bolsillos de los narcotraficantes, que orondos se pavonean, posando de banqueros, políticos o prestigiosos empresarios, en el mundo de la falsa legalidad.
En la visión de los campesinos y comunidades rurales, no es la erradicación forzada y las fumigaciones aéreas que envenenan los campos lo que resolverá el problema; por ello hay que iniciar con redefinir los lineamientos de una nueva política antinarcóticos con enfoque humanizado que se comprometa con:
El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos organizativos de los cultivadores de coca, marihuana y amapola en movilizaciones pasadas.
Un programa de sustitución participativo, concertado, gradual, ambientalmente sostenible que se inscriba en los marcos de una reforma rural integral profunda, estructural, que permita generar no solo fuentes alternativas a los cultivos de uso ilícito, sino a la existencia plena de las comunidades, brindando bienestar y buen vivir. Ello implica ligar estos programas de sustitución con el conjunto de la Reforma Rural Integral, a la planeación y ordenamiento territorial, al fortalecimiento de la economía campesina, etc., dentro de tiempos y procedimientos que ayuden a los afectados a salir de la miseria que los agobia, brindándole protagonismo y capacidad de decisión.
Una nueva política antidrogas, si algo debe erradicar son las aspersiones que tanto daño le han hecho al medio ambiente y la represión que atenta contra la vida y los derechos humanos de las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas. Una política fuera de los fracasos del prohibicionismo y el carácter punitivo, debe liberar a quienes han sido judicializados sin tomar en cuenta que se trata de víctimas de quienes desde las altas cumbres del poder económico, se lucran de un flagelo mundial.
Un Plan concertado debe librar de la aplicación de la extinción de dominio a los predios de campesinos y gente humilde de áreas rurales, que por diversas circunstancias se han visto obligados a cultivar marihuana, coca y amapola. Y alguna alternativa al destierro deberá buscarse para las miles de familias que también, por necesidad y porque la tierra ha sido tomada por los grandes latifundistas, han tenido que ubicarse en Parques Naturales o zonas de reserva ambiental.
En todo caso, una política de sustitución debe tener gradualidad, debe estar respaldada con inversión social en la ejecución de planes que cuenten con el acuerdo y la decisión de las comunidades, lo cual implica el rechazo a procesos de sustitución basados en la imposición de cultivos agroindustriales como la palma de aceite, el caucho y otros similares.
Los cultivos y otros proyectos productivos sustitutos que fortalezcan la economía campesina, comunitaria y solidaria deberán tener garantía de mercadeo y seguros a largo, mediano y corto plazo, que garanticen estabilización de los Sistemas Productivos Sostenibles, para lo cual es fundamental garantizar el acceso a la tierra, su formalización, la mejora de infraestructura, y el acceso a asistencia técnica y a tecnología.
Un Programa o Plan intergal de sustitución no debe pasar por alto el respeto y fortalecimiento de los usos tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de la hoja de coca, la amapola y la marihuana, en el marco de los sistemas productivos de las comunidades agrarias, y cada proceso de uno u otro tipo deberá tener la impronta del manejo, fundamentalmente comunitario, y al lado de la atención de los problemas del campo en las dimensiones de la reforma Rural Integral, deberá atenderse el problema del consumo como asunto de salud pública que considere también a los adictos como víctimas y no como delincuentes, apuntando, sí, a atacar de manera soberana, el eslabón más fuerte, que está en el campo de los comercializadores: es decir, de los narcotraficantes.
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