Comunicado
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Marzo 6 de 2014
En desarrollo de los lineamientos generales de la “Política antidrogas para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo”, las FARC-EP presentan tres propuestas mínimas sobre “Responsabilidad de los Estados del capitalismo central, compromisos regionales y requerimientos para la implementación de una política antidrogas de carácter global”:
1. Responsabilidad y compromiso de los países del capitalismo central con la política antidrogas. En atención a su responsabilidad en la problemática global de la producción y el tráfico de drogas ilícitas, incluidas las drogas sintéticas, y a su condición de principales demandantes del mercado mundial, se promoverán acciones por parte del Gobierno para que los países del capitalismo central, en especial Estados Unidos y los Estados de la Unión Europea, se comprometan de manera decidida con políticas para reducir la demanda, enfrentar el consumo desde una perspectiva de salud pública y con enfoque de derechos humanos, así como con medidas concertadas para combatir las economías transnacionales derivadas del narcotráfico y del blanqueo de dinero en sus respectivos países. Se promoverá el reconocimiento del fracaso de las políticas prohibicionistas y de interdicción. Considerando la marcada influencia e injerencia del Gobierno de los Estados Unidos y de sus agencias, así como de empresas transnacionales de ese país en la política antidrogas, y a su indiscutible corresponsabilidad principal en la existencia del negocio criminal del narcotráfico, se invitará a ese Gobierno a participar de manera activa y directa en la construcción del Acuerdo sobre el punto de “Solución al problema de las drogas ilícitas”. No hay solución al problema de las drogas ilícitas sin el compromiso expreso del Gobierno de Estados Unidos con una superación definitiva de su fracasada política de la llamada guerra contra las drogas.
2. Política antidrogas para promover la integración subregional. Una política antidrogas basada en la soberanía, la autodeterminación, la participación democrática, los derechos humanos, la atención de los eslabones más débiles de la economía de las drogas ilícitas, los campesinos cultivadores, y los consumidores, será posible si se sustenta en un acuerdo político subregional, concebido como parte de los proyectos de integración que se adelantan en Nuestra América a través de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. La unificación de principios y propósitos de la política en este campo se constituyen en imperativo para superar en forma definitivalas políticas intervencionistas, guerreristas y de militarización y control social, propias de la llamada guerra contra las drogas, impulsada por los Estados Unidos. Asimismo, en factor importante para exigir la reforma del sistema internacional de control de drogas de Naciones Unidas.
3. Reforma sustancial al sistema internacional de control de drogas de Naciones Unidas. Se promoverá la realización de una Conferencia internacional sobre producción y tráfico de drogas ilícitas, así como de concertación de políticas para enfrentarlas. La Conferencia estará integrada por representantes de los gobiernos de países productores y consumidores, de instituciones académicas y de investigación, de productores de hoja de coca, amapola y marihuana, y de consumidores organizados. Además de avanzar en la identificación de responsabilidades del capitalismo globalizado frente a la empresa criminal transnacional del narcotráfico, de propiciar la no estigmatización de países considerados productores, la Conferencia se comprenderá como un espacio político para avanzar en la construcción de propuestas y acuerdos tendientes a la reforma sustancial del sistema internacional de control de drogas de Naciones Unidas. Se debe estimular la libertad para cuestionar la vigencia de las convenciones existentes, así como promover el derecho a explorar soberanamente caminos distintos al prohibicionismo y la interdicción para enfrentar la problemática de la producción y el tráfico de drogas ilícitas. Todo ello en consonancia con múltiples estudios, investigaciones académicas especializadas y experiencias focalizadas de algunos países. En todo caso, el Estado colombiano se compromete a que el derecho internacional de los derechos humanos prevalecerá sobre las convenciones existentes de Naciones Unidas.
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