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El Boquerón, otro poblado devorado por la Drumond

Análisis
Tomado de Resistencia Colombia
Por Escrito por Wilson Castillo y Alirio Córdoba, Guerrilleros del Frente 41, Cacique Upar, de las FARC-EP   

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Tal como ocurrió en el departamento de la Guajira con los habitantes de Tabaco, Chancleta y Patilla por cuenta del Cerrejón, ocurre hoy en el municipio Jagua de Ibirico. Los habitantes del corregimiento Boquerón luchan por no desaparecer, víctimas del despojo de su tierra y territorio por parte de la acción de la transnacional carbonera Drummond. Es este el costo de que Colombia se haya convertido en uno de los principales proveedores de carbón del mundo y que la clase que gobierna al país carezca del más mínimo sentimiento de patria.

Los habitantes de La Jagua de Ibirico, Cesar, han visto, durante los últimos veinte años, entrar y salir grandes volquetas repletas de carbón extraído de las entrañas de la tierra que los vio nacer. La vida de esta población cambió radicalmente cuando las multinacionales carboneras iniciaron la explotación del mineral, voltearon la tierra al revés, volvieron negro lo que era verde y transformaron en desierto lo que fuera una región rica en manantiales, nacimientos de agua y diversidad de flora y fauna; de esta manera, sus tradiciones de cazadores, pescadores, agricultores, al igual que su hábitat, fueron destruidas.

Para hacer posible los planes de explotación minera, las empresas favorecidas con el negocio, con el apoyo incondicional del Estado y por supuesto de sus militares y paramilitares, utilizando sucios métodos como el engaño o el miedo, se han apoderado de la tierra de los labriegos, expulsándolos de su territorio de origen y lanzándolos a la mendicidad. La modalidad empleada en los primeros tiempos fue la del terror producido a través del machete y la motosierra del paramilitarismo, el asesinato de líderes comunitarios, las amenazas y desapariciones; en tanto que en la última etapa, tal vez como consecuencia de las denuncias y el repudio internacional, las transnacionales han implementado la modalidad del despojo legal, que consiste  en obtener los títulos de tierras a través de tramposos contratos de compraventa o mediante la modalidad del arriendo de las tierras campesinas por 20 o más años.  Curiosamente esas mismas tierras despojadas  contienen  uno de los más ricos yacimientos de carbón del país.

La voracidad del capital transnacional, representado en este caso por la empresa multinacional Drummond, tiene un largo historial en materia de desplazamiento y despojo de tierras campesinas. Comunidades como las de Mechoacán y el Prado son testigos y víctimas del terror dirigido por paramilitares de Jorge 40,  asociados con notarios corruptos y entidades gubernamentales como el INCODER, para apoderarse de las tierras campesinas.

En cuanto a sus ganancias anuales, resulta difícil establecer a cuánto ascienden las ganancias de las transnacionales, pero nos dan una pista las declaraciones de la propia Drummond al decir que sus pérdidas fueron de once mil millones de pesos diarios como consecuencia del cese laboral que produjo el más reciente paro de sus trabajadores. Tanto auge no se refleja en la calidad de vida de sus habitantes, quienes desamparados en materia de educación, vivienda digna, servicios públicos, vías, alimentación y salud, no alcanzan a entender qué significa la Prosperidad para Todos que el Presidente Santos prometió a los colombianos.

La multinacional gringa ha venido recurriendo a diversas artimañas para burlar sus obligaciones tributarias y esquilmar las regalías al Estado y el pueblo colombiano. Actualmente el pulpo carbonero enfrenta nuevos problemas jurídicos, tanto por el daño causado deliberadamente al medio ambiente como por el delito de detrimento al patrimonio económico de la nación. En 2007 la Drummond fue multada con 33 millones de dólares, y con 48 millones en 2008, por liquidar mal las regalías; en el mismo año la Contraloría General de la República confirmó que la  empresa causó un detrimento patrimonial contra la nación por  140 mil millones de pesos.

Se escandalizan ahora los medios privados de comunicación frente al impacto ambiental ocasionado al ecosistema de la bahía de Santa Marta, por el vertimiento al mar de varias toneladas de carbón desde una barcaza. Pero durante años esos medios habían guardado un cómplice silencio con relación al sistema de embarque utilizando por las multinacionales (que desde un inicio se sabía que era inconveniente), y que ha producido y sigue produciendo una inocultable destrucción de las especies marinas y la contaminación de la bahía de Santa Marta y la zona costera, generando consecuencias en la salud de las personas y en la vital actividad turística de esa ciudad.

El corregimiento Boquerón, Jagua de Ibirico,  hoy ve amenazada su existencia porque la ocupación de su territorio figura en los planes extractivos de la Drummond. Lo cierto es que la explotación carbonífera ya ha avanzado hasta bien arriba de la serranía del Perijá, siendo las primeras afectadas las aguas de los ríos Sororia, Tucuy y Plan Bonito, fuentes para el abastecimiento de agua de los habitantes de la región. Como consecuencia del uso de explosivos para la extracción del carbón, las casas de los habitantes presentan deterioro,  y para abastecerse de agua para el consumo humano los pobladores deben recorrer varios kilómetros; a lo anterior se suman graves problemas de salud, enfermedades respiratorias, cáncer de mama, etc.; en materia de vías, tanto las vías principales como secundarias, se encuentran un lamentable estado de deterioro.

Razones de sobra tiene esta comunidad para protestar y exigir, tanto del gobierno central como de alcaldes y gobernadores, inversiones que se traduzcan en bienestar para la población. Es de cualquier manera una exigencia mínima en comparación con el enorme saqueo a los recursos de la nación. Gobiernos como el de la seguridad democrática, o el de la Prosperidad para Todos de Juan Manuel Santos, han condenado a este territorio a la miseria y la represión.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo, y en especial el frente 41 “Cacique Upar”, nos sumamos al sentimiento de inconformidad de nuestro pueblo cesarense y jagüero, al tiempo que convocamos desde la combatividad de nuestras armas insurgentes a todo el pueblo colombiano, a defender el territorio y la soberanía nacional, que no es otra cosa que la defensa la patria.

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