Comunicado
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, marzo 24 de 2014
Han hablado las comunidades rurales, y en su reciente cumbre de Bogotá su voz ha sido clara y enfática en cuanto a sus necesidades en función de la paz para Colombia. Su clamor es por el reordenamiento territorial que restablezca la soberanía, es por la Reforma Rural Integral que acabe con el latifundio y le entregue la tierra a los pobres, es por reconocimiento de los derechos históricos de los pueblos indígenas, de los raizales y de las comunidades afro a sus territorios, y en especial el reconocimiento a la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas, territorios ancestrales y territorios de las comunidades afro-colombianas. Todo lo cual debe ir de la mano del reconocimiento a las Zonas de Reserva Campesina, frenando todas las formas violentas y legales de despojo que hasta hoy han operado con el apoyo del régimen. Han hablado las comunidades rurales por el restablecimiento cierto de la función social de la propiedad, y contra la apropiación fraudulenta que latifundistas y empresas capitalistas han hecho de baldíos y actuando en detrimento de las Unidades Agrícolas Familiares. Han hablado de acabar con la pobreza y la desigualdad, de abrirle campo a la democracia y al buen vivir, y en medio de este tipo de esperanzas y lineamientos para la acción, la Cumbre Nacional Agararia, Campesina, Étnica y Popular, ha hecho énfasis en una reconfiguración urgente del modelo económico que restablezca la soberanía y el buen vivir para todos los colombianos.
Para poder construir un Acuerdo real de paz, es necesario considerar, el punto de vista de las comunidades rurales que expresa que debemos generar una “economía propia contra el modelo de despojo”, lo cual es también un sentir de las inmensas masas urbanas empobrecidas por el modelo neoliberal que tantos y graves perjuicios le ha causado a la economía nacional.
Hay que abrirle paso a una política económica soberana, planificada, ambientalmente viable, que proteja y fortalezca la recuperación del campo, su desarrollo integral, contando con sus comunidades hasta ahora atropelladas por las medidas aperturistas y de libre comercio.
La voz de las comunidades rurales hay que escucharla, y ahora se ha alzado a favor de estos objetivos, y para decirnos, que deben surgir políticas para restringir y regular el uso y precio de los agroquímicos, que debe iniciarse un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un modelo agroecológico, creando un sistema nacional de asistencia técnica que respete el medioambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades.
Se ha alzado la voz para decirnos que las deudas les deben ser condonadas y se debe retirar los embargos a tierras y propiedades del campesinado, adquiridas a través del sistema financiero y de acceso al crédito agropecuario con tasas no determinadas por la lógica de mercado. Que se debe proceder acrear y fortalecer las cooperativas de ahorro para las comunidades rurales, con financiación del Estado y dirigidas por las organizaciones comunitarias. Que se deben desmontar los Tratados de Libre Comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios, y se debe detener la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de “cooperación” que vulneren la producción agropecuaria nacional. De tal manera, que con justicia se exige que todo tratado de este tipo, sea consultado con el pueblo, que es el que resulta afectado con tan nefastas políticas que solo llenan el bolsillo de unos funcionarios corruptos.
La voz de las comunidades rurales en coro patriótico clama por subsidios para los sectores afectados por la apertura, clama por el establecimiento de precios de sustentación rentables y por seguros de cosechas, por un sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos agropecuarios, y por muchas otras medidas que generen favorabilidad y cualificación para la producción campesina y rural, incluyendo la prohibición de la importación de los productos agropecuarios estratégicos quer producen nuestros campos, o la derogación de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual y que propician su privatización. Debe cesar la persecución de las autoridades contra aquellos labriegos que guardan, protegen o intercambian semillas tradicionales. En consecuencia, debe ser una exigencia nacional que no se apliquen las leyes 1032 de 2006 y la 1518 de 2012 y se derogue la resolución 970 del ICA. En contraste se aboga por la creación de un sistema nacional, regional y local de promoción y apoyo a la producción, selección, multiplicación y difusión de semillas originarias sin restricciones mercantilistas a través de patentes.
En pro de la soberanía económica se insiste en abrirle juego a la academia y a la universidad para expandir la investigación que nos permita un desarrollo autónomo, articulando el saber científico con la experiencia de las comunidades, reconociendo y respaldando los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Y, definitivamente, existe especial interés en defender la soberanía alimentaria nacional, la cual debe declararse como de utilidad pública, interés social y bien común de la nación.
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