Ir al contenido principal

Despejar el camino hacia la paz

Comunicado




La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, marzo 24 de 2014


Han hablado las comunidades rurales, y en su reciente cumbre de Bogotá su voz ha sido clara y enfática en cuanto a sus necesidades en función de la paz para Colombia. Su clamor es por el reordenamiento territorial que restablezca la soberanía, es por la Reforma Rural Integral que acabe con el latifundio y le entregue la tierra a los pobres, es por reconocimiento de los derechos históricos de los pueblos indígenas, de los raizales y de las comunidades afro a sus territorios, y en especial el reconocimiento a la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas, territorios ancestrales y territorios de las comunidades afro-colombianas. Todo lo cual debe ir de la mano del reconocimiento a las Zonas de Reserva Campesina, frenando todas las formas violentas y legales de despojo que hasta hoy han operado con el apoyo del régimen. Han hablado las comunidades rurales por el restablecimiento cierto de la función social de la propiedad, y contra la apropiación fraudulenta que latifundistas y empresas capitalistas han hecho de baldíos y actuando en detrimento de las Unidades Agrícolas Familiares. Han hablado de acabar con la pobreza y la desigualdad, de abrirle campo a la democracia y al buen vivir, y en medio de este tipo de esperanzas y lineamientos para la acción, la Cumbre Nacional  Agararia, Campesina, Étnica y Popular, ha hecho énfasis en una reconfiguración urgente del modelo económico que restablezca la soberanía y el buen vivir para todos los colombianos.

Para poder construir un Acuerdo real de paz, es necesario considerar, el punto de vista de las comunidades rurales que expresa que debemos generar una “economía propia contra el modelo de despojo”, lo cual es también un sentir de las inmensas masas urbanas empobrecidas por el modelo neoliberal que tantos y graves perjuicios le ha causado a la economía nacional.

Hay que abrirle paso a una política económica soberana, planificada, ambientalmente viable, que proteja y fortalezca la recuperación del campo, su desarrollo integral, contando con sus comunidades hasta ahora atropelladas por las medidas aperturistas y de libre comercio.

La voz de las comunidades rurales hay que escucharla, y ahora se ha alzado a favor de estos objetivos, y para decirnos, que deben surgir políticas para restringir y regular el uso y precio de los agroquímicos, que debe iniciarse un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un modelo agroecológico, creando un sistema nacional de asistencia técnica que respete el medioambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades.

Se ha alzado la voz para decirnos que las deudas les deben ser condonadas y se debe retirar los embargos a tierras y propiedades del campesinado, adquiridas a través del sistema financiero y de acceso al crédito agropecuario con tasas no determinadas por la lógica de mercado. Que se debe proceder acrear y fortalecer las cooperativas de ahorro para las comunidades rurales, con financiación del Estado y dirigidas por las organizaciones comunitarias. Que se deben desmontar los Tratados de Libre Comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios, y se debe detener la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de “cooperación” que vulneren la producción agropecuaria nacional. De tal manera, que con justicia se exige que todo tratado de este tipo, sea consultado con el pueblo, que es el que resulta afectado con tan nefastas políticas que solo llenan el bolsillo de unos funcionarios corruptos.

La voz de las comunidades rurales en coro patriótico clama por subsidios para los sectores afectados por la apertura, clama por el establecimiento de precios de sustentación rentables y por seguros de cosechas, por un sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos agropecuarios, y por muchas otras medidas que generen favorabilidad y cualificación para la producción campesina y rural, incluyendo la prohibición de la importación de los productos agropecuarios estratégicos quer producen nuestros campos, o la derogación de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual y que propician su privatización. Debe cesar la persecución de las autoridades contra aquellos labriegos que guardan, protegen o intercambian semillas tradicionales. En consecuencia, debe ser una  exigencia nacional que no se apliquen las leyes 1032 de 2006 y la 1518 de 2012 y se derogue la resolución 970 del ICA. En contraste se aboga por la creación de un sistema nacional, regional y local de promoción y apoyo a la producción, selección, multiplicación y difusión de semillas originarias sin restricciones mercantilistas a través de patentes.

En pro de la soberanía económica se insiste en abrirle juego a la academia y a la universidad para expandir la investigación que nos permita un desarrollo autónomo, articulando el saber científico con la experiencia de las comunidades, reconociendo y respaldando los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Y, definitivamente, existe especial interés en defender la soberanía alimentaria nacional, la cual debe declararse como de utilidad pública, interés social y bien común de la nación.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

Comentarios

Entradas populares de este blog

‘Empresas palmicultoras sirvieron a intereses de las Autodefensas’: Corte Suprema

Noticia Por CM&





Al dejar en firme una condena de diez años de prisión en contra del empresario, Antonio Nel Zúñiga Caballero por los delitos de invasión de tierras, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo todo un análisis de cómo se aliaron palmicultores e integrantes del Ejército Nacional con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Chocó, para llevar a cabo el proyecto agroindustrial de la “Casa Castaño”.

Gobierno Nacional y Fiscalía General intentan obstruir a la JEP

Noticia Por Colombia Soberana


Después de que los Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, suspendieran el trámite de extradición contra Jesús Santrich, en un comunicado a la opinión pública firmado por el Ministro del Interior Guillermo Rivera y  su homologo de la cartera de Justicia y del Derecho Enrique Gil, el Gobierno Nacional asegura, entre otras cosas, que la JEP no tiene competencia y  su decisión la toma basada en protocolos que ella se dictó.
Al mismo tiempo el Fiscal General, Nestor Humberto Martínez, manifestó que le pidió al Procurador Fernando Carrillo que intervenga frente a la Sección de Revisión de la JEP para que revoquen la decisión "en defensa del orden constitucional de la República". 
Esta reacción del Estado se suma al ya conocido incumplimiento del Acuerdo de La Habana, los reiterativos ataques para modificarlo, su ya comprobada falta de voluntad de paz y la carencia de autonomía frente a otros países, especialmente Estados Unidos, que pon…

Atentan contra la vida de la ganadora del Premio Nacional por la defensa de los Derechos Humanos

Noticia en desarrollo Colombia Soberana


La defensora de los Derechos Humanos, María Ruth Sanabria, sufrió un atentado la noche de hoy 22 de mayo. Los hechos ocurrieron en Fortul Arauca. Según fuentes cercanas una camioneta roja venía siguiendo el carro en el que se movilizaba la abogada desde que salió de Beyotes, en Tame. Una vez llegaron a su destino, desde la camioneta dispararon al parecer ráfagas de fusil, la defensora y sus acompañantes alcanzaron a llegar a la estación de Policía.
María Ruth Sanabria, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos CPDH, ganadora del premio Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos, militante del Partido Comunista Colombiano y sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, entre sus múltiples actividades en pro de la comunidad, viene denunciando la presencia y persistencia de grupos paramilitares en Arauca.