Ir al contenido principal

¿Tierra para enterrar campesinos?

Análisis
Tomado de Cambio Total
Por María Teresa Ronderos 
María Teresa Ronderos


Las intenciones de la ley de víctimas son las mejores: devolverles o titularles las tierras a las víctimas que las han perdido porque el terror armado se las arrebató o las obligó a dejarlas tiradas.

Por eso despertó entusiasmo; más cuando el Gobierno mostró pronto, entre otras, restituciones en Córdoba a campesinos aplastados por la bota paramilitar y titulaciones colectivas en Chocó a quienes llevaban siglos pidiéndolas.

Sin embargo, ahora la esperanza empieza a desleírse. “Uno no busca tierra para que lo entierren”, le dijo a Verdad Abierta un campesino de Montes de María.

Esa desilusión cada vez más generalizada tiene sus razones. Arriba se ha perdido voluntad política. Santos ha venido repartiendo mermelada en las entidades del sector, sin importar cuánto las debilita. (En el caso del Incoder, clave soporte de la restitución, la jalea fue azul real; a Rey Borbón, dice La Silla Vacía, lo nombraron como cuota del senador Andrade en el vano intento de que los godos se sumaran a la reelección).

Abajo se va lento. Dos observatorios de la restitución de tierras, el de la Universidad Nacional, dirigido por Francisco Gutiérrez, y el de la Procuraduría, respaldado por la Usaid, están llegando a conclusiones similares. Que al ritmo que vamos —83 restituidos en promedio al mes, según el segundo—, nos tomará varios centenares de años restituir a los 360.000 solicitantes que el Gobierno calculó.

Es verdad que esto es lo más rápido que hemos ido en medio siglo en materia de titularles tierras a sus legítimos dueños campesinos. Dijo el Gobierno a fin de noviembre que se habían entregado 800 predios, mientras, por ejemplo, a la Ley de Extinción de Dominio le tomó 11 años recuperar 731 predios.

No es un asunto de eficiencia de los funcionarios; los de las unidades de tierras son dedicados y comprometidos. Se trata de fallas en el diseño institucional. Si todos los casos deben ir a los 38 jueces, así ningún opositor esté disputando la tierra a entregar, pues tendrá que ser demorado. Si la Fiscalía no investiga prioritariamente a los usurpadores, al tiempo que se restituye, será más peligroso para las víctimas, pues aquéllos quedan campantes. Si el sistema es rígido y no incentiva arreglos entre tenedores de buena fe, crea nuevos conflictos.

Además, las regiones no tienen la información de la propiedad de la tierra al día ni clara. Entonces, a la tarea de por sí espinosa de quitarles fincas mal habidas a unos poderosos para dárselas a unos excluidos, se le suma la de ordenar y actualizar el catastro en la zona donde se esté restituyendo. Los operadores se acomodan a lo posible, y escogen más predios donde no haya conflicto, donde sólo haya que titular.

Otro problema es que muchos quieren que la restitución sea substituto de reforma agraria, que no lo es. La deshonrosa inequidad en el campo colombiano no se resuelve con la restitución. Pretender que eso es lo que se está haciendo es hacer demagogia a costa de las víctimas y granjearles enemigos gratuitos.

Para rematar, como sólo se tramita la restitución si la víctima la pide, los usurpadores de la tierra aprendieron rápidamente que, ante la demora en el proceso, amenazando y matando líderes de víctimas bloquean la restitución. Esto no sucedería si el Gobierno restituyera por zonas, sin depender de si los campesinos reclaman o no la tierra.

El presidente y el Congreso tienen que darse cuenta de la tremenda responsabilidad que les cae por cada reclamante de tierras amenazado o asesinado. Ellos los empujaron y los ilusionaron en esta lucha, y ahora deben responderles rectificando el camino.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Caen líderes, dirigentes, exguerrilleros y niños

Análisis Tomado de Las 2 Orillas Por Gabriel Ángel

Si algo queda claro de los episodios que en materia de orden público sacuden al país, es que se equivocan de cabo a rabo quienes insisten en echar leña al fuego de la confrontación militar, los amigos de la guerra, así como se equivocan también los que se empeñan en reavivar una lucha armada que lo único que produce a diario son múltiples horrores. La verdad es que la única solución viable es la implementación integral de lo acordado en La Habana.

El Estado colombiano firmó un Acuerdo de Paz con la organización guerrillera más fuerte e influyente en la vida nacional, las Farc. Gracias a este se puso fin a un conflicto de más de medio siglo y el país sintió un profundo alivio. En extensas regiones se pudo por fin vivir en la normalidad, y se esperaron ansiosamente, de acuerdo con lo pactado, los planes de ayuda del Estado que erradicarían la pobreza y elevarían su nivel de vida.
La salida de las Farc, que ejercían poder y establecían un ord…

La derecha sigue siendo muy fuerte en Colombia

Análisis Tomado de Las 2 Orillas Por Gabriel Ángel

Muchos coinciden con la opinión de que el partido de gobierno sufrió una derrota contundente en las elecciones del domingo 27, concluyendo que no es cierto que el país se encuentre en manos de la derecha, como se pensó cuando Iván Duque derrotó a Petro en las últimas elecciones presidenciales. Las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali bastan para certificarlo.
Creo pasan cosas que inducen a pensar que la derecha sigue fuerte, solo que se ha difuminado en una serie de actores y posiciones que consiguen disimularla. No se trata de que el señor Álvaro Uribe conserve un alto índice de aceptación o no. Se trata de que sus ideas y prácticas se generalizan, aunque rostros y discursos distintos se asomen al escenario.
De otra manera no podrían explicarse fenómenos que de algún modo se imponen, sin la reacción que debieran despertar si primara una concepción diferente. Son 169 exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz de La Habana, los asesinados …

Salida de Botero debe ser acompañada por un cambio en la política de seguridad

Comunicado Tomado de FARC Por Consejo Político Nacional

La renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, es una oportunidad para que el gobierno de Iván Duque ajuste su errada política de seguridad y defensa, que está llevando al país hacia el pasado de guerra y odio que se venía dejando atrás.
El asesinato de líderes sociales e integrantes de las FARC-EP  en proceso de reincorporación, las recientes masacres de indígenas en el departamento del Cauca, y la trágica muerte de ocho menores de edad en un desproporcionado bombardeo autorizado por el presidente Iván Duque,  son expresiones nefastas de esta situación.
La salida del ministro Botero no puede paralizar las investigaciones sobre las responsabilidades en los varios casos de presuntos crímenes de Estado. Los asesinados no pueden quedar en la impunidad. Pero, además, es necesario y urgente cambiar la doctrina del enemigo interno. El gobierno debe cambiar su interés de profundizar y empezar nuevos conflictos.
La actual política de s…