Comunicado
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Febrero 7 de 2014
Desmilitarización de la política antidrogas, no intervencionismo y descriminalización de los pobres del campo
En desarrollo los lineamientos generales de la “Política antidrogas para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo”, las FARC-EP presentan las siguientes cuatro propuestas mínimas correspondiente al punto seis sobre “Desmilitarización de la política antidrogas, no intervencionismo imperialista y descriminalización de los pobres del campo”:
Desmilitarización de los territorios y de la política antidrogas.
No intervencionismo, autonomía y autodeterminación de la política antidrogas.
Política antidrogas participativa y con enfoque de derechos humanos integrales
Descriminalización de los productores y los trabajadores de los cultivos y de los consumidores de drogas sicoactivas.
6.1. Desmilitarización de los territorios y de la política antidrogas
La desmilitarización constituye uno de los pilares de una nueva política antidrogas. Ello implica desligarla de las políticas y estrategias contrainsurgentes; el cese inmediato de las pretensiones de dominio y control sobre territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, y de disciplinamiento social basadas en la ocupación militar y la represión sobre la población. Conlleva por tanto poner fin a la “Política nacional de consolidación territorial” y a los “Planes de consolidación territorial”, así como el cierre definitivo de la Unidad Administrativa Especial de la Consolidación Territorial. Y en lugar de ello, formular y ejecutar “Planes Territoriales de construcción de paz”, cuyo eje serán los “Planes de desarrollo alternativo” formulados por las comunidades campesinas y afrodescendientes, o los “Planes de vida” concebidos por las comunidades y pueblos indígenas. La desmilitarización debe extenderse igualmente a los centros urbanos y conlleva por tanto el cese de estrategias de control y represión sobre zonas pobres y deprimidas de las ciudades con el argumento de la “guerra contra las drogas”
6.2. No intervencionismo, autonomía y autodeterminación de la política antidrogas
Debe cesar de inmediato la injerencia y participación directa de los Estados Unidos, así como de sus empresas y agencias mercenarias en la política antidrogas. Se debe poner fin al negocio transnacional de la llamada guerra contra las drogas. La nueva política antidrogas que demanda el país ha de fundamentarse en los principios de la soberanía, la autonomía y la autodeterminación de la Nación, desligarse por tanto de los dictámenes de los Departamentos de Estado y de Defensa, del Comando Sur, de la CIA y de otras centrales de inteligencia británica e israelí, sustraerse de los enfoques geopolíticos imperialistas de la “dominación de espectro completo” sobre Nuestra América y, de manera específica, de la doctrina de la seguridad nacional y de la guerra contrainsurgente.
6.3. Política antidrogas participativa y con enfoque de derechos humanos integrales
La “Comisión para el diseño y el seguimiento de una política nacional antidrogas democrática y participativa”, instancia de la formulación de la política antidrogas, enmarcará y adelantará sus labores atendiendo de manera estricta el enfoque de derechos humanos. Tal enfoque conlleva el reconocimiento de la naturaleza socioeconómica y cultural de la problemática de las drogas, y constituirá el referente de toda acción para enfrentarla. Se proscribirán, por tanto, los enfoques prohibicionistas y de interdicción y toda acción o práctica que vulnere derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales de la población en nombre de la “guerra contra de las drogas”, lo cual implica además una redefinición de la actual política criminal. Campesinos productores y trabajadores de cultivos, así como consumidores de drogas sicoactivas, sometidos hasta ahora a la violación permanente de sus derechos, merecerán tratamiento especial en atención al carácter socioeconómico y de salud pública del problema.
6.4. Descriminalización de los productores y los trabajadores de los cultivos y de los consumidores de drogas sicoactivas
La redefinición de la política antidrogas exige una nueva política criminal del Estado que concentre sus esfuerzos en la persecución y el encarcelamiento de los principales beneficiarios del mercado de drogas ilícitas, así como en el desmantelamiento de las redes transnacionales de tráfico y de lavado de activos. La persecución, la estigmatización y la criminalización de los pobres del campo, de las comunidades campesinas, de las familias que las conforman y de los trabajadores de los cultivos, incluidos sus organizaciones y líderes, debe cesar de inmediato. En igual sentido, se procederá con los consumidores de drogas sicoactivas. Como parte de las labores de la “Comisión para el diseño de una política nacional antidrogas democrática y participativa”, se conformará un Grupo de Trabajo con académicos y expertos que formule los lineamientos generales para una nueva política criminal del Estado en esta materia. Las acciones de cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional en ningún momento se llevará a cabo con menoscabo a la soberanía y la autodeterminación.
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