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Una política de tierras que naufraga

Análisis
Tomado de Rebelión
Por Jhenifer Mojica Florez y Miguel F. Mejía A. - Agencia Prensa Rural




El problema de la tierra y la política agraria fueron protagonistas durante el año anterior y lo serán también durante el año que comienza. Las negociaciones de La Habana van a incidir mucho, pero también la movilización y la protesta social que siguen latente.

Los anuncios iniciales
El de Santos ha sido un gobierno de anuncios. Al poco tiempo de posesionarse, el presidente prometió una política integral de tierras, mientras se tramitaba ante el Congreso la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En previsión de las negociaciones de paz, para el gobierno resultaban prioritarias la restitución de tierras y territorios a los desposeídos por causa del conflicto y la formalización de los títulos de propiedad sobre pequeñas propiedades rurales.

Muestras de ello fueron los innumerables eventos de la mano del campesinado y de las víctimas, como la visita a los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó en Carmen del Darién (Chocó); la congregación en el estadio de Barranquilla (Atlántico), la entrega de la hectárea un millón en La Primavera (Vichada) y el acuerdo para la prosperidad para las víctimas realizado en Puerto Asís (Putumayo). Durante el 2010 también el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) anunció un compromiso para la reactivación de las seis zonas de reserva campesina constituidas por el INCORA, y el impulso a la creación de nuevas zonas.

Se iniciaba un viaje “sin retorno” por la restitución y la formalización de tierras, según el presidente y el ministro de la época Juan Camilo Restrepo, cuya carta de navegación sería el “Plan de choque de restitución y formalización de tierras” que debería ejecutar el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER).

Posteriormente se anunció desde La Habana el acuerdo sobre una política agraria integral. Además de la restitución de tierras despojadas, esta política incluiría la titulación de tierras informales y la constitución de Zonas de Reserva Campesina para proteger los territorios y recuperar tierras de la Nación que habían sido apropiadas ilegalmente. El programa supondría crear una gran “bolsa de tierras” disponibles para dotar a los campesinos más pobres y, posiblemente, a los desmovilizados y reinsertados en un escenario post conflicto.

Y en efecto, el gobierno nacional inició acciones para recuperar las tierras en cuestión[1]. Se anunció el plan de restitución administrativa, a cargo del INCODER, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que aspiraba a recuperar tres millones de hectáreas para el año 2014. Se hicieron múltiples denuncias ante la Fiscalía referentes al despojo mediante adjudicaciones que el INCODER había hecho sobre más de 400 mil hectáreas en Antioquia, Meta, Vichada y Caquetá.

También se iniciaron los estudios para redefinir las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) en 27 departamentos, se actualizaron los planes de desarrollo de las seis zonas de reserva campesina constituidas y se iniciaron otros seis procesos para constituir nuevas zonas en varias regiones.

Igualmente se quiso afrontar el problema de las adquisiciones que violaban la prohibición de acumular extensiones superiores a la UAF (artículo 72 de la Ley 160de 1994). Se abordaron 14 casos con más de 90 mil hectáreas, y se tomaron algunas acciones administrativas y judiciales para reversar dichas concentraciones, incluyendo los casos de Riopaila SA, Fondo Ganadero de Córdoba, la Fazenda, Monica Semillas y Polligrow.

Tempestad y mareas altas

Cumplidas las dos terceras partes del mandato de Santos, el balance en materia de tierras es muy precario:

· Hay 323 sentencias de restitución sobre 18.192 hectáreas y dos millones de hectáreas tituladas [2]; pero del plan de tres millones de hectáreas recuperadas para la bolsa de tierras no se ha sabido nada distinto del anuncio, hecho en mayo pasado, según el cual se iniciarían un centenar de procedimientos agrarios administrativos.

· Hay también 250 mil hectáreas en Meta y Caquetá de los cuales no se sabe si acabaron con recuperaciones efectivas para la Nación, o si se iniciaron nuevos procedimientos para llegar a la meta de los tres millones [3].

· La inversión de recursos en las Zonas de Reserva Campesina es lenta y los seis nuevos procesos de constitución tienen objeciones del sector defensa.

· La redefinición de la UAF quedó en veremos ante las objeciones de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), a quienes parece no favorecerles.

Las movilizaciones de campesinos del Catatumbo pidiendo la conclusión del proceso de constitución de la ZRC y la solución al problema de los cultivos de uso ilícito fueron la tormenta que acrecentó la marea de un mar que nunca ha estado quieto.

¿Tierra a la vista?

Hablar de la política de tierras es hacer crónica de un naufragio, no sólo por los pobres resultados en la materia, sino porque se trata de un barco a la deriva y, peor aún, sin tierra a la vista.

¿Qué hacer para que el barco no naufrague por el bien de la Nación, de los campesinos, de los empresarios y de la paz? Se requieren replanteamientos en aspectos centrales de la política:

1. Al barco le hacen falta un buen capitán y una buena tripulación. Se necesita una dirección con conocimiento del sector, con sensibilidad, con vocación de paz, que reconozca la importancia de la economía campesina, así como la necesidad de regular las condiciones para hacer viable el desarrollo agroindustrial. Entre mayo y diciembre de 2013 hubo tres ministros de agricultura y relevo e interinidad tanto en el Viceministerio de Agricultura como en el INCODER.

2. Una política estable, congruente y moderna. Hubo un cambio radical e intempestivo en materia de baldíos: de la recuperación de baldíos usurpados o apropiados ilegalmente y de la investigación de casos de concentración ilegal de tierras, pasamos a un proyecto de ley que buscaba legalizar la concentración amparada en supuestas alianzas entre empresarios y campesinos pobres. Esta propuesta del gobierno buscaba volver al sistema de aparcería, donde el empresario se apropia de extensiones sin límite alguno y “regala” el 20 por ciento de sus predios a campesinos que él mismo escoge.

El proyecto también pretendía reformar el sistema de adjudicación de baldíos para que a los campesinos pobres sin tierra que las trabajan no se les dieran títulos de propiedad sino asignaciones provisionales de tenencia y consagran la informalidad y la falta de acceso a la tierra.

Esta iniciativa dio pie a una gran polémica y -por ahora- ha sido retirada. Ojalá que la oposición y la opinión pública sensata sigan haciendo resistencia a esta iniciativa por el bien de la paz.

3. Una política concertada e incluyente. En materia agraria adquiere actualidad el refrán “en rio revuelto ganancia de pescadores”. Basta con analizar el pacto agrario y ver quienes lo firman y a quienes compromete y beneficia. El nuevo y poco debatido Decreto 1987 de septiembre 12 de 2013 los mecanismos de participación para la concertación y ejecución de las políticas agrarias en el país, vuelve a darles prioridad a los Concejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y a los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEAS). Estos espacios son objeto de críticas abiertas debido a su falta de legitimidad, de modo que seguiremos al vaivén de las relaciones de poder que desde allí se establecen.

Durante el 2014 habrá un mar tan quieto como para que el barco avance, o tan fuerte como para que reoriente su rumbo. Depende de los campesinos que nuevamente marcarán el ritmo de la política de Estado, no propiamente los firmantes del pacto agrario, sino los campesinos y mineros que se movilizaron y llevaron propuestas a las mesas en el Cauca, en Arauca, en Boyacá, en el sur de Bolívar y Cesar, en Putumayo y Guaviare, el Huila y el Caquetá, en Tolima, Antioquia y el eje cafetero, en el Catatumbo y quizás en el resto del país.

4. Armonizar la propuesta de paz. Al parecer el problema fue más fácil de abordar entre los negociadores de la Habana, que entre las aspiraciones del gobierno, los empresarios y los campesinos en Colombia. Los campesinos saben cuáles son sus problemas y con paz O sin paz saben que no solo quieren llegar a la tierra sino saber llegar.

Los campesinos de las zonas de reserva campesina saben por qué defienden esta figura: se trata de un instrumento poderoso para el ordenamiento social y ambiental de la propiedad rural. Los campesinos de la MIA, el Congreso de los pueblos y las dignidades tienen propuestas de política agraria integral. El gobierno debe reconocer la importancia de adelantar procesos concertados, sostenibles en el tiempo y con legitimidad social más allá de los espacios viciados de poder electoral. Más aún en las regiones afectadas por el conflicto y donde más se cultiva la inconformidad.

Es urgente redefinir la UAF, incluso para identificar las áreas propicias para los desarrollos industriales. La que hoy existe para titulación no corresponde con la realidad del país, técnicamente no tiene soporte y no orienta los procesos de reconversión productiva ni reconoce la importancia de la agricultura familiar, así como la función social y ecológica de la tierra.

Sobre la seguridad nacional debe estar en primer orden la seguridad alimentaria y el bienestar social.



(*) Jhenifer Mojica Florez es Abogada especialista en derecho procesal, experta en temas de tierra. 

(**) Miguel F.Mejía A. es Ingeniero agrónomo Mgs en Antropología, Candidato a PHD en Agroecología

NOTAS:

[1] Datos tomados del balance “Implementación de la política integral de tierras, periodo 2010- 2014, acciones y resultados obtenidos en la materialización de las políticas de formalización, restitución administrativa y recuperación de baldíos”, publicada por el Ministro Juan Camilo Restrepo, como anexo a su informe de gestión, en mayo de 2013.

[2] Ibidem.

[3] Textualmente aparece en el informe de Restrepo (2013): “La actuación de este grupo interinstitucional comenzó a partir del 2013, y en lo que va corrido del año, ya ha iniciado formalmente 105 procedimientos administrativos agrarios, respecto a 253.738 hectáreas, en los departamentos del Meta y Caquetá.”.

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