Un Sistema de Salud que Respete la Dignidad Humana

Análisis

Tomado de Mujer Fariana

Por Laura Villa, guerrillera de las FARC-EP

Laura Villa, medica graduada de la Universidad Nacional de Colombia, delegada de Paz de las FARC-EP e integrante de la Mesa de Diálogos

¡Construyámoslo Juntos!

La salud de los colombianos exhibe un balance catastrófico. Médicos, estudiantes de medicina, enfermeros y demás trabajadores, en lo corrido del año 2013 protagonizaron multitudinarias y simbólicas movilizaciones a nivel nacional, en rechazo a la inicua reforma a la salud presentada por el ministro de esta cartera, Ingeniero Alejandro Gaviria, con el asentimiento del Presidente Santos.

La propuesta de la “reforma” a la salud, como es obvio, se inspira en los direccionamientos del Banco Mundial que indican cómo mejorarles el negocio a las compañías de seguros, las trasnacionales farmacéuticas, la banca y las EPS (ahora llamadas Gestoras). Además de generar todas las condiciones para que sean menos y más grandes las empresas que se queden con el negocio.

Esto no es nada nuevo, ya que desde los años 80’s, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió a los gobiernos, entre ellos el colombiano, a que recortaran los gastos en los sectores sociales, entre ellos el sector salud. Lo que provocó un deterioro en los servicios y el aumento de la insatisfacción de los proveedores y de los usuarios. El Banco Mundial aprovechó la crisis del sector para fortalecer su programa de préstamos al sector de la salud y a finales de la década de 1990 apoyado en el poder de sus recursos, el Banco Mundial promovió una reforma a la salud basada en los principios básicos de que el sector privado es más eficiente que el sector público y de que la función del Gobierno es regular y no proveer servicios. Siguiendo esta ideología neoliberal, así nace la nefasta ley 100.

En el transcurso de estos veinte años aparecen la ley 1122 y 1348 nuevas reformas a la “reforma” que en nada han dado alivio a la salud de los colombianos. Ahora, como es de esperarse, esta nueva reforma genera un malestar profundo y generalizado debido a la precariedad, injusticia e ineficiencia del servicio de salud en Colombia, que más que un derecho fundamental parece un privilegio y un negocio.

La salud en nuestro país es un servicio privatizado, que prioriza en la rentabilidad, cuyas utilidades llena los bolsillos del capital financiero; es un negocio impulsado por la neoliberal ley 100 que se lucra con la enfermedad y estratifica a la población según su capacidad de pago, donde la gente tiene que levantarse a las 3 de la madrugada para conseguir una cita médica, y pasarse la vida poniendo tutelas para que la atiendan.

Actualmente el 33% (362 hospitales públicos) de la red de hospitalaria están en alto riesgo de liquidación por las deudas de las EPS, se constatan niveles inaceptables de muertes maternas, coberturas no útiles de vacunación, incremento en los casos de dengue, fiebre amarilla y otras enfermedades transmitidas por vectores; el nivel de desnutrición nacional es del 13%, las defunciones por cáncer han aumentado dramáticamente sin que existan políticas de salud pública estatales orientadas a la detección temprana y a la remisión oportuna de estos enfermos y por si fuera poco la crisis es extensiva al personal médico cuya autonomía profesional está comprometida, ya que son castigados por ordenar exámenes de laboratorio, medicamentos o remisiones que se salgan de los parámetros del negocio de las EPS sin importar la vida del paciente.

La salud en Colombia recrea un panorama funesto que requiere de cambios estructurales profundos que prioricen en el bienestar de los colombianos, pero desafortunadamente la realidad es otra. Como es sabido el Presidente Santos ha dado un manejo erróneo, antidemocrático y antipopular a las crisis que se han generado en distintos sectores de nuestro país: el paro agrario, laboral, de la educación, del transporte, etc, y pues la salud no es la excepción. Empezando que la cartera de salud está en manos del ingeniero Alejandro Gaviria, un exbanquero sumiso a las orientaciones del Banco Mundial, quien ha dirigido el tema de la salud como si continuara trabajando en la junta directiva de Bancolombia, entidad del sindicato antioqueño en la que laboraba. El ingeniero-ministro de salud fue capaz de decir que: “en Colombia no hay una crisis de la salud pública” se parece a la tan recordada frase “el tal paro agrario no existe”.

El ministro Gaviria aseguró que no hay crisis en la salud pública, que no hay crisis en la prestación de servicios, que lo que existe es una crisis financiera, comentario insólito con el que justifica que la reforma tenga como norte reducir los derechos de salud de las personas y mantenerles el negocio a las EPS.

¿Pero que es lo que nos espera a los Colombianos con esta nueva reforma a la Salud? Se les mejora el negocio a las EPS que ya no harían ganancias sobre 20 billones de pesos sino sobre 30 mediante la ridícula maniobra de cambio de letrero, el viejo POS tomaría el nombre de Mi Plan, lo cual es un maquillaje para cambiarles el nombre a las EPS que tienen tan mala fama. La salud pasa de ser un servicio público esencial a un servicio público a secas, como el teléfono, la luz, o la recolección de basuras, esto para que la salud deje de ser un derecho constitucional y la gente no pueda colocar tutelas. Los dineros de la salud quedarían por fuera del control fiscal, como se sabe los recursos de la salud son de naturaleza pública, al crear el organismo SaludMía que remplazaría al Fosyga en la tarea de pagar a las empresas prestadoras del servicio, apenas los dineros salgan de las manos de esta nueva entidad dejarían de ser públicos, así los 44 billones de pesos que mueve el sector salud quedarían por fuera del control fiscal; si se roban la plata a pesar del control fiscal, cómo será el festín cuando nadie los esté mirando. La nueva entidad SaludMía tendrá las mismas, y más, funciones que el actual Fosyga agregando que sus tres codirectores serán nombrados por el Presidente con toda la carga politiquera y el clientelismo que eso implica. Y de complemento, los gerentes de los hospitales volverán a ser nombrados a dedo por los alcaldes y gobernadores. Mientras tanto el pueblo colombiano tendrá que continuar mendigando la atención médica en las puertas de los hospitales, como quien dice todo cambia para que nada cambie.

Urge construir un nuevo sistema público y cualificado que realmente garantice el derecho a la salud de los colombianos, que promueva el bienestar y prevenga la enfermedad que sea equitativo y des mercantilizado. Ya basta de mirar la salud como un estado de ausencia de enfermedad; la salud implica agua potable, alimentación, trabajo, vivienda y ambientes sanos es decir unas condiciones dignas de vida.

Alentamos y hacemos un llamado patriótico a la movilización masiva por una Colombia con justicia social. Para que las reivindicaciones de los usuarios de los servicios de salud, y de los trabajadores y profesionales de la misma se articulen con los movimientos sociales y políticos que luchan por la tierra, la educación, los derechos laborales, las pensiones y, sobre todo, la paz.

Si el sistema judicial esta necrosado y la gente exige cambios estructurales, la salud está peor, seguramente en un estado terminal en el que la única salida que queda para su verdadera recuperación son las transformaciones profundas que le pueda imprimir el poder del soberano; es decir una Asamblea Nacional Constituyente.