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Tomado de Prensa Rural
Por Camilo Raigozo
Como premio de consuelo al ministro de Defensa y a los altos mandos militares, después de haber fracasado ante la Corte Constitucional el esperpento que ampliaba el fuero militar, el presidente Santos sancionó la ley de asistencia técnica especializada a los militares involucrados en procesos penales.
La nueva ley, que no es menos arbitraria que la fallida ampliación del fuero militar, obliga a que con los impuestos que pagan los colombianos, incluso las víctimas, se paguen onerosos abogados para defender a los militares inmersos en crímenes y otras violaciones a los derechos humanos.
“Sancionamos una ley que organiza un sistema de defensa técnica y especializada que garantice a la Fuerza Pública una adecuada representación judicial”, dijo Santos en su cuenta Twitter. A las víctimas ni las mencionó.
Esta ley, como la fallida ampliación del fuero militar, estimula la comisión de crímenes y otras violaciones a los derechos humanos por parte de miembros del Ejército y la Policía, ya que tendrán garantizada la impunidad.
El representante Germán Navas Talero, criticó que los colombianos, sobre todo quienes han sido víctimas de los militares, tengan que pagar con sus impuestos la defensa de estos. “No entiendo por qué con el erario público se les va a costear esa defensa”, dijo Navas.
Por su parte el senador Luis Carlos Avellanada expresó que la nueva ley es inequitativa y discriminatoria, ya que se privilegia a los militares y se excluye a otros servidores públicos que no tienen como pagar una defensa.
Un gobierno medianamente decente se preocuparía porque los derechos de la población fueran plenamente garantizados, no por tratar de cubrir con impunidad por métodos antidemocráticos los delitos de los servidores públicos.
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