Justificada sentencia

Análisis

Tomado de El Espectador 

Por: Alfredo Molano Bravo

En medio de la tormenta jurídica que se ha desatado con los fallos de los tribunales sobre la suerte de Petro y el rompimiento del ligamento trasverso de la rodilla izquierda de Falcao, ha pasado casi inadvertida la sentencia del Consejo de Estado que ordena que en zonas donde el orden público se ve afectado con frecuencia, “las estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña”. ¡Elemental!

La estrategia de las Fuerzas Armadas y de Policía de “acercarse a la población civil” no puede consistir en escudarse en ella, como ha sido denunciado por columnistas y por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más aún, el Derecho Internacional Humanitario condena la utilización de escudos humanos tanto de las fuerzas insurgentes como de las institucionales. El pronunciamiento del tribunal tuvo como fundamento la destrucción de la iglesia y de la alcaldía como consecuencia de un ataque de la guerrilla al puesto de policía en Rondón, Arauca.

El caso no es excepcional; más aún, es la regla. En los pueblos la Policía ubica sus cuarteles al lado de edificios públicos como alcaldías y juzgados, o pared de por medio con casas de civiles. El argumento oficial es que siendo un cuerpo “cuya misión es defender la población civil”, debe vivir en ella como el pez en el agua. El Ejército hace lo mismo en zonas rurales: acampa en las escuelas y, cuando las desocupa, no es raro que algún soldadito olvide dónde dejó una granada.

He visto con mis ojos en Zambrano, Bolívar, niños de la escuela ayudar a la Policía a construir una trinchera. 

Los generales opinan que cumplirán la ley como siempre, pero que no se imaginan los pueblos huérfanos de Fuerza Pública. Interpretación torcida a su manera. El intrépido general Palomino ha declarado que no se irán de las poblaciones porque no son cobardes y que lo que dice el fallo es que se deben pagar los gastos a la parroquia de Puerto Rondón, cuya iglesia quedó destruida en un demencial ataque del terrorismo. Para el alto oficial, la Policía debe estar “incorporada” en la población civil y constituir con ella un matrimonio indisoluble. Le faltó agregar que ese matrimonio deja muchos hijos y no pocos muertos, como se vio en el reciente caso de Pradera. Sería interesante saber la reacción de los pobladores del barrio Los Rosales en Bogotá si al general Palomino le diera por instalar un puesto de policía en una de las residencias de ese exclusivo sector.

Es difícil imaginar que la tan mentada población civil pueda contraer matrimonio con un cuerpo que, como la Policía nacional, es denunciado todos los días por la corrupción de uno de sus miembros y uno de cuyos órganos, el Escuadrón Antidisturbios (Esmad), deja muertos y heridos por donde pasa.

El Esmad es odiado por el pueblo no sólo por la violencia con que ataca a la gente, sino porque lo hace para impedir toda protesta contra actos arbitrarios de la tan alabada institucionalidad.

Hace pocos días, por ejemplo, resultó herido de gravedad en Manizales Óscar Arturo Orozco, presidente de la CUT, seccional Caldas, cuando encabezaba la protesta del sindicato de la Central Hidroeléctrica de Caldas contra el congelamiento de las negociaciones del pliego de peticiones. Una manifestación legítima, lícita y pacífica, reprimida a sangre y fuego por el Esmad, que se ha convertido en una especie de guardia pretoriana del Gobierno.

La sentencia del Consejo de Estado es un aporte real y concreto a la paz.