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Tomado de El Día
La administración del alcalde de Cúcuta quiere someter a los vendedores informales a un desalojo arbitrario, “a punta de palo y garrote”, como él mismo lo ha declarado en algunas entrevistas. Al tiempo, se ha negado a concertar medidas que deriven generación de empleo para la población.
Tiene listos 180 agentes del Esmad y 4 camiones blindados, sólo espera la llegada de tres tanquetas para hacer efectivo el desalojo. Les dio plazo a los vendedores hasta el 14 de enero para retirarse de las calles. Se verían afectadas entre 4.000 y 5.000 personas que dependen económicamente del rebusque diario en las calles de Cúcuta.
Por oficios y derechos de petición, los vendedores le han pedido que acceda a un diálogo social, pero él ha negado la oportunidad de establecer mesas de concertación. Las acciones de tutela fallaron en contra de los trabajadores y los derechos pasan de unas a otras dependencias sin dar respuesta.
“Cúcuta es una ciudad que no cuenta con oportunidades laborales, no hay empresas, no hay fábricas, ni industrias. En el marco de la protesta social, como dice la Constitución que lo podemos hacer, nos iremos a desobediencia civil si este operativo que él anuncia se da”, manifestó Rocío Valencia Tascón, presidenta del sindicato de vendedores ambulantes en Cúcuta.
Además reservó un presupuesto de la ciudad de 350 millones de pesos para invertirlos en 852 vallas que les impidan a los vendedores informales estar en las calles, una vez suceda el desalojo.
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