Estado colombiano pagó indemnización por 60 mil millones de pesos a la Drummond

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Por Noticias UNO

Mientras el Estado colombiano le imponía una multa de 2, 400 millones a la multinacional Drummond, esta recibía del Estado 60 mil millones, producto de un laudo arbitral en París. La pequeña multa del Gobierno por un daño ambiental de consecuencias incalculables.

En 2007, la compañía Drummond, que explota carbón en el norte de Colombia, fue denunciada ante el Ministerio de Ambiente por el vertimiento de aguas sucias con polvillo de carbón en las costas de Santa Marta.

Este video fue revelado por El Magazín de la Gente, un programa de denuncia en Cali, que muestra una draga de la Drummond cuando derrama el agua que se utiliza para lavar el carbón extraído de las minas. A pesar del escándalo, no se conoció sanción o multa a la empresa.

Esta semana, la polémica sobre las actividades de la Drummond por similares hechos, se repitió cuando la Autoridad de Licencias Ambientales, ANLA, suspendió el permiso de descargue de carbón en el puerto de Santa Marta, luego de que se supiera que una barcaza de la Drummond vertiera cerca de 500 toneladas de carbón en el mar.

Hasta el presidente Juan Manuel Santos intervino en la polémica: “Se le dijo a la Drummond que esa suspensión es indefinida hasta que no presente un plan de contingencia o satisfacción de las autoridades ambientales para reanudar sus embarques”.

Drummond deberá pagarle al Estado la suma de 2.947 millones de pesos por el daño ambiental en el mar y por no dar previo aviso a las autoridades como ordena la Ley.

En el litigio que la Drummond le ganó a Colombia el país tuvo como defensor al ex secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. El pago se produjo hace un mes y de este hecho el Gobierno no ha dicho nada públicamente.

Quien tuvo que pagar a nombre del Estado fue la ministra de Transporte, María Cecilia Álvarez, pero esta no tuvo otra alternativa porque cuando se posesionó ya estaba ordenado el pago.

La compañía Drummond, que explota carbón en el norte del país, firmó un contrato con el Estado colombiano para el transporte del mineral por vía férrea desde el Cesar, donde se extrae, hasta el puerto de Santa Marta.

La estatal Ferrocarriles de Colombia, Ferrovías, fue encargada de esa labor. Pero Ferrovías se liquidó hace 14 años y le cedió la licitación a Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenoco.

Dos años después, Drummond se quejó por el incumplimiento, según la empresa, porque Ferrovías no entregó las vías férreas en las condiciones prometidas y Fenoco se demoró en devolver la normalidad de las operaciones de transporte de carbón.

Abogados de la Drummond demandaron al Estado colombiano por las supuestas pérdidas que le produjo esta situación ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio con sede en París.

Colombia le dio poder de representación, entre otros, al abogado Edmundo del Castillo, quien tuvo contrato de asesoría con Ferrovías, Fenoco y el Ministerio de Transporte durante cinco años y hasta un año antes de ser nombrado como secretario jurídico de la Presidencia de Uribe.

Los árbitros de la Cámara francesa fallaron a favor de la Drummond y le enviaron copia del laudo a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que estudió la decisión y conceptuó, en diciembre de 2011, que el fallo se adecuaba al derecho interno colombiano.

Los árbitros resolvieron que Colombia le debía pagar a la Drummond

38 mil millones de pesos por los costos de transporte de carbón y 13 mil millones por el incumplimiento de los deberes de vigilancia y control de la vía.

Como el fallo se aceptó en Colombia en diciembre de 2011 y el presupuesto de 2012 ya estaba aprobado, no se pudo pagar ese año.

Solo hasta diciembre de 2012, el Ministerio de Transporte, en cabeza de Cecilia Álvarez, se vio obligado a pagar la totalidad de la deuda con la Drummond para que no crecieran más los intereses. Esto se cumplió a cabalidad, pero en completa reserva.