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Por La Opinión
El comité de derechos humanos del Senado de la república se reunió ayer en el salón Eustorgio Colmenares de la gobernación con autoridades competentes del sistema penitenciario y del ministrio público en el departamento.
Procuraduría, personería, defensoría, Inpec, Fiscalía, Caprecom, y el gobernador, entre otros asistieron a la mesa en la que se debatiría la situación de los derechos humanos en las cárceles de Norte de Santander.
El gobernador Edgar Díaz hizo un balance de la situación de estos centros en el departamento, y aseguró que el hacinamiento no ha permitido que se clasifiquen los reclusos, y en varios patios coinciden víctimas y victimarios al tiempo.
La procuradora regional ,Janeth González, afirmó que nunca antes había recibido tantas quejas como ahora, por la violación de derechos humanos y a la dignidad humana.
El defensor del pueblo, William Eduardo González, afirmó, al igual que el resto de los participantes, que el mayor problema que afrontan los reclusos, es la mala prestación del servicio de salud. “El personal no da a basto con las quejas que llegan a diario” comentó el funcionario del ministerio público.
Es este el punto en el que todos coinciden, incluso el doctor Belloquin, representante de Caprecom, entidad que presta el servicio de salud para estos centros.
“El sistema de salud de la población penitenciaria es aberrante, el tema ya tocó fondo”, aseguró , paradójicamente, quien está a cargo de la prestación de este servicio.
Belloquin argumentó que el sistema de salud está creado como si fuera para una población normal, cuando los reclusos necesitan un régimen especial.
La directora del centro penitenciario, Claudia Liliana Duarte, comentó que de los 12 años que trabaja con esta población este ha sido el momento más difícil.
De acuerdo con Duarte, el centro penitenciario tiene 4.379 reclusos cuando su capacidad máxima es de 2.572.
Pero las opiniones estaban divididas sobre el origen de los problemas.
Algunos argumentaron que el problema tiene su raíz en la rama judicial, pues los jueces de ejecución de penas, no dan libertad a reclusos con enfermedades crónicas o que ya han cumplido su pena.
Otros, por su parte, opinaron que si un juez hiciera esto recuriría en prevaricato, y que el problema es de legislación, pues las leyes tienden a aumentar penas en vez de dar beneficios para evitar los hacinamientos.
La comisión de derechos humanos del senado, encabezada por su coordinadora Betty Rodríguez Castilla, visitaron en la tarde la cárcel modelo de Cúcuta para reunirse con el comité de derechos humanos de los reclusos y conocer de primera mano sus problemas.
En la imagen, reunión, el personero Edgar Toro, propuso que se creara de manera urgente, un comité permanente que se reuna cada semana para ver y solucionar los problemas de derechos humanos de la población carcelaria en el departamento. (Foto JHONNY RODRÍGUEZ/ La Opinión)
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