La crisis humanitaria que vive Colombia no tiene parangón. La responsabilidad estatal trata de ser diluída de diferentes maneras. Por un lado, cambiándole el nombre a los neo-narco-paramilitares ya que según la óptica estatal « con nombre nuevo, « nuevacara », nuevos responsables » y hoy los llaman BACRIM, « Rastrojos », « Águilas Negras » o « Uribeños », los cuales de la mano de las fuerzas militares adelanta el masacramiento de civiles de los pueblos en los cuales operan las insurgencias armadas, cuando no son éstas últimas directamente los que realizan los asesinatos.
Por el otro, reconociendo los problemas de violaciones de los derechos de los colombianos (a diferencia del gobierno del narco-paramilitar ex presidente Uribhitler que no reconocía absolutamente nada), pero –como siempre- no adelantando soluciones de fondo. A pesar de reconocer los daños causados, el régimen continúa aplicando el Terrorismo de Estado de la Doctrina de Seguridad Nacional y son diarios los muertos y las víctimas de tan criminal política, que van produciendo el acumulado de casi 6 millones de víctimas del conflicto armado(ver abajo). Política que sigue yendo en contravía de la solución política al Conflicto Interno que sufre Colombia por cuenta de la oligarquía y el imperio y aleja día a día la posibilidad de una salida pacífica y civilizada.
Contrario a lo discutido en la Mesa de La Habana –la « Mesa de la Esperanza » de los colombianos pobres-, el gobierno sigue aplicando la ley y legislando nuevas leyes que favorecen a los potentados. Es así como a pesar de haber alcanzado un acuerdo parcial con las FARC-EP en el tema de tierras, el gobierno presenta para aprobación del Congreso –corrupto por demás- un proyecto de ley que asegura y legaliza el despojo de los « baldíos », baldíos que supuestamente serían usados para resarcir la carencia de tierras que sufren los campesinos colombianos, al punto que ya los campesinos y todo el pueblo han entendido que lo acordado en La Habana ha movilizado a los sectores más retardatarios del campo colombiano –ganaderos, terratenientes, empresas agrícolas, etc- y se producen los asesinatos diarios de los líderes de reclamantes de tierras (ya van 65 asesinados) y más de 52 defensores de derechos humanos asesinados, a fin de impedir su concreción.
Si de verdad quisiera el gobierno la Paz –como lo dice en sus discursos-, dotaría de herramientas reales y utilizaría las existentes para garantizarle al pueblo el acceso a la Tierra y al respeto de sus derechos humanos y laborales. En la discusión de la Mesa de La Habana no hay ningún punto que no sea álgido para la existencia y continuidad misma de un modelo de Estado que ha demostrado su incapacidad para garantizar los derechos a la vida y todos los demás derechos. Todos tocan a un estado obsoleto y a unas clases oligárquico-imperiales que pretenden adelantar el proceso de La Habana para mantener el statu quo como estamos viendo con acciones como los aumentos de salarios para los corruptos congresistas -8 millones de pesos más que aumenta el global de 24 millones que reciben-, mientras escamotea el salario mínimo de los trabajadores que son quienes producen la riqueza y lo fija en 616.000 pesos mensuales.
A pesar de las conversaciones de la Mesa de La Habana, el estado y su gobierno continúa aplicando el Terrorismo de Estado y el neoliberalismo –no permite ni siquiera que un alcalde « estatize » la recolección de basuras-, y para ello implanta las más aberrantes medidas. Mas el pueblo ha entendido que nunca la oligarquía ha dado nada al pueblo de buena gana. Siempre lo que ha conseguido el pueblo es a costa de lucha, unidad, movilización de masas, como quedó en evidencia en el apoyo al proceso de Paz del 9 de abril de 2013 –que llenó más de 10 veces la Plaza de Bolívar-, y en el Paro Agrario y Popular que movilizó las amplias masas de campesinos olvidados por el régimen oligárquico colombiano.
Dejamos a nuestros lectores con recortes de la propia prensa burguesa que no puede esconder ésta realidad que estamos mostrando:
Colombia registra casi 6 millones de víctimas de conflicto armado
« Paula Gaviria, directora de la Unidad de Atención y Reparación de las Víctimas dijo este domingo, en una entrevista radial, que en Colombia hay 5 millones de desplazados, que representan un 79% del total de afectados por la violencia.
"Tenemos en el registro único de víctimas, con fecha de corte al 10 de diciembre, que hay 5.966.041 personas, de las cuales 5 millones son víctimas de desplazamiento forzado", afirmó la funcionaria a la emisora RCN, que agregó que muchas de las personas que debieron dejar sus hogares sufrieron además otras vulneraciones. »
Defensores DH
« Desde Oidhaco vemos con preocupación que las violaciones a los derechos humanos en lugar de disminuir en 2013, se incrementaron, como lo muestra el continuo aumento de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos; hasta finales de septiembre de 2013, 52 hombres y mujeres que luchaban para los derechos humanos en Colombia habían sido asesinados. »
"Falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales
« ...el Gobierno anunció la más grande purga en las filas castrenses. El número de expedientes catalogados como homicidios en persona protegida en la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos difiere en casi 800 casos con el informe que entregó el mismo procurador Alejandro Ordóñez a la ONU en septiembre del 2009.
Esta estadística reportaba al relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, la existencia de 1.274 expedientes por la sospechosa muerte de 1.386 personas; sin embargo, dicho documento hoy no tiene validez para el organismo de control.
Una comisión especial -conformada por el hoy director de Medicina Legal, Carlos Valdés, y la magistrada de Justicia y Paz Alexandra Valencia, entre otros- elaboró en el 2009 el reporte que la Procuraduría le entregó a la ONU. Informaron de la existencia de 1.274 expedientes con 2.965 militares investigados. Sólo en la Segunda y Quinta División había 150 oficiales vinculados. En ese momento, la ONU advirtió por la impunidad que rodeaba a las investigaciones. »
Apropiacion de baldios
« Seis grandes empresarios habrían armado gigantes haciendas en Córdoba y Antioquia con tierras baldías que pertenecían al Estado. Para ello se habrían utilizado dos modalidades: primero, logrando que funcionarios del Incora les adjudicaran tierras baldías que según la Ley 160 de 1994 deberían ser para campesinos; y la segunda, se trataría de la compra de parcelas que habían sido entregadas a campesinos en la reforma agraria, antes de los 15 años que estipula la ley.
La investigación fue realizada por Iván Cepeda, el representante del Polo Democrático, quien envió las respectivas denuncias a la Fiscalía y le solicitó al Incoder investigar los casos para proceder a una eventual nulidad de estas adjudicaciones... »
Santos reconoce responsabilidad estatal
« El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha reconocido este jueves ante magistrados de la Corte Constitucional de este país que el Estado ha sido responsable de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario relacionadas con el conflicto armado.
“En algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado”, ha dicho el mandatario en medio de una audiencia pública convocada por la Corte para discutir el polémico Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso en junio de 2012, una reforma constitucional que establece una serie de instrumentos jurídicos de justicia transicional. Sus defensores, entre los que están el Gobierno, el Fiscal General y la Corte Suprema, lo consideran fundamental para el futuro del proceso de paz con las FARC y para que termine el conflicto. Para sus opositores, sin embargo, abre la puerta a la impunidad.
Santos aprovechó que en la sala de audiencias estaban reunidos académicos, altos funcionarios de los diferentes poderes, defensores de derechos humanos y representantes de víctimas para reconocer que la responsabilidad de Estado en el conflicto es aún mayor si se compara con los otros actores. “Nuestra función como agentes del Estado es garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Por esa razón, tanto mayor es nuestra responsabilidad”, dijo.”
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