Acuerdos mínimos

Análisis

Tomado por Prensa Rural

Por María Mercedes Moreno

Las fumigaciones no acaban con la coca y, así lo hicieran, no nos confundamos, lo que se requiere no es ‘un país sin coca’, sino ‘un país sin narcotráfico.

El tema de las drogas es transversal a la paz, y de su enfoque racional depende que el narcotráfico deje de ser definitivo. Colombia tiene una oportunidad única, y cuenta con la benevolencia y necesidad de la comunidad internacional para desarrollar estrategias sensatas de contención del fenómeno de drogas a nivel local, que no traslapen la violencia y daños conexos a su ilegalidad de un país a todos los demás.

Los foros nacional y regional de coca y drogas de paz reunieron a 1.300 colombianos con 300 iniciativas de ‘solución al problema de las drogas ilícitas’. La propuesta unánime es que cesen las fumigaciones. Este clamor nacional e internacional es una exigencia no negociable y el primer acuerdo mínimo de rigor en la agenda de drogas. La paz y el posconflicto requieren un acuerdo mínimo de beneficio común: que cese la autodestrucción, sobre todo la forma de autodestrucción masiva.

Las fumigaciones no acaban con la coca y, así lo hicieran, no nos confundamos, lo que se requiere no es ‘un país sin coca’, sino ‘un país sin narcotráfico’. Existen pruebas de sobra de que la falta de regulación de las drogas da pie de fuerza al narcotráfico, fórmula de producción que fomenta la corrupción que roba el bien común. La solución al problema de drogas pasa por medidas que no favorezcan la corrupción: un segundo acuerdo mínimo de regular las drogas con ciencia y fórmulas que se desarrollarían entre la implementación de los acuerdos.

La fórmula más facilista de regulación es la despenalización total de todas las actividades agrícolas, industriales y comerciales de todas las drogas, con la aplicación de las leyes del libre mercado; son las del tabaco y el alcohol, con rentabilidad y propaganda que incitan al consumo. Bajo un enfoque cultural y socialmente integrado, las sociedades, con base en sus experiencias y conocimientos propios, diseñan libremente controles que distinguen usos de abusos. La legalización controlada es la reglamentación de la producción, comercio y utilización de plantas y sustancias psicoactivas con consideración del derecho al alivio del dolor (producción nacional de drogas paliativas para el sistema de salud), libertad individual a la búsqueda del placer y limitaciones a abusos perjudiciales a la sociedad, entre otros, por especulación numérica e improvisación política.

La mesa de La Habana distingue tres ángulos: cultivo, consumo, y producción y comercialización. En cultivos, se propuso la industrialización de la coca y su sustitución, pero con alternativas de ingresos para los cultivadores, cocaleros y no cocaleros. En consumo, se abogó por consideraciones sanitarias y derecho al consumo responsable. En cuanto a la producción y comercialización, se clama por un Estado que se deshaga de las estructuras criminales y genere las condiciones de desarrollo para la autonomía y soberanía comunitaria y nacional.

El respeto de las leyes internacionales que promete Colombia con el proceso de paz comienza por diseñar medidas jurídicas que, justamente, no violen por política la normatividad internacional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario y ambiental.