Responsabilidad

Análisis

Tomado de Cambio Total

Por: José Fernando Isaza

En entrevista dada a los informantes, Pablo Catatumbo acepta que las Farc, en la mesa de negociación, deben buscar fórmulas para reparar a las víctimas y someterse a una comisión de verdad con los demás actores del conflicto. 

Afirma que la guerrilla no tuvo intención de causar daños a la población civil cuando atacaba pueblos con proyectiles de gas. Al preguntársele por la violación a los derechos humanos y los crímenes de guerra, contesta que él personalmente no los cometió. Olvida que como comandante tiene una responsabilidad por los actos realizados por sus subordinados, así no haya actuado personalmente. Debe agregarse que las Farc no desautorizaron las acciones que causaron tantos daños colaterales a la población no combatiente. Es de esperarse que, en la negociación, se logren los mecanismos para que con la reparación, el perdón y la dejación de armas puedan reintegrarse a la vida civil y participar en la actividad política con derecho a ser elegidos. Este es, tal vez, el punto más sensible de las negociaciones: que comandantes y guerrilleros, algunos de los cuales no cometieron directamente crímenes de lesa humanidad pero son responsables como jefes, puedan llegar a los cuerpos legislativos.

En otra orilla, en especial durante el gobierno de la seguridad democrática, se producen los asesinatos cometidos por miembros del Ejércitos en personas indefensas, los denominados falsos positivos.

La mayor parte de los más de 3.796 tiene lugar después de la directiva 29 de 2006, del Ministerio de Defensa, firmada por el ministro Camilo Ospina. Según la Oficina Internacional de los Derechos Humanos, 3.084 asesinatos ocurren entre 2002 y 2009. Se reducen luego que Santos, como ministro, retira del servicio a comandantes bajo cuyo mando se produjeron estos crímenes.

Anteriormente a la directiva 29 se ofrecían recompensas por los cabecillas; con ésta se dan premios por capturar o abatir “miembros rasos”: $3’875.000; por un cabecilla, la recompensa llegaba a los $5’000.000. Toda la directiva es una vergüenza; parece un mercado macabro de vidas humanas. Por supuesto que el entonces ministro de Defensa no participó directamente en ninguno de los asesinatos, pero le cae la responsabilidad política por ellos; no condenó explícitamente estos horrorosos hechos.

De acuerdo con la Constitución, le corresponde al presidente “dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas”. La conclusión es nítida: el comandante supremo tiene responsabilidad política por estos hechos. Hay agravantes, no hay rechazo y en ocasiones los justifica. Se recuerda con estupor la frase “no estaban recogiendo café”, para referirse a los jóvenes de Soacha. Olvidando que, aún si estaban en una actividad ilegal, que no era el caso, no hay pena de muerte. A las denuncias de los falsos positivos respondía con falsas denuncias.

La Fiscalía ha judicializado 1.700 casos, pero ha habido pocas condenas. Uribe, al ternar a Camilo Ospina para fiscal, ¿no tendría como objetivo evitar que la justicia civil avocara estos crímenes? El caso del magistrado Villarraga muestra que los sindicados le temen más a la justicia civil que a la militar.

No se ha escuchado voz alguna que pregunte si el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en el período de los falsos positivos puede aspirar al Senado.