Comunicado
Por la Oficina en Colombia dei Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena los asesinatos perpetrados en el Cauca recientemente contra tres defensores de derechos humanos, Adelinda Gómez Gaviria, Miguel Ángel Conda y Sergio Ulcué Perdomo.
La lideresa campesina Adelinda Gómez Gaviria, integrante del Proceso de Mujeres Maciceñas, del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), fue asesinada el 30 de septiembre, en la vereda Cortaderas, municipio de Almaguer. Adelinda era conocida en particular por su trabajo relativo a la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente frente a la minería ilegal y de larga escala en las comunidades del macizo colombiano.
El líder indígena y the Wala (médico tradicional) del Pueblo Nasa, Miguel Ángel Conda fue asesinado el 15 de noviembre, en la huerta familiar, en la vereda Alta Mira Bateas, resguardo de Jambaló. Notamos con preocupación que se trata del quinto caso de asesinato de médicos tradicionales Nasa en 18 meses y que al asesinar a un the Wala se debilita la cultura y se obstaculiza la transmisión de los saberes ancestrales.
El pueblo Nasa ha solicitado como medida de protección colectiva el reconocimiento y fortalecimiento de la Guardia Indígena. La Oficina saluda que la Unidad Nacional de Protección haya comenzado la implementación del proyecto de fortalecimiento de la Guardia Indígena y que el Gobierno Nacional, se comprometiera a realizar las acciones necesarias para fortalecer la Guardia Indígena y otras estructuras propias de protección y control social y territorial.
Sergio Ulcué Perdomo fue asesinado el 18 de noviembre en la vereda Marañón, municipio de Caloto. Ulcué era líder desplazado de un proceso de organización campesino y vocero ante el Gobierno colombiano de Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH a 179 familias campesinas de las Veredas El Vergel y El Pedregal, de Caloto. A través de estas medidas, la Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las 179 familias beneficiarias, y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares.
Notamos adicionalmente que Ulcué representaba a las comunidades de El Vergel y El Pedregal en el “Comité Interinstitucional de Verificación de Hechos vulnerantes de derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares y de cualquier otro actor armado interviniente en el conflicto”.
La Oficina expresa su preocupación por los asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos, lo mismo que por las permanentes amenazas en su contra, que obstaculizan su trabajo como defensores de los derechos de sus comunidades, y generan un clima de zozobra y debilitamiento del sistema democrático. Cauca es un ejemplo de la vulnerabilidad que enfrentan los defensores y las defensoras en áreas rurales.
La Oficina confía en que haya coordinación entre las autoridades pertinentes para que se logre una investigación, juzgamiento y sanción efectivas de los responsables de los asesinatos y las amenazas en contra de defensores de derechos humanos.
Lamentablemente los homicidios y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia continúan en la impunidad debido a la lentitud y falta de efectividad en la investigación, individualización y sanción de los responsables. Es urgente que la Fiscalía General de la Nación adopte los cambios necesarios para que las investigaciones arrojen resultados y que los responsables sean castigados.
La Oficina expresa sus condolencias y su voz de acompañamiento a los familiares y amigos de Adelinda Gómez, Miguel Conda y Sergio Ulcué.
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