Burlar la ley es cuestión de método

Análisis

Tomado de el Tiempo

Por Daniel Samper Pizano

Cuando una entidad de vigilancia investiga a un funcionario público, este tiene dos opciones si es responsable y probo. Primera, dar la cara y convencer al investigador y la opinión pública de que las acusaciones son infundadas. Segunda, renunciar, como aceptación de que debe apartarse del cargo público, por la razón que fuere.

En Colombia, sin embargo, han descubierto otras maneras menos decorosas para salir del lío. Una es el Método Lizarralde, así bautizado en gracia del nuevo ministro de Agricultura, cuya respuesta a una citación del Congreso consiste en negarse a asistir y a informar sobre lo que se le pregunta. Otra es el Método Morelli, patentado por la Contralora, que aconseja atacar al encargado de vigilarla y de este modo enredar y embolatar la investigación.

Esta semana vimos en plena acción los dos métodos.

Según escrituras recabadas por el senador Jorge Enrique Robledo, cuando el ministro Rubén Darío Lizarralde gerenciaba una empresa cultivadora, Indupalma, esta firma violó la ley al adquirir baldíos reservados a campesinos sin tierra. La mera presencia de grupos económicos y gremiales en torno al programa de baldíos pone a sonar las alarmas, dados los trucos que han empleado algunos de ellos para adquisiciones ilegales. El país merece una explicación de Lizarralde y por ello el Congreso se la exigió dentro de sus funciones de control político.

Pero el Ministro se negó a aclarar sus actos con la peregrina excusa de que el tema es “exclusivo de una empresa privada”. Para empezar, las empresas privadas y todos los ciudadanos están obligados a declarar ante el Congreso si este lo solicita, y serán sancionados si no lo hacen (Art. 137 de la Constitución Nacional y 236 de la Ley 5ª. de 1992). Pero, sobre todo, un funcionario público debe responder por su hoja de vida antes y después del nombramiento. De lo contrario, podría decir: “Sí, yo robaba y mataba, pero eso fue antes de posesionarme”.

El Ministro tiene que acudir al Congreso y absolver las preguntas de los parlamentarios a partir, digamos, del día de su Primera Comunión. Es tan delicada la responsabilidad, que su vida ha de tener transparencia plena y permanente. No pueden manejar asuntos del Estado los honorables de última hora. Como escapatoria, Lizarralde podría imitar al embajador en Washington, Carlos Urrutia, otro abogado empantanado en baldíos espurios, que también pretendió excluir del control público su vida profesional anterior al cargo y tuvo que renunciar. Sea el momento de preguntar al presidente Juan Manuel Santos la lógica que lo indujo a nombrar a estos dos vibrantes “emprendedores”; es decir, nombrar en el gabinete a un empresario agrícola con problemas y tolerar que se burle del Congreso.

Pero si el Método Lizarralde consiste en no dar la cara, el Método Morelli se reduce a levantar el índice y acusar a su acusador. A partir de numerosas denuncias, el fiscal Eduardo Montealegre ordenó revisar las cuentas de la Contraloría y adelantar una pesquisa por posible grabación ilegal a los periodistas Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano. En vez de aclarar cuentas, responder a los cargos y ofrecer la colaboración que ella exige a quienes la Contraloría investiga, la doctora Sandra Morelli optó por denunciar al Fiscal ante la Comisión de Acusaciones del Congreso por supuesta “enemistad personal” y sindicarlo de interferir en un proceso fiscal contra Saludcoop, empresa a la cual Montealegre prestó servicios como abogado. Ya doña Sandra había usado su método contra un noticiero crítico al que denunció, sin fundamento, de violar su intimidad.

Una cosa es una acusación por la que Montealegre seguramente dará explicaciones. Pero el contraataque de Morelli no debe detener ni inhibir las investigaciones contra ella. Estas fueron solicitadas a la Fiscalía por particulares, sindicatos y periodistas que ni son sus “enemigos personales” ni tienen que ver con Saludcoop.