Ir al contenido principal

La lista Uribe

Análisis
Tomado de Cambio Total
Por: Cristina de la Torre - El Espectador


Una cosa es capitanear las derechas, opción que la democracia respeta; otra, mofarse del dolor de un país agobiado por el peso de sus muertos a manos, sobre todo, del narcotráfico con anuencia de políticos.
La lista de Uribe al Senado, anunciada como renovación de la patria, es, por el contrario, perpetuación del viejo país con sabor a parapolítica. Mascarada desafiante, rehabilita en la parentela del gamonalismo sus lazos con mafias y exfuncionarios públicos sindicados de corrupción. Todo ello cuando Colombia y la Corte Penal Internacional esperaban respuesta de Uribe a la sindicación del Tribunal Superior de Antioquia sobre supuestos vínculos suyos con el paramilitarismo. Y registran con alarma las amenazas de muerte que desde entonces se ciernen sobre el autor del pliego, magistrado Rubén Darío Pinilla. Esperaban también claridad sobre acusaciones de asociación con paramilitares que llevaron a la cárcel a Luis Alfredo Ramos, exgobernador de ese departamento y el más seguro candidato del uribismo a la Presidencia. Por gracia del destino aparece en la lista de Uribe el hijito de este cacique, sin más mérito que el de llevar el nombre del sindicado, y dudosas posibilidades de devolverle el honor al apellido.

En esta comparsa que sólo innova extendiendo el nepotismo del Ejecutivo al Parlamento, descuella la exministra María del Rosario Guerra. Sucesora de su clan cuasifeudal en Sucre, es esposa del presidente de Fedepalma e hija del senador perpetuo José Guerra Tulena; su tío Julio César, gobernador del departamento, acababa de ratificarle a La Gata negocios teñidos de sangre. A su lado, José Obdulio Gaviria, ideólogo de cabecera de Uribe, no obstante haber recibido regularmente estipendios de su primo, Pablo Escobar, si hemos de creer a su hermano, Roberto Escobar. Dos hermanos de José Obdulio fueron a la cárcel por narcotráfico y a un tercero, Carlos Alberto, se le asocia con el asesinato de Guillermo Cano. No existe en Colombia el delito de sangre. Pero sí avergüenza la desfachatez de Uribe para concederle al narcotráfico el más elevado poder simbólico en los cargos que dio a su amigo.

Mas no es todo. En la lista figura también Honorio Henríquez Pinedo, sobrino del condenado por parapolítica Miguel Pinedo Vidal. Y la esposa de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, elementos de cuya organización tuvieron trato y negocios con los Castaño en Urabá. Y Susana Correa, cercana al PIN y miembro de familia poderosa del Valle que resultó beneficiaria de AIS. Y Fernando Araújo, en gracia de ser hijito del excanciller de Uribe. Y Paloma Valencia, ficha de Fernando Londoño. Nieta del expresidente Valencia e hija de congresista, eleva a categoría de “teorizante” su habilidad para distorsionar hechos y argumentos hasta dar por verdad un absurdo. ¿Se arrepentirá de haber militado en Alas Equipo Colombia, emporio de la parapolítica? Y Alfredo Rangel, que exhibe don retórico parecido al de Paloma. Serán estos dos, parlamentarios aguerridos. Y Ana Mercedes Gómez, parte del notablato conservador en Antioquia, exdirectora de El Colombiano y ficha de Fabio Valencia Cossio, cuyo hermano, el exfiscal, anda preso por vínculos con la mafia. Y...

Con bancada tan pobre y de oscura condición, no dará el uribismo la talla en los debates que el posconflicto imponga. Quizá tampoco el propio Uribe, más proclive al agravio personal que a la razonada confrontación de ideas: rezará la oración de los tres huevitos y sus nostalgias de guerra, mientras el país estalla hacia horizontes que desbordaron a Uribe hace rato. Como anacrónica y afrentosa resulta su selección al Senado, cándido remedo de la Lista Clinton.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Diego Palacio admite que sí compró reelección de Uribe

Noticia El Espectador


El exministro de Protección Social se acogió a la Justicia Especial para la Paz y empezó a colaborar con la justicia para obtener beneficios

Era la ficha que faltaba. La justicia Colombia había condenado a la excongresista Yidis Medina por el delito de cohecho al vender su voto para que fuera aprobada en Comisión Primera de Cámara la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Este había sido comprado con el nombramiento de un gerente para una Empresa Social del Estado y había sido entregado por el ministro de Protección Social de este gobierno, Diego Palacio Betancourt.

El alto funcionario del gobierno Uribe lo había negado en varias ocasiones, incluso su caso llegó a la corte Suprema de Justicia que en diciembre de 2015 ratificó su condena. En esa situación, Palacio seguía asegurando que era inocente y hasta amenazaba con ir ante tribunales internacionales por lo que consideró una persecución política.

Pero la clave estuvo en la Justicia Especial para la Paz (JEP). Di…

Cómo la política de Álvaro Uribe posibilitó la multiplicación de los colados de las FARC

Análisis Tomado de Las 2 Orillas Por Gabriel Ángel 24 de abril del 2019


Su gobierno ordenó dispersar a los guerrilleros por todas las cárceles y los comandantes perdieron control sobre 3000 presos. Allí pudo comenzar el tráfico de nombres
Me contaba una exguerrillera que en los días en que permaneció en La Habana, durante las conversaciones de paz, desempeñando la misión asignada y relacionada con la Mesa, se contactó con ella por el Facebook un antiguo mando de su Frente, que se encontraba en prisión desde hacía varios años. Quería pedirle un favor. En las cárceles ya corría la noticia de que se elaborarían listas de los prisioneros de las FARC y necesitaba que ella le ayudara a ser incluido.

Ella lo había conocido bien, sabía de quién se trataba y las circunstancias en las que había caído a la cárcel. Se interesó por él, le recibió sus datos, nombre, seudónimo, número de cédula, Frente al que pertenecía, en fin, lo que consideró pertinente. Y le prometió que plantearía su caso ante el res…

Álvaro Uribe busca volver trizas Acuerdo de Paz y demoler el sistema judicial.

Análisis Tomado de Pacocol Por Humberto de la Calle

La declaración leída por el Dr. Álvaro Uribe a raíz del caso Santrich no solo contiene afirmaciones absolutamente falsas, sino que utiliza un lenguaje incendiario que parece destinado a volver invivible la República, a impedir que todos los victimarios asuman sus responsabilidades y es un eslabón más en una tarea de demolición del sistema judicial que abarca la Corte Constitucional, la Corte Suprema y ahora la Jurisdicción Especial.
En la Habana no se pactó un cogobierno con el narcotráfico. Las FARC se obligaron a romper todo vínculo con esa actividad criminal. El Acuerdo prevé que la garantía de no extradición no cubre los delitos posteriores al Acuerdo. La providencia de la JEP no debilita eso. Se basa en la ausencia de pruebas sobre la fecha de los delitos atribuidos a Santrich.

Si se afirma que hay pruebas contundentes en poder de la Fiscalía, no es posible explicar que el Sr. Fiscal, en vez de renunciar, no haya procedido de inmedia…