HAGAMOS MEMORIA

Análisis

Por Sofía Sánchez

Esta mañana, 5 de agosto 2013, el comandante Pablo Catatumbo leyó un comunicado escrito por la Delegación de Paz de las FARC-EP, llamado "la responsabilidad histórica de la violencia". En Colombia se ha desatado una discusión polémica sobre el tema de las víctimas. El Estado colombiano y sus medios de comunicación han llevado a cabo grandes campañas para convencer a Colombia y al mundo de que la insurgencia es victimario del conflicto.

Las FARC-EP, por el contrario, han insistido en la necesidad de un análisis en profundidad e independiente de las causas del conflicto, las razones de la existencia de la guerrilla en el país, para establecer responsabilidades. Afirman que:

"El Estado es responsable, por acción o por omisión, de lo sucedido durante el conflicto”

Es importante comprender las razones de la insurgencia para hacer estas afirmaciones, ya que mucha gente piensa (no en último lugar por la manipulación de los medios de comunicación) que las FARC-EP están tratando de eludir la responsabilidad de sus acciones, lo cual es un análisis bastante superficial. En una reciente entrevista, el comandante Pablo Catatumbo declaró:

"Hemos cometido errores, algunos graves, es cierto. Pero diga lo que diga la propaganda, la agresión a la población no ha sido una estrategia de las FARC. Yo no tengo problema en decirle a una señora, a una familia: “siento el dolor que le hemos producido con la muerte de su ser querido.” Pero esto es mucho más complejo”.

Y ese es el quid del asunto. El terrorismo de Estado en Colombia ha sido una política conscientemente trazada, que obligó a 48 campesinos a tomar las armas en 1964. Ellos no lo hicieron por diversión, no lo hicieron porque eran violentos por naturaleza; lo hicieron porque el terrorismo de Estado les obligó a hacerlo. El presidente Juan Manuel Santos, en declaraciones recientes a la Corte Constitucional, reconoció la responsabilidad del Estado, por acción u omisión, en el conflicto, que es una declaración importante para empezar la discusión.

En el documento de hoy, las FARC-EP afirman además que es crucial hacer los cambios institucionales necesarios, como las reformas en la justicia, a fin de que el poder judicial se independice otra vez de la rama ejecutiva.

"si se quiere pasar de la guerra a la normalización de las relaciones sociales, saliendo del terrorismo de Estado para entrar en la construcción de la democracia verdadera, son ambas partes las que se deben acoger a la Carta fundamental”.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 22 dice que: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. El hecho de que el Estado colombiano se negó a aceptar un alto el fuego bilateral indica que el Estado no quiere aplicar el mandato de este artículo de la Constitución.

Por último, las FARC-EP aludieron al tema de víctimas. Observando la actitud de los medios de comunicación, quienes están "alimentando odios", la cuestión de las víctimas debe ser:

"asumido con sensatez, realismo y apego a la verdad, proponemos la integración inmediata de una Comisión con nacionales y extranjeros, que estudie la historia de la confrontación, desde el inicio de la violencia, a fin de preparar el material requerido para evacuar el punto cinco de la Agenda de Diálogos, referido a víctimas"

Después de la lectura del documento, un periodista le preguntó sobre el tema del reclutamiento de niños en el conflicto; Pablo Catatumbo respondió que eso sería precisamente una de las tareas del comité que las FARC-EP acaban de proponer: la reconstrucción de la memoria histórica y la búsqueda de la verdad.