Conflicto urbano genera crisis humanitaria en colegio de El Limonar

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Tomado de Agencia de Prensa IPC

*Identidades omitidas por seguridad de las fuentes

Preocupada se encuentra la comunidad educativa del colegio Fe y Alegría, en el barrio El Limonar del corregimiento San Antonio de Prado en Medellín, porque el conflicto urbano continúa afectando el derecho a la educación en ese establecimiento. El pasado viernes, 19 de julio, un grupo de jóvenes intimidó a varios estudiantes en las afueras del plantel. Las directivas catalogan la situación como una crisis humanitaria debido a las reiteradas agresiones.

Desde el año 2010 este centro educativo se ha visto afectada por los enfrentamientos entre el combo Los Chicorios, del Limonar 1, y Las Bifas, del Limonar 2. Al estar ubicado sobre una calle que divide a ambos barrios, el colegio es considerado parte de una frontera invisible controlada por los grupos ilegales. Frontera de El Limonar se cruza en bus escolar

Los jóvenes del Limonar 1 no pueden pasar al Limonar 2 ni los del 2 al 1, aclara una madre de familia preocupada la seguridad de su hija. Según ella, las agresiones del pasado viernes comenzaron cuando se desarrollaba un evento cultural en El Limonar 1.

Allá “había una integración y los jóvenes se molestaron porque los niños los empezaron a mirar por las rejas –del colegio- y como a decir algo. Entonces pasaron algunos para acá armados, era el horario de salida del colegio, y se presentaron enfrentamientos entre los dos barrios. Los niños en medio del conflicto tuvieron que correr e incluso hubo niños amenazados con armas de fuego”, relató una madre de familia.

Frente a la gravedad de la situación y el temor de los estudiantes de regresar solos a sus casas, las directivas del colegio pidieron ayuda a la policía que envió una patrulla al lugar. Pero algunos papás manifestaron que ese acompañamiento no fue suficiente para garantizar la seguridad.

“Un estudiante le dijo a un policía que lo estaban amenazando con un arma y el agente no prestó atención, dijo que no podía hacer nada”, reveló un padre de familia al indicar que lo mínimo que debía hacer el uniformado, era requisar al joven supuestamente estaba portando el arma.

Este padre agregó que “había cinco o seis fulanos en la entrada con armas, tomándoles fotos a los estudiantes y no los dejaban salir.” A esto se suman otras denuncias de la comunidad según las cuales hay cuatro estudiantes de una misma familia que se encuentran amenazados por uno de los combos, razón por la cual su madre decidió no enviarlos a estudiar.

En lo corrido del 2013, de acuerdo con el comunicado de la institución, 18 alumnos se han retirado de Fe y Alegría debido a los problemas de orden público. Actualmente alrededor de 20 estudiantes que viven en El Limonar 2, buscan una reubicación en el colegio Corvide o en otra institución en la que, según sus familias, no corran peligro.Sin embargo Corvide es un colegio de cobertura y se requiere autorización de la Secretaría de Educación para efectuar los traslados.

Hasta el año 2010 el centro educativo Fe y Alegría tenía una población estudiantil de 1.050 alumnos, y al iniciar el presente año se cuenta con aproximadamente 900 estudiantes, agrega el comunicado. La reducción se debería al temor que generan los hechos violentos contra la comunidad educativa.

Y es que el temor es permanente, después de la difícil situación del viernes, el lunes 22 de julio algunos estudiantes manifestaron que alrededor del colegio había personas armadas. Hacia las cinco de la tarde se habrían escuchado algunos disparos en cercanías del plantel educativo.

Buscando evitar estas situaciones, un padre de familia expresó que “se ha pedido acompañamiento a la policía y eso no se ha visto” y agregó que esa vigilancia debería prestarse cuando los estudiantes entran y salen de clases.

Otro papá recomendó que también haya vigilancia durante los recreos porque en las horas de descanso, según han manifestado algunos alumnos, hombres armados se acercan a la malla del colegio exhibiéndoles sus armas a los estudiantes.

Aunque apoyo las propuestas de reforzar la vigilancia, una mujer agregó que quieren otros policías para la zona porque, según ella, “los de acá no sirven para nada”. En general, el sentir de la comunidad fue de desconfianza hacia la labor de esta institución, algunos incluso preferirían la presencia del ejército.

Todos estos testimonios se escucharon durante una reunión con autoridades e instituciones de Medellín, convocada por las directivas del colegio y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), ante la preocupación de la comunidad. En el encuentro estuvieron presentes la Personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo, la Policía, la Secretaría de Convivencia y Seguridad y el director de núcleo educativo, Leonardo Valencia.

Los grandes ausentes en esta reunión fueron los corregidores de San Antonio de Prado y la Secretaría de Educación, invitada a través del coordinador de convivencia de la zona, Fernando Betancur, quien había comprometido su asistencia.

Compromisos y necesidades de fondo

“Dada la continua violación a los derechos humanos, como lo son el de la educación, el libre desplazamiento, el disfrutar de un ambiente sano, entre otros, denunciamos que estamos viviendo una crisis humanitaria, la cual requiere el concurso de todas las instituciones del Municipio de Medellín para solucionarla.”

Con este enunciado del comunicado institucional, las directivas del colegio Fe y Alegría explicaron porque la situación del plantel educativo puede ser catalogada como una crisis humanitaria.

Para superar esta situación, las directivas definieron unas acciones iniciales que comprenden la revisión y actualización del protocolo de seguridad, la comunicación permanente con esas redes de derechos humanos y con la Secretaría de Educación, la comunicación permanente con las familias, la concientización del auto cuidado en los estudiantes, la realización de simulacros de evacuación y la flexibilidad curricular para alumnos con dificultades.

Por su parte, el asesor de Convivencia y Seguridad de la Alcaldía de Medellín, Jaime Fajardo Landaeta, quien escuchó a la comunidad, habló sobre la necesidad de que los grupos ilegales respeten unos mínimos humanitarios para que, por ningún motivo, trasladen el conflicto a espacios comunitarios como la escuela, el centro de salud y las canchas deportivas, entre otros.

Como representante de la Administración Municipal y buscando mejorar esta situación, el asesor de Convivencia y Seguridad asumió varios compromisos. “Lo primero es que ellos han pedido el CAI móvil, ya el CAI lo tenemos, lo estamos repotenciando para que nos sirva en movilización en esta zona”, aclaró Jaime Landaeta al indicar que, por la empinada geografía del sector, fue necesario hacer algunos ajustes.

Pese a esta afirmación, varios habitantes se mostraron incrédulos porque según ellos desde hace varios años les han prometido un CAI que hasta ahora no ha llegado.

Lo segundo, continuo el asesor municipal, “es que vamos a ayudar a la policía a que fortalezca el plan cuadrante, para que haya mayor vigilancia en la zona. Lo tercero es trabajar más algunas acciones de solución de conflicto, de participación ciudadana y, sobre todo, de comprensión para que si es posible muchos jóvenes se retiren del conflicto.”

Finalmente Jaime Landaeta afirmó que se procurarán empleos para la comunidad en algunas construcciones de la zona, buscando generar ingresos y desestimular el conflicto.

Sobre la problemática del desempleo, un padre de familia afirmó que esa es una de las principales necesidades de San Antonio de Prado, y se lamentó del abandono que ha sufrido este corregimiento.

“Yo le quiero recordar a la gente del gobierno que es triste decir que San Antonio de Prado es parte, supuestamente, del Área Metropolitana. Es más, el transporte lo peor (…), las calles llenas de huecos y de generar empleo, aquí nadie ha hablado de eso en el barrio”, expuso este habitante.

“Hay problemas sociales, indudablemente hay que trabajar, hay que generar mayor posibilidad de ingresos, mayor cobertura y calidad de la educación; hay que trabajar más por la organización social, todavía las juntas comunales no logran penetrar a fondo en la comunidad; y, un elemento importante, hay que trabajar porque se reconozca más la institucionalidad”, aseguró Jaime Landaeta al agregar que en la zona los grupos ilegales tratan de deslegitimar lo institucional.

Posiblemente, todas estas necesidades muestran que el conflicto que afecta la escuela puede tener sus raíces en las problemáticas de fondo de la población y en una ausencia del Estado en San Antonio de Prado. Al punto que la comunidad educativa ha pedido con insistencia la presencia de la Secretaria de Educación de Medellín, Luz Elena Gaviria, para atender personalmente estas problemáticas en el colegio Fe y Alegría, y hasta ahora no ha logrado que la funcionaria haga presencia.

Pero el problema no se soluciona únicamente con la Secretaría de Educación, si se quieren brindar soluciones de fondo se necesita de todas las dependencias de la Alcaldía para ofrecer alternativas integrales. Por eso la petición general de los habitantes fue una: presencia efectiva de todas las instituciones del Estado en San Antonio de Prado.

Violencia contra la escuela

Sobre la situación de las instituciones educativas en San Antonio de Prado, cabe recordar que el 17 de abril de 2013 el rector del colegio El Limonar, Luis Reinaldo Londoño, fue víctima de un ataque de sicarios al que por fortuna sobrevivió. El directivo debió ser trasladado a otra institución.

En el colegio Fe y ALegría, debido a las fronteras invisibles, actualmente hay un bus escolar facilitado por la Alcaldía de Medellín para transportar a los estudiantes de El Limonar 1, a quienes los grupos ilegales les impiden la movilidad por el sector.  Sin embargo, los docentes revelaron que dicho vehículo ya no cuenta con guías ciudadanos o funcionarios que acompañen a los alumnos en el recorrido. En ocasiones los maestros deben asumir esa tarea cuando las situaciones de orden público se tornan tensas.

Y la desconfianza en fuerza pública

Sobre esta situación, el asesor de Convivencia y Seguridad de la Alcaldía, Jaime Landaeta, explicó que falta acercar más a los uniformados a la comunidad e indicó que, si hay problemas, estos van a ser tratados a fondo con el Secretario de Seguridad de Medellín, Arnulfo Serna. De otro lado defendió la labor del capitán Caldas, comandante de la zona, de quien aseguró ya ha sancionado uniformados que incumplieron el código de conducta.