Análisis
Tomado de ANNCOL
Por Agencias
Organismos defensores de los derechos humanos en Colombia denuncian una oleada de detenciones arbitrarias y judicialización de líderes de comunidades agrarias en el territorio nacional en los momentos en que en el país y el mundo se celebra los avances obtenidos con la firma del primer acuerdo sobre temas agrarios presidente Juan Manuel Santos.
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Entre las detenciones o capturas masivas señalan las ocurridas en el Municipio de Uribe, departamento del Meta, donde el domingo 26 de Mayo de 2013 hubo detenciones masivas arbitrarias contra pobladores civiles de la Región del Ariari encabezados por su alcalde Marcelino Chacón. Otro caso de detenciones e presentó en la región de Piñuña Negro, departamento del Putumayo. Allí elementos del ejército detuvieron a Wilmar, el representante de los Derechos Humanos, al Inspector de Policía, al Presidente de la Junta de Acción Comunal y el Alguacil del Cabildo indígena, todos acusados de rebelión.
Según reporta, Luis Jairo Ramírez, del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos –CPDH- es una situación muy grave, que mientras el país en todo el territorio nacional pide paz con justicia social el régimen no cambia y persisten capturas de opositores.
Denuncian que en La Uribe – Meta no es la primera vez que sucede una captura masiva en este municipio. En julio del 2005, 18 personas, entre ellas el sacerdote de Uribe, Ricardo Lorenzo Cantalapiedra, fueron detenidas señaladas de pertenecer a las Farc. Casi todos fueron puestos en libertad meses después por lo que las organizaciones de derechos humanos calificaron en esa oportunidad esta práctica como “falsos positivos judiciales”.
En la denuncia sostienen que el personal de la administración municipal de Uribe – Meta, en cabeza del señor Alcalde Marcelino Chacón, se trasladó el domingo en horas de la mañana para realizar una actividad en la inspección de la Julia – Meta, realización esta que tiene que ver con la celebración del día de las madres. “A las 10.00 AM, cuando estaban convocando a todas las madres de la localidad para iniciar el evento, personal adscrito al ejército y policía acantonados en la Julia – Meta, irrumpieron en la caseta comunal y procedieron a hacer efectiva una orden de captura emanada al parecer de la fiscalía No 38 de Granada – Meta, contra la Inspectora Rural de Policía de la Julia – Meta, Nohora Gonzalez y el concejal Edwin Conde Hernandez, sindicados del delito de rebelión, luego patrullaron el pueblo y fueron sacando uno a uno a 9 o 10 pobladores más, conduciéndolos hasta la base militar. Estas personas fueron trasladadas a la ciudad de Granada más o menos a las 3 P.M del presente día”.
El documento señala que existe preocupación entre los pobladores civiles de la región, porque según lo expresado por la fiscalía son más de 50 personas sobre las cuales pesa orden de captura.
Sostienen los defensores de derechos humanos que es sumamente preocupante que a la par de Acuerdos en la Habana hacia la paz, desde el Ministerio de Defensa se ordene la oleada de detenciones en todas partes. Dijeron a la prensa que continuarán sus denuncias en el plano nacional e internacional sobre los abusos y arbitrariedades de autoridades con representantes de organizaciones sociales y comunitarias que reclaman sus derechos y ejercen críticas y oposición al gobierno.
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