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Tomada de El Espectador
No es la primera vez que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresa sus inquietudes al respecto.
El Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, expresó este miércoles su preocupación sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, tras conocer sobre las muertes violentas de dos campesinos.
“Nos preocupan mucho los asesinatos del líder de víctimas de Córdoba, Ermes Enrique Vidal Osorio, y del líder campesino del Cauca, Gustavo Adolfo Pizo. Pedimos a las autoridades una pronta y eficaz investigación sobre estos crímenes”, señaló Howland a través de un comunicado.
Así mismo, La ONU señaló que recibió información según la cual Ermes Enrique Vidal Osorio, de 60 años, formaba parte de la Mesa Municipal de Víctimas de Valencia, Córdoba, y era el Representante legal de la Asociación de Población Desplazada de San Rafael del Pirú (Asover), además de líder reconocido en la zona de Valencia y Tierralta.
Según señaló la ONU, Vidal fue desaparecido el 21 de marzo, y su cuerpo fue encontrado a la orilla del Río Sinú, el sábado 23 de marzo.
“El señor Vidal fue desplazado forzosamente de su finca ubicada en la vereda de Mieles corregimiento de Batata, Córdoba, hace varios años, y aunque no estaba adelantando un proceso de restitución de tierras formalmente, decidió retornar a su finca. A su regreso, recibió amenazas de muerte por parte de hombres armados, quienes le dijeron que debía dejar la zona y abstenerse de reclamar su tierra, que ya le pertenecía a otras personas. Él es la tercera persona asesinada en su familia por defender sus derechos cómo víctimas”, señala el comunicado.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también hizo referencia a Gustavo Adolfo Pizo, de 31 años, quien fue asesinado el 25 de marzo, y era el presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Totoró (Cauca), el secretario de organización del Sindicato de Pequeños Agricultores del Cauca (SINPEAGRIC ), pertenecía al movimiento político Marcha Patriótica y dirigía además el tema de reservas campesinas en la zona Oriental del Cauca.
En ese sentido, recordó que las zonas de reserva campesina son formadas por campesinos que se unen para tener una producción agrícola más efectiva. Estas asociaciones son protegidas por las normas de derechos humanos.
“La Oficina hace notar que recibió información el 11 de marzo sobre amenazas de muerte proferidas en contra del movimiento político y social Marcha Patriótica-Cauca, en su conjunto y en particular a algunos líderes de este movimiento, quienes son adicionalmente integrantes de: Sindicato de Pequeños Agricultores del Cauca SINPEAGRIC (filial de FENSUAGRO-CUT);Proceso Campesino y Popular de la Vega; Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca SUTEC; Federación de Estudiantes Universitarios FEU; Coordinadora Estudiantil Tuto González; Juventud Comunista; y Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes”, agrega el boletín de prensa.
Ante lo anterior, la Oficina reiteró “su preocupación por que en las zonas rurales del país, los activistas y defensores de derechos humanos están mayormente desprotegidos. El año pasado el 97% de los defensores de derechos humanos asesinados pertenecían a zonas rurales”.
De igual forma, la Oficina instó a las autoridades del Estado a implementar “medidas eficaces dirigidas hacia los activistas y defensores de derechos humanos rurales, con el fin de que logre proteger su vida”.
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