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Tomada de El Día
Las agresiones por parte de la Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD a los estudiantes, docentes, indígenas y campesinos no solo es una constante sino que cada día son más fuertes , uno de los picos más altos que demostró los niveles de represión que puede alcanzar la fuerza pública se evidenció en el pasado paro cafetero que duró 12 días. Fue gracias a los medios locales, regionales y alternativos que el país conoció las verdaderas dimensiones de las violaciones de derechos humanos cometidos por la policía.
El material fílmico y auditivo que se logró recoger durante las arremetidas del ESMAD donde se evidencia el uso desmedido de la fuerza, son la pieza clave para el inicio de las investigaciones contra el director de la policía José Roberto Riaño en la Procuraduría y en la Fiscalía. La presión jurídica inicia con un derecho de petición radicado en la policía de Santander por un grupo de defensores de derechos humanos donde se le exige a la institución que exponga públicamente (si existen) los procesos disciplinarios contra los agentes que agredieron a los manifestantes.
“En Santander los videos ilustran como el ESMAD destruye los vehículos, buses de transporte público que se encontraban estacionados en las carreteras mientras los manifestantes se movilizaban pacíficamente”, explicó Oscary Ávila, defensor de los derechos humanos de la UIS
Las cifras ilustran que son cerca de 100 personas que resultaron heridas, entre ellas varias mutiladas con pérdida total o parcial de sus extremidades, esta situación llevó a que la gobernadora del Quindío reconociera que han fueron más de una docena de campesinos que perdieron su visión por culpa de las agresiones, esto a pesar de que en Colombia la protesta social está reconocida como un derecho constitucional.
Se hace el llamado a las personas que fueron agredidas y que aún no ha iniciado el proceso de denuncia a que se acerquen hasta las personerías municipales o distritales para iniciar el proceso jurídico, “es importante que las personas conozcan que tienen derecho a la reparación por los daños causados, es el estado el que debe responder jurídica y económicamente a las víctimas causadas por el ESMAD” concluyó Ávila.
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Las agresiones por parte de la Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD a los estudiantes, docentes, indígenas y campesinos no solo es una constante sino que cada día son más fuertes , uno de los picos más altos que demostró los niveles de represión que puede alcanzar la fuerza pública se evidenció en el pasado paro cafetero que duró 12 días. Fue gracias a los medios locales, regionales y alternativos que el país conoció las verdaderas dimensiones de las violaciones de derechos humanos cometidos por la policía.
El material fílmico y auditivo que se logró recoger durante las arremetidas del ESMAD donde se evidencia el uso desmedido de la fuerza, son la pieza clave para el inicio de las investigaciones contra el director de la policía José Roberto Riaño en la Procuraduría y en la Fiscalía. La presión jurídica inicia con un derecho de petición radicado en la policía de Santander por un grupo de defensores de derechos humanos donde se le exige a la institución que exponga públicamente (si existen) los procesos disciplinarios contra los agentes que agredieron a los manifestantes.
“En Santander los videos ilustran como el ESMAD destruye los vehículos, buses de transporte público que se encontraban estacionados en las carreteras mientras los manifestantes se movilizaban pacíficamente”, explicó Oscary Ávila, defensor de los derechos humanos de la UIS
Las cifras ilustran que son cerca de 100 personas que resultaron heridas, entre ellas varias mutiladas con pérdida total o parcial de sus extremidades, esta situación llevó a que la gobernadora del Quindío reconociera que han fueron más de una docena de campesinos que perdieron su visión por culpa de las agresiones, esto a pesar de que en Colombia la protesta social está reconocida como un derecho constitucional.
Se hace el llamado a las personas que fueron agredidas y que aún no ha iniciado el proceso de denuncia a que se acerquen hasta las personerías municipales o distritales para iniciar el proceso jurídico, “es importante que las personas conozcan que tienen derecho a la reparación por los daños causados, es el estado el que debe responder jurídica y económicamente a las víctimas causadas por el ESMAD” concluyó Ávila.
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