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Declaración de prensa

Comunicado 
Por FARC-EP





DECLARACIÓN

Terminamos este ciclo de conversaciones con avances que hablan bien de nuestra voluntad de paz, a pesar de las infundadas afirmaciones del Presidente Juan Manuel Santos en un evento mediático, el pasado 20 de febrero en San Vicente del Caguán; Avanzamos a pesar del dolor que nos inflige a todos los colombianos el trato represivo y desproporcionado que el gobierno está dispensando a través del ESMAD a las justas protestas de los caficultores y los cacaoteros, causando muertes, decenas de heridos y capturados. Avanzamos a pesar de la sordera estatal frente a las reclamaciones de los trabajadores del Cerrejón y de los que se oponen a la privatización de la salud, y en general, a las consecuencias antipopulares y antipatrióticas de la política neoliberal. Para ese pueblo en pie de lucha, nuestra solidaridad; y al gobierno, un ¡Dialogue con el pueblo, escúchelo, deje la soberbia!

Con artificios como el de San Vicente, no podrá Santos ocultar la progresiva entrega del territorio nacional, de nuestras riquezas minero-energéticas, a la voracidad de las trasnacionales. No podrá tapar los nuevos planes de despojo y de extranjerización de la tierra, ni el propósito avieso de feriar las 15 millones de hectáreas de nuestra altillanura, entre los ríos Guaviare y Meta, rica en petróleo, uranio, coltán y litio; tierras miradas con ojos de agronegocios y ganancias, y con los hombros encogidos, frente al terrible impacto socio-ambiental.

Detrás de la humareda de las declaraciones de San Vicente, está el latifundio que ningún gobierno ha querido tocar. Ha regresado el fantasma de Chicoral a impedir que se toque el sacrosanto latifundio y a perseguir nuevamente a los campesinos que desterró a las fronteras para que no siguieran ocupando, machete en mano, las grandes propiedades. Desde la época de la violencia de los años 50, no han tenido paz los campesinos, se les ha arrebatado la tierra y expulsado con violencia de su entorno natural. El vergonzoso Pacto de Chicoral fue firmado por las élites de los partidos tradicionales, los terratenientes y el Estado, jamás por Manuel Marulanda Vélez. Pero hasta esas fronteras remotas donde fueron arrojados, les enviaron a los paramilitares para masacrarlos y desplazarlos nuevamente. No es justo, no es justo, que ahora se pretenda expulsar al resto con violencia y ley.

Las tierras del comandante Jorge Briceño no eran las mencionadas en las falaces cifras del Presidente, sino 114 millones de hectáreas que tiene país, las que quería produciendo, para dignificar la vida de todos los colombianos.

Pensábamos que Juan Manuel Santos se iba a referir en San Vicente a las 17 mil hectáreas de palma africana que el jefe paramilitar “Don Berna” transfirió al Estado para que fueran entregadas a los campesinos, sus verdaderos dueños, tierras que no han llegado aún a sus destinatarios; pero nada dijo el presidente.

Pensábamos que tal vez aludiría a las 14 mil hectáreas que el mismo paramilitar pusiera en manos del Estado en los Llanos Orientales, con 4 mil de ellas sembradas de palma aceitera, a fin de que fueran restituidas a sus propietarios originales, y a pesar que esto no se ha cumplido, nada dijo el presidente.

Pensábamos que le entraría duro en su discurso a su amigo Víctor Carranza, quien recientemente celebrara con bombos y platillos su primer millón de hectáreas de tierra. Pero nada dijo el presidente.

Es mucho lo que hay que decir y denunciar en torno a la actual política agraria del gobierno. La supuesta titulación y entrega de tierras en Urabá, es una farsa triste. Allí lo que hay es un carrusel de tierras, en el que a través de poseedores de mala fe, se entregan títulos con relumbre mediático, pero al final esos predios vuelven a manos de bananeros y palmicultores despojadores. A los “urabeños” les han asignado la tarea de revictimizar para facilitar el despojo con apariencia legal.

La entrega de tierras que proyectan en Urabá y Chocó los paramilitares El Alemán y Hasbún, es para echarle tierra al engaño de la entrega de tierras que está haciendo el gobierno en Urabá.

En las Tangas asignaron 192 parcelas, pero se las arrendaron a precios irrisorios a unas empresas ganaderas, que todo indica, son del mismo dueño.

Este gobierno, en apariencia, les tiene miedo a los terratenientes, y con ese presupuesto difunde que si se tocan esos intereses criminales se despertará el demonio del paramilitarismo, como si en algún momento lo hubiesen desmantelado. Su determinación es no afectar el latifundio improductivo, ocioso y evasor de impuestos. Por lo visto, ni siquiera se le dará un pellizco. Ahora los latifundistas están esperando a las trasnacionales para vender o arrendar. En lugar de castigo, recibirán un premio.

Esa tierra fue amasada con sangre campesina, masacres paramilitares, fosas comunes, más de 5 millones de desplazados, falsos positivos, y por lo tanto, ¿por qué no llamarlos delincuentes y aplicarles sin tantas vueltas la extinción de dominio reservada a los grupos delincuenciales?

Un tercio del territorio del país está manos de los ganaderos… ¿Quiénes son entonces los latifundistas despojadores?

¿Quiénes son los responsables del índice GINI del 0.87 referido a la desigualdad en el campo?

Que alguien del gobierno le explique al país cómo fue posible que el INCODER le entregara 315 mil hectáreas de tierra a testaferros de los señores del despojo.

¿Por qué el INCODER intentó eliminar los resguardos indígenas coloniales?

El escándalo de Agro Ingreso Seguro pretendió descargarse contra la modelo, Valery Domínguez, mientras que beneficiarios poderosos pasaban de agache: “El programa Agro Ingreso Seguro, creado por la ley 1113 de 2007, otorgó en los primeros dos meses de 2009, bajo una línea especial de crédito, 27.600 millones de pesos, de los cuales una sola compañía, Palmeros del Pacífico Sur, recibió más dinero que todos los beneficiarios en cualquier otro departamento del país, pues obtuvo 4.321 millones (más del 15% del total). De igual forma, tres empresas palmicultoras pertenecientes a la familia Sarmiento Angulo (Palmas Pororó, Palmas Sicarare, Palmas Tamacá) recibieron 3.950 millones (14,27% del total de los créditos). Si se suman dos palmicultores más –Asociación de Agricultores Palma de Caunapí y Palmar El Diamante–, los palmicultores recibieron casi el 40% de los dineros entregados”. No solamente entonces, es el despojo de la tierra, sino el de los recursos públicos, usurpados para entregárselos a los más ricos, a gente como Sarmiento Angulo, ranqueado por la revista Forbes como uno de los más ricos del mundo.

Pareciera que el alzhéimer se ha apoderado de algunos altos funcionarios del Estado, y ya no saben de dónde proviene ni dónde está el latifundio. No hay catastro confiable, no hay estadísticas rigurosas. Engordan tierras, no tributan, todo está en el cajón del olvido, resguardado por la complicidad. No se puede atacar a los gamonales y caciques de la tierra, porque las elecciones están cerca.

Se necesita un catastro alternativo en el que participen organizaciones agrarias y sociales, las víctimas, los desplazados, con veeduría internacional, para no dejar que esta tarea, tan trascendental para la paz, sea asumida por la desprestigiada y parcializada oficina de “restitución” de los victimarios.

Que no nos vaya a tragar la geofagia de las trasnacionales. Colombia no es de Cargill, Pacific Rubiales, corficolombiana, Mavalle, Pajonales, Valorem, Refocosta, Riopaila, Bioenergy, Mónica, Firmenish, Amaggi, Merhav, Aliar, Anglo Gold Ashanti, Billiton, Anglo American, Xstrata, Efromovich, Eike Batista y demás usurpadores que pretenden despojarnos el territorio que nos pertenece a todos. 

Llamamos a los colombianos, a sus organizaciones sociales, políticas y gremiales, a las Fuerzas Armadas con sentimiento de justicia y patria, a defender este proceso de paz, esperanza de reconciliación y de nuevo país. Reiteramos: el proceso de la Habana está caminando. La paz se construye con la verdad pura y limpia, no con falsificaciones mediáticas, ni mezquindades. Estamos dispuestos a discutir con pasión, llegado el momento, el tema de la participación política, de la refrendación ciudadana de los acuerdos, para que desbrozado el camino, salgamos todos al encuentro de la anhelada paz, de la dignidad humana. 


Delegación de paz de las FARC-EP 


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