Comunicados
FARC-EP
FARC-EP
La Habana, Febrero 2 de 2013
Compatriotas de Nuestra América:
No hace mucho un mafioso y paramilitar “pura sangre” ciñó fraudulentamente la banda presidencial y gobernó a Colombia durante 8 años.
Sus campañas políticas fueron financiadas por los jefes paramilitares con dólares provenientes del narcotráfico, según lo confiesan sus antiguos hermanos en el crimen, presos hoy en los Estados Unidos.
Es el responsable directo del horror de esos crímenes de lesa humanidad que el mundo conoció con la denominación triste de “falsos positivos”. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, su ministro de Defensa, Camilo Ospina, emitió la Directiva 029 que desencadenó esa enloquecida campaña de la muerte que segó la vida a miles de jóvenes inocentes que serían presentados en los medios de comunicación, como “guerrilleros dados de baja en combate”. El Fiscal general debe explicar al país por qué no ha abierto aún los procesos judiciales contra las jerarquías, responsables de estos crímenes.
Fue Álvaro Uribe Vélez, junto con su hermano Santiago, el motor principal del grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles” que bañó en sangre el norte de Antioquia, y para borrar las huellas de su responsabilidad, eliminó uno a uno a todos los testigos, menos a un oficial de policía que lo denuncia desde su refugio argentino. Sugerimos leer el libro de la escritora Colombiana Olga Behar, Los Doce Apóstoles, el cual abunda en detalles.
Siendo gobernador de Antioquia emitió la orden operativa a los paramilitares que perpetraron la masacre de El Aro. Cuando el jefe paramilitar, Villalba, quien dirigió esa acción, mencionó a Uribe en el proceso, le hizo cambiar la versión y “premiándolo” con el beneficio de casa por cárcel, lo mandó a matar en la puerta de su residencia.
Cuando el cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso en sus confesiones, prendió el ventilador que salpicaba a industriales, generales, gobernantes y políticos, 13 jefes paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos por Uribe, no para hacer justicia, sino para silenciarlos. Terminó traicionando a sus compañeros con los que diseñó el proyecto paramilitar desde las sabanas del Urabá antioqueño y cordobés.
En el momento de la reelección de su Fiscal de bolsillo, Mario Iguarán, envió a su ministro del interior Sabas Pretel de la Vega a recoger dinero entre los paramilitares para sobornar magistrados. Entre “Macaco” y otros cabecillas recogieron 5 millones de dólares para ese propósito, pero estos se esfumaron en las manos de Sabas y Ramiro de la Espriella.
Realmente, los crímenes del dictador guatemalteco, Ríos Montt, juzgado por estos días, palidecen frente a la obra criminal del señor Álvaro Uribe Vélez, que ahora anda reagrupando la extrema derecha, como recurso desesperado, para blindarse jurídicamente a futuro.
Un personaje nefasto, que no pudo ganar la guerra asesinando a tanta gente inocente y humilde de un país, no puede impedir hoy que en Colombia se intente la solución política del conflicto. Las colombianas y los colombianos todos, deben movilizarse para defender la mesa de diálogos de la Habana y exigir al mismo tiempo el derecho constitucional que les asiste para ser protagonistas principales de la paz con justicia social, en democracia y soberanía.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
No hace mucho un mafioso y paramilitar “pura sangre” ciñó fraudulentamente la banda presidencial y gobernó a Colombia durante 8 años.
Sus campañas políticas fueron financiadas por los jefes paramilitares con dólares provenientes del narcotráfico, según lo confiesan sus antiguos hermanos en el crimen, presos hoy en los Estados Unidos.
Es el responsable directo del horror de esos crímenes de lesa humanidad que el mundo conoció con la denominación triste de “falsos positivos”. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, su ministro de Defensa, Camilo Ospina, emitió la Directiva 029 que desencadenó esa enloquecida campaña de la muerte que segó la vida a miles de jóvenes inocentes que serían presentados en los medios de comunicación, como “guerrilleros dados de baja en combate”. El Fiscal general debe explicar al país por qué no ha abierto aún los procesos judiciales contra las jerarquías, responsables de estos crímenes.
Fue Álvaro Uribe Vélez, junto con su hermano Santiago, el motor principal del grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles” que bañó en sangre el norte de Antioquia, y para borrar las huellas de su responsabilidad, eliminó uno a uno a todos los testigos, menos a un oficial de policía que lo denuncia desde su refugio argentino. Sugerimos leer el libro de la escritora Colombiana Olga Behar, Los Doce Apóstoles, el cual abunda en detalles.
Siendo gobernador de Antioquia emitió la orden operativa a los paramilitares que perpetraron la masacre de El Aro. Cuando el jefe paramilitar, Villalba, quien dirigió esa acción, mencionó a Uribe en el proceso, le hizo cambiar la versión y “premiándolo” con el beneficio de casa por cárcel, lo mandó a matar en la puerta de su residencia.
Cuando el cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso en sus confesiones, prendió el ventilador que salpicaba a industriales, generales, gobernantes y políticos, 13 jefes paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos por Uribe, no para hacer justicia, sino para silenciarlos. Terminó traicionando a sus compañeros con los que diseñó el proyecto paramilitar desde las sabanas del Urabá antioqueño y cordobés.
En el momento de la reelección de su Fiscal de bolsillo, Mario Iguarán, envió a su ministro del interior Sabas Pretel de la Vega a recoger dinero entre los paramilitares para sobornar magistrados. Entre “Macaco” y otros cabecillas recogieron 5 millones de dólares para ese propósito, pero estos se esfumaron en las manos de Sabas y Ramiro de la Espriella.
Realmente, los crímenes del dictador guatemalteco, Ríos Montt, juzgado por estos días, palidecen frente a la obra criminal del señor Álvaro Uribe Vélez, que ahora anda reagrupando la extrema derecha, como recurso desesperado, para blindarse jurídicamente a futuro.
Un personaje nefasto, que no pudo ganar la guerra asesinando a tanta gente inocente y humilde de un país, no puede impedir hoy que en Colombia se intente la solución política del conflicto. Las colombianas y los colombianos todos, deben movilizarse para defender la mesa de diálogos de la Habana y exigir al mismo tiempo el derecho constitucional que les asiste para ser protagonistas principales de la paz con justicia social, en democracia y soberanía.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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