Comunicado solidaridad
tomado del Colectivo de Abogados José alvear Restrepo
Por Amnistía Internacional
Gloria Amparo Suárez y Yolanda Becerra, de la organización de defensa de los derechos humanos de las mujeres Organización Femenina Popular (OFP), han sido amenazadas con emprender actos violentos contra sus hijos en Barrancabermeja, norte de Colombia
Santander |
El 11 de febrero, un hombre se presentó en las oficinas de la Organización Femenina Popular (OFP) pidiendo información sobre el programa de validación del título de bachillerato para adultos. Tras ser atendido por Gloria Amparo Suárez, representante legal de la OFP, le preguntó: “¿Por qué no se dedican a esto en vez de estar jodiendo a nivel nacional y estar formando alborotos?”. Preguntó a Gloria Amparo Suárez si sabía dónde estaban sus hijos. Luego le mostró su teléfono móvil y le dijo, “nosotros sí”, y le enseñó unas fotos de los hijos. También le enseñó una fotografía de Yolanda Becerra, directora de la OFP. En ella se veía a Yolanda Becerra saliendo de un automóvil que ha recibido como parte del programa gubernamental de protección. Dijo: “dígale a Becerra […] que sabemos todos sus movimientos, así que ya saben, paren esa mierda y calladitas, que no las queremos joder”. Gloria Amparo Suárez y Yolanda Becerra han estado haciendo trabajo de incidencia y participando en procesos locales y nacionales para reclamar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Ambas han recibido amenazas reiteradas de paramilitares. Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
Expresando preocupación por la seguridad de Gloria Amparo Suárez y sus hijos, Yolanda Becerra y otras integrantes de la OFP, a la luz de las amenazas contra ellas, y pidiendo a las autoridades que las protejan, de acuerdo con los deseos de las propias afectadas;
Instando a las autoridades colombianas a ordenar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la justicia;
Recordando a las autoridades colombianas que deben cumplir con sus obligaciones respecto a la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, establecidas en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos de 1998, en la que Colombia es Estado Parte.
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