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Paramilitares operan con total responsabilidad del Gobierno

Informe
Tomado de Comisión Intereclesial de Justicia y Paz



La población indígena Nonam en el Valle del Cauca, se encuentra aterrorizada por las amenazas de muerte que han recibido del grupo paramilitar "los rastrojos". La comunidad se encuentra sin garantías de protección humanitaria.
A pesar que desde noviembre pasado fue informado el gobierno de Colombia de las amenazas de incursión paramilitar al bajo Calima en absoluto se realizó acción alguna para evitar lo que hoy está pasando
Alias El Zurdo al mando de los paramilitares se traslado desde Buenaventura a la zona rural y se encontraría operando directamente en el río San Juan. Por las recientes operaciones paramilitares se generó el desplazamiento forzado de 40 familias del caserío Palestina. En este poblado solamente se encuentran 5 familias a quienes se les ha obligado a abstenerse de realizar comunicación telefónica alguna.
Los paramilitares amenazaron con incursionar en la comunidades de Malaguita, Perea, Puerto Pizario de las comunidades indígenas Nonam. Igualmente se conoció de la persistente amenaza de muerte en contra de la población indígena Nonam que habitan el Resguardo Humanitario y Biodiverso de Santa Rosa de Guayacán. La amenaza obedece a las denuncias realizadas por el desplazamiento forzado en 2010 y los pronunciamientos con exigencia al gobierno para evitar esta nueva incursión que ha generado ya nuevos desplazamientos forzados.
De acuerdo con los testimonios de los desplazados hay una restricción a la libre movilización, los afrocolombianos e indígenas que quedan aún en el bajo Calima y San Juan, después de las 4:00 p.m. no pueden transportarse, tanto los centros de salud y de educación se encuentra sin quien los asista.
Según los desplazados en Docoro han sido desaparecidas varias personas y se ha observado sobre el río Calima y San Juan partes de los cuerpos de personas.
En Buenaventura, donde se encuentran los desplazados temen a los paramilitares, ya que estos mantienen el control en los barrios, continúan cobrando vacunas, vinculan a niñas y niños que transitan en motos armados como parte del control social. Los paramilitares en muchos barrios han impedido que después de las 5 p.m las personas salgan de sus viviendas.
Los desplazados en Buenaventura por segunda vez temen las repercusiones que sus denuncias puedan generar sobre los habitantes del Resguardo Nonam en Santa Rosa y las comunidades negras.
Desde noviembre pasado la Unidad Nacional de Protección ante la Comisión Interamericana d Derechos Humanos se comprometió a brindar medidas de protección a las comunidades indígenas y negras, así como, garantizar la operación humanitaria de organismos de derechos humanos. Hoy los hechos evidencian que nada se ha hecho.
Bogotá, D.C. enero 8 de 2013


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