Víctimas del conflicto - de odiseas y refugios transfronterizos

Reportaje
Tomado de ANNCOl
Escrito por Luis Carlos Pulgarín C.

Oscar Salazar 1993 en el corregimiento Nueva Antioquia, del municipio de Turbo, región bananera de Urabá. Fue concejal para la Unión Patriótica pero poco tiempo después fue desterrado por el Terrorismo de Estado constituido por una alianza del ejército y paramilitarismo. Se desplazó a Medellín y de ahí, después un proceso y montaje se vio obligado de desplazarse a Bogota.

 

Sábado, 22 de diciembre de 2012

A propósito de la próxima publicación del libro 

 

(Juicio Histórico al tratamiento de la población colombiana refugiada en Panamá, Venezuela y Ecuador). 

 

Por Luis Carlos Pulgarín Ceballos

 

Entrevista con Oscar Salazar Tabares de la Comisión Andina para el Desarraigo y el Desplazamiento Forzado[1].

 

Luis Carlos Pulgarín Ceballos: ¿Qué papel juega la Coordinadora Andina, en la práctica, cómo garantiza procesos efectivos de reivindicación a la población desplazada que sufre los embates de la burocracia y la incomprensión, por no decir de la insolidaridad, de los gobiernos  mismos?

 

 

Oscar Salazar Tábares: Hemos realizado acciones con eventos regionales donde avanzamos en los procesos de caracterización de la población refugiada, las organizaciones de los refugiados y de los actores mismos que han propiciado el refugio. En estos encuentros, caso de un encuentro regional realizado en el año 2011 en ecuador, hemos tratado de comprometer a los delegados de los gobiernos para que examinen la legislación de sus países en materia de refugio y a que ratifiquen los compromisos de la Conferencia de México[2]. Igualmente hemos adelantado diálogos con instancias de gobierno como las Asamblea Nacionales Constituyentes, el Consejo Noruego[3] que es la autoridad rectora en el tema de refugios y que establece los parámetros de atención a la población refugiada para que precise con los gobiernos de Perú y Ecuador, sobretodo,  estos procesos de atención con plena dignidad para las víctimas de esta situación.

 

LCPC: Pero en la práctica, ¿qué avances hay, porque lo que me expone hasta ahora, me parece muy del propósito, la intención política y la filosofía?

 

OST: Por ejemplo, logramos detener un, proceso de repatriación, a todas luces indigno y violatorio de los tratados internacionales, de un grupo significativo de colombianos,  en un convenio firmado entre los gobiernos de Ecuador y Colombia, este proceso está parado, toda vez que antepusimos argumentos como que en la legislación de Quito la repatriación no se contempla y también que en la nueva ley de víctimas en Colombia, no se contempla el tema de los refugiados. En Colombia hemos avanzado y estamos comprometiendo al gobierno para que incluya en la Mesa Nacional de Víctimas a una persona refugiada, que no se contempla por no estar el tema en la Ley de Víctimas, en el acto legislativo, con esto esperamos que la misma Ley pueda incluir a esta población…

 

Y un tema espinoso para los gobiernos  pero político, hay refugiados políticos acusados de pertenecer a las FARC, por ejemplo, Julián Conrado y un compañero periodista de la página de ANNCOL, Conrado preso en Venezuela (y Pérez extraditado a Colombia), estamos trabajando para que hayan procesos de repatriación para esos compañeros exiliados con garantías procesales plenas.

Por ejemplo, ya tenemos planeado para octubre un encuentro que se va dar en Perú y donde van a estar UNASUR; y la Unión de Naciones del Caribe para mirar medidas de protección y garantistas a la población refugiada, así como también para que hayan avances en una plataforma continental en materia de legislación de forma que vayamos construyendo criterios de unidad de acuerdo a la Conferencia de México. Ya hemos tenido reuniones con el Parlamento Andino y en Colombia tendremos una reunión con ACNUR para mirar los temas de compromisos en cumplimientos por parte de los gobiernos en torno a los tratados internacionales con la población refugiada en Sur América…

 

LCPC: Yo quiero que hablemos del ACNUR, que al parecer es una de las fuentes más recurridas para hablar de la situación, pero veo que hay muchas contradicciones en cuanto a las estadísticas del problema.

 

OST: No hay que olvidar Luis Carlos, que la ACNUR es también Gobierno es contraparte directa de los gobiernos, no tiene características de total independencia, y trabaja con las cifras de los Estados, donde los Estados buscan invisibilizar el tema, para sacarle el cuerpo a sus obligaciones…

 

LCPC: En ese sentido, ¿la Coordinadora Andina para el Desarraigo y el Desplazamiento Forzado, es independiente, o se atiene a algunos parámetros de un gobierno?

 

OST: La Coordinadora está conformada por organizaciones de base, somos una organización Andina No Gubernamental, ella nace producto de una caracterización amplia sobre el problema del refugio desde la base, desde las víctimas desplazadas y refugiadas… Quienes estamos?, inicialmente tres grandes organizaciones de base, FENARE, que es la Federación Nacional de Refugiados en Ecuador, CONDECORE, LA Coordinadora de Desplazados Refugiados del Perú y la Campaña Permanente Vida Tierra y Dignidad por Colombia, donde estamos integradas 8 organizaciones de desplazados caso de ANDESCOL (Asociación Nacional de Desplazados de Colombia).

 

LCPC: ¿Cómo van a sostener su independencia, cómo financian sus acciones, hay plata de los gobiernos?

 

OST: Sería una obligación de los gobiernos, sin comprometernos claro está. Pero en sus inicios hemos sido financiado por Agencias Internacionales como La Consejería  en Proyectos para Refugiados PCS, que no es instancia de gobierno, y tiene sede en Colombia y oficina en Perú; también nos ha apoyado ICCO  que es una Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo, con ella hicimos un proceso amplio de cartografía social en Colombia y los diferentes encuentros regionales de Quito y Perú.

 

LCPC: Eso le iba a preguntar ¿esa caracterización de la cual usted habla, cómo la vienen haciendo?

 

OST: Usted mismo estuvo en una de esas experiencias, la que se hizo en Cundinamarca el año ante pasado, en 2010, ¿recuerda?; Se trabaja por grupos, con la población de base, aquí no son funcionarios haciendo encuesticas, aquí es trabajando con la población directamente involucrada como víctima, en un proceso donde la misma población va interpretando qué es lo que ha pasado, por qué está en dicha situación, cuales son las causas, cuáles son los actores?. Ya realizamos también la cartografía en Ecuador, donde profundizamos en temas de legislación y protección.

 

LCPC: ¿Qué hacer con Panamá, que de los países involucrados en el tema parece ser el más insolidario, el que más irrespeto por los tratados internacionales ha tenido, el que más ha maltratado la población refugiada colombiana, que prefiere darle status de refugiada a prófugas de la justicia colombiana como la señora María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS en el periodo Uribe, y agredir a la población realmente perseguida por el conflicto armado?

 

OST: Allí hay una problemática bien profunda, la política de Atención al Migrante es muy irregular. Ahora mismo hay mucho problema con los emberá, los colonos, afro y campesinos. Nosotros realizamos en el Darién un Congreso de Fronteras  con Colonos; allí hizo presencia la ONG ILSA, de Colombia, y pudo verificar que la población refugiada, en el trato que les da Panamá, está como en campos de concentración, en lugares donde la guardia panameña  no permite que sean visitados por organizaciones y ONGs, es un proceso de confinamiento con garantías de ayuda humanitaria mínima. El mismo gobierno no garantiza condiciones de seguridad para los refugiados, allí por ejemplo hay algo más grave, la población víctima está rodeada por paramilitares y lo que es peor, por bandas delincuenciales organizadas y traficantes. Y como usted lo dijo, Luis Carlos, un gobierno que prefiere darle totales condiciones de asilo digno, en un trámite increíblemente extra rápido, a personas como la ex directora del DAS que no es refugiada política sino una prófuga de la justicia. Nosotros tenemos en preparación un nuevo encuentro fronterizo en Panamá, donde invitaremos delegados del gobierno y discutamos sobre sus políticas de protección al migrante; y también casos como el de la María del Pilar Hurtado[4]

 

LCPC: El caso de Ecuador es uno de los más documentados, por eso voy a escapar a ese tema y lo voy a remitir al caso Venezuela.

 

OST: Allí hay desplazamientos de doble vía, recuerde Luis Carlos que allí hay unas zonas de frontera que son corredores estratégicos, centros de abastecimiento y de intercambio comercial entre los dos países; esto crea unas condiciones especiales; y esto crea desplazamientos de doble vía que debemos o estamos en mora de caracterizar. Hemos tenido también una movilidad que hay que diferenciar o al menos tratar con sumo cuidado como lo es el desplazamiento de la comunidad Wayú, ellos tienen o deben tener un tratamiento especial en la atención humanitaria, al menos de más agilidad, por tener doble nacionalidad. Todo esto lo hemos estado dialogando con el Embajador de Venezuela aquí en Colombia, de entrada él ha dicho que no se puede detener el desplazamiento de doble vía, precisamente por las condiciones especiales de esta frontera. Pero con Venezuela se ha ido avanzando en el tema, por ejemplo, tenemos en el Zulia una familia colombiana, refugiada, ella ha entrado a hacer parte de las misiones del gobierno de Hugo Chávez, tienen una protección especial del gobierno, y esperamos que esa familia, desde ese escenario político, pueda ayudar a otras familias refugiadas. Pero es que allí hay otro problema, y es el carácter de gobierno federado que tiene Venezuela. Por ejemplo, hay Estados de Venezuela que tienen una muy buena disposición de atender el problema del refugio, Venezuela tiene una muy buena legislación en materia de atención al refugiado, que no se aplica es otra cosa; le decía en el Estado de Libertador, allí hay grandes voluntades políticas, hay adelantos significativos en materia de refugio; pero tenemos Estados como Zulia y Miranda donde hay problemas de voluntad política, hay Estados de oposición al Gobierno Chávez donde se bloquean cosas, dónde incluso, hay permisividad con el paramilitarismo colombiano, donde los refugiados mantiene el miedo permanente porque allí existe presencia de actores paramilitares, incluso de microtraficantes y delincuencia organizada.

 

LCPC: Finalmente, y volviendo al caso ACNUR y Estadísticas ¿qué hacer con ese tema de las cifras? ¿Qué piensa hacer la Comisión Andina para el Desarraigo y el Desplazamiento Forzado?.

 

OST: Nosotros qué estamos manejando?, lo primero es que trabajamos con organizaciones de base; cuando un refugiado llega a un lugar, por lo general el refugiado llega por referencias de conocidos. Hay una gran debilidad y es que las organizaciones de base no han manejado sistematización de datos, no manejan estos procesos. Al menos hasta ahora que los empezamos a preparar para eso. Entonces, se están implementando unas fichas, desde las organizaciones de base, y ellas son las que hacen el registro de los refugiados que van llegando. Esas fichas diligenciadas se le pasan a organizaciones como CODHES que tienen una gran experiencia en la sistematización de estos datos. Siempre ha sido así; las organizaciones de base manejan los datos primeros, por decirlo de una forma, y las pasan a instancias como el CINEP, Pastoral Social en Panamá, o Movilidad Humana en Colombia, también a FLACSO en Ecuador, al mismo CODHES, para que ellos entren en un proceso de verificación. Sistematización y publicación…

Lo que pasa con el ACNUR es que solo hace el registro de solicitantes, no de la totalidad de refugiados y desplazados, en sus datos faltan todas las personas que no denuncian, que evaden el registro por muchos temores, ANCNUR trabaja con cifras oficiales como ya le expresé.

 

LCPC: ¿A quién creerle en esta materia estadística?

 

OST: Mire por ejemplo, nosotros cómo ANDESCOL, trabajamos en casi todas las regiones de Colombia, manejamos estos datos de fuentes primarias, muchas veces lastimosamente por familias, no por número de integrantes del grupo familiar, esto debilita las estadísticas, pero nos da aproximaciones reales a la situación, se las pasamos a instancias como CODHES para el proceso final de verificación, allí hay una fuente de alta credibilidad porque está trabajada desde la base, nosotros estamos en capacidad política de afirmar que en Colombia hay más de 5 millones de desplazados internos, y no los menos de 3 millones y medio que son las cifras que manejan el gobierno y el ACNUR.

Ahora, nosotros en Campaña Tierra y Dignidad, de la cual hacemos parte como ANDESCOL, estamos implementando nuestras propias bases de datos, de verificación y de sistematización, esperamos avanzar en ello, puesto que las fuentes de las organizaciones de base son las de nuestra propia población, no obstante los celos que eso ha despertado en algunas ONGs que tradicionalmente nos han usado para perfilarse nacional e internacionalmente, esperamos avanzar en este tema para que sean las propias organizaciones de víctimas las que presenten sus datos a la comunidad nacional e internacional.

Bogotá, mayo de 2012.

 

Notas:

[1]Coordinadora Andina para el Desarraigo y el Desplazamiento Forzado, cuya secretaría Técnica la ejerce Colombia, está integrada por Perú, Colombia y Ecuador. Esta organización nace con los objetivos de visibilizar el problema de los refugiados, Incentivar políticas en esta materia y lograr acuerdos con los gobiernos  para la repatriación voluntaria y concertada que de alas personas garantías plenas de reparación, justicia y verdad.

[2]  Se refiere a la Declaración y El Plan de Acción de México es el resultado de un amplio proceso de consulta convocado por el ACNUR, junto con el Consejo Noruego para Refugiados, los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los gobiernos de Brasil, Costa Rica y México, el cual reunió a los gobiernos de los países de América Latina, expertos y diferentes sectores de la sociedad civil para analizar conjuntamente los principales desafíos que enfrenta hoy la protección de los refugiados y otras personas que necesitan protección internacional en América Latina. Se adopta en el marco de conmemoración del 20 aniversario de la declaración de Cartagena sobre los refugiados, en el año 2004. En resumen de ACNUR, está integrada de la siguiente manera: El Plan se estructura en cuatro capítulos: en el primero, se presenta una sinopsis sobre la situación actual de los refugiados en América Latina y se describe el marco normativo e institucional desarrollado por lo gobiernos de la región en materia de asilo. El capítulo segundo plantea un conjunto de actividades de investigación, así como de formación y fortalecimiento institucional, para mejorar las capacidades de los distintos actores en la región vinculados con la protección de refugiados. En el capítulo tercero se propone el desarrollo de programas para alcanzar la autosuficiencia e integración local de los refugiados, incluyendo la generación de proyectos productivos en las zonas fronterizas que también beneficien a las poblaciones locales. Asimismo, se busca la creación de un programa de reasentamiento regional para refugiados latinoamericanos.  Finalmente, el cuarto capítulo contempla mecanismos de promoción, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Acción, tanto a nivel nacional como sub-regional e internacional. 

[3] El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una organización humanitaria internacional, especializada en el trabajo con personas refugiadas y en situación de desplazamiento interno.  El NRC fue creado en 1946 para atender la crisis humanitaria generada por la Segunda Guerra Mundial.  Tras una historia de más de 50 años trabajando por los desplazados y refugiados en el mundo, el NRC es actualmente una de las organizaciones independientes de ayuda humanitaria más importantes de Noruega y la única especializada en el trabajo internacional con personas refugiadas y  en situación de desplazamiento interno.

 

[4] María del pilar Hurtado, ex funcionaria del gobierno Uribe, es procesada por la justicia colombiana por su responsabilidad en actos de espionaje a varios periodistas, políticos de oposición al gobierno Uribe y defensores de derechos humanos, entre otros. Este caso fue denominado como el caso de las chuzadas. Se asila en Panamá, huyendo de la justica colombiana y rápidamente, el gobierno de dicho país, afecto de la política de ultra derecha de Uribe, le tramita su estatus de asilo, lo cual es fuertemente cuestionado internacionalmente, al punto de considerarse una bofetada a la justicia colombiana y un mal precedente para la legislación internacional y los procedimientos de verdaderas víctimas del refugio, pues este antecedente fijaría una riesgosa política de darle asilo a una persona que  se declare perseguida política, sin realmente serlo.