Análisis
Tomado de ANNCOL
Escrito por Alfredo Molano Bravo, El Espectador
Todos los intentos de reformar la estructura agraria han fracasado. Desde el gobierno de López Pumarejo hasta el de Andrés Pastrana no se ha hecho nada distinto a titular baldíos, una estrategia pragmática, dada la radical oposición de los latifundistas —armada unas veces, parlamentaria otras— a ceder un centímetro de lo acumulado bajo todas las formas de adquisición.
Entre 1930 y 1970 se adjudicaron unos 11 millones de hectáreas. Las pocas tierras tituladas a los colonos, siempre por intermedio de gamonales y contraprestaciones electorales, terminan en manos de los terratenientes por la mera lógica del mercado. Los colonos entran en bancarrota por las deudas con los comerciantes, que les han vendido caro lo que necesitan para hacer mejoras y comprado barato las cosechas que sacan a la plaza. Cuando el Estado titula, facilita la venta de mejoras a los hacendados y beneficia a los bancos. Así, la colonización es, en realidad, una avanzada del latifundio.
Pasará algo muy parecido con las tierras que el Gobierno logre restituir. Una vez devuelto y titulado el predio, el campesino puede entrar en una de esas siniestras Alianzas Productivas, o venderle —a las buenas o a las malas— a un gran propietario de la zona. En cualquier caso, la titulación es una forma de intermediación para que todo siga igual. En diez años, y habida cuenta del impulso que los gobiernos les darán a las zonas de desarrollo empresarial y a la expansión de la agroindustria, los predios restituidos caerán de nuevo en manos de los terratenientes. Cosa de tiempo. De poco tiempo.
¿Cómo frenar esta dinámica? En 1994, la Ley 160 creó la figura de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como una talanquera —igual que los resguardos indígenas o los consejos territoriales— para proteger a los campesinos y evitar que continúen tumbando montaña o se conviertan en asalariados rurales o urbanos. La pieza clave de esa reforma es la Unidad Agrícola Familiar (UAF): la cantidad de tierra necesaria para sostener con dignidad —y dar trabajo— a una familia nuclear. Uribe y Santos han querido liquidar este concepto de UAF para titular los baldíos a grandes empresas nacionales o transnacionales.
En pocas palabras: para impedir que la tierra continúe concentrándose no hay solución práctica distinta a la creación de ZRC. Ello equivale, más que a una reforma agraria clásica, a un reordenamiento territorial de carácter social y ambiental. La campesina no es solo una economía, es, ante todo, una cultura y por tanto para sobrevivir supone un territorio específico donde esté proscrita la concentración de la tierra.
Una familia campesina puede comprar o vender una UAF, pero ningún particular puede comprar dentro de las ZRC varias fincas para hacer una hacienda. Es el principio básico. En lugar de esas nefastas y tramposas Zonas de Consolidación, controladas por la inteligencia militar para excluir campesinos y manejar recursos sociales con fines militares, el Gobierno debe soltar la tierra, como dice Darío Fajardo. Acordar con las Farc y con el Eln la creación de amplias ZRC en regiones fértiles y no en peladeros; desarrollar programas de crédito subsidiado tal como lo hace para la agroindustria de biocombustibles; contratar la construcción de vías con comunidades campesinas y no con ingenieros militares.
Las Reservas Campesinas no podrían echar raíces ni sostenerse a la larga sin ser complementadas con mercados campesinos que se brinquen la intermediación especulativa entre cultivadores y consumidores. Todo esto se ha dicho; todos son programas legales y factibles. Y serían, si de verdad se quiere aclimatar la paz, una de las garantías más sólidas para cambiar fusiles por votos y tatucos por azadones. Se oirán las voces de los generales sindicando a las ZRC de Repúblicas Independientes y los gritos de los dirigentes gremiales acusándolas de violar el sagrado recinto de la propiedad privada y de atentar contra la libertad de mercado. Se oirá en el foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral que se inaugura mañana lunes en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada.
Fuente: El Espectador
Tomado de ANNCOL
Escrito por Alfredo Molano Bravo, El Espectador
Todos los intentos de reformar la estructura agraria han fracasado. Desde el gobierno de López Pumarejo hasta el de Andrés Pastrana no se ha hecho nada distinto a titular baldíos, una estrategia pragmática, dada la radical oposición de los latifundistas —armada unas veces, parlamentaria otras— a ceder un centímetro de lo acumulado bajo todas las formas de adquisición.
Entre 1930 y 1970 se adjudicaron unos 11 millones de hectáreas. Las pocas tierras tituladas a los colonos, siempre por intermedio de gamonales y contraprestaciones electorales, terminan en manos de los terratenientes por la mera lógica del mercado. Los colonos entran en bancarrota por las deudas con los comerciantes, que les han vendido caro lo que necesitan para hacer mejoras y comprado barato las cosechas que sacan a la plaza. Cuando el Estado titula, facilita la venta de mejoras a los hacendados y beneficia a los bancos. Así, la colonización es, en realidad, una avanzada del latifundio.
Pasará algo muy parecido con las tierras que el Gobierno logre restituir. Una vez devuelto y titulado el predio, el campesino puede entrar en una de esas siniestras Alianzas Productivas, o venderle —a las buenas o a las malas— a un gran propietario de la zona. En cualquier caso, la titulación es una forma de intermediación para que todo siga igual. En diez años, y habida cuenta del impulso que los gobiernos les darán a las zonas de desarrollo empresarial y a la expansión de la agroindustria, los predios restituidos caerán de nuevo en manos de los terratenientes. Cosa de tiempo. De poco tiempo.
¿Cómo frenar esta dinámica? En 1994, la Ley 160 creó la figura de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como una talanquera —igual que los resguardos indígenas o los consejos territoriales— para proteger a los campesinos y evitar que continúen tumbando montaña o se conviertan en asalariados rurales o urbanos. La pieza clave de esa reforma es la Unidad Agrícola Familiar (UAF): la cantidad de tierra necesaria para sostener con dignidad —y dar trabajo— a una familia nuclear. Uribe y Santos han querido liquidar este concepto de UAF para titular los baldíos a grandes empresas nacionales o transnacionales.
En pocas palabras: para impedir que la tierra continúe concentrándose no hay solución práctica distinta a la creación de ZRC. Ello equivale, más que a una reforma agraria clásica, a un reordenamiento territorial de carácter social y ambiental. La campesina no es solo una economía, es, ante todo, una cultura y por tanto para sobrevivir supone un territorio específico donde esté proscrita la concentración de la tierra.
Una familia campesina puede comprar o vender una UAF, pero ningún particular puede comprar dentro de las ZRC varias fincas para hacer una hacienda. Es el principio básico. En lugar de esas nefastas y tramposas Zonas de Consolidación, controladas por la inteligencia militar para excluir campesinos y manejar recursos sociales con fines militares, el Gobierno debe soltar la tierra, como dice Darío Fajardo. Acordar con las Farc y con el Eln la creación de amplias ZRC en regiones fértiles y no en peladeros; desarrollar programas de crédito subsidiado tal como lo hace para la agroindustria de biocombustibles; contratar la construcción de vías con comunidades campesinas y no con ingenieros militares.
Las Reservas Campesinas no podrían echar raíces ni sostenerse a la larga sin ser complementadas con mercados campesinos que se brinquen la intermediación especulativa entre cultivadores y consumidores. Todo esto se ha dicho; todos son programas legales y factibles. Y serían, si de verdad se quiere aclimatar la paz, una de las garantías más sólidas para cambiar fusiles por votos y tatucos por azadones. Se oirán las voces de los generales sindicando a las ZRC de Repúblicas Independientes y los gritos de los dirigentes gremiales acusándolas de violar el sagrado recinto de la propiedad privada y de atentar contra la libertad de mercado. Se oirá en el foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral que se inaugura mañana lunes en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada.
Fuente: El Espectador
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