Solidaridad
Tomado de Semana
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| A la entrada de La Yucala, en San Fernando, permanece un retén militar cuya única función es evitar que los moradores ingresen materiales de construcción. |
Sábado 3 Noviembre 2012
La mayoría de los 103 años que vivió Tránsito Reyes, estuvo tranquila como una de las tradicionales ocupantes de la finca San Fernando, vecina de la finca Tolemaida, en la frontera entre Cundinamarca y Tolima. A mediados del siglo XX presenció la llegada de los militares y de la construcción de la base militar más importante del país. “Ella le lavaba la ropa al general Rojas Pinilla”, dice uno de sus nietos que sigue residiendo en el lugar y recuerda que cuando su abuela vivía, le contaba de las tradicionales rutinas campesinas de esa época.
Pero no pasó mucho tiempo después de la llegada del Ejército para que las cosas cambiaran. El nuevo vecino comenzó a alegar que las 1.600 hectáreas de tierra de las antiguas fincas San Fernando y Mesa Baja eran también de su propiedad. La reclamación les pareció descabellada a los ocupantes, que hoy suman más de un centenar de familias, muchos de ellos de segunda y tercera generación y otros recién llegados que compraron derechos en estos privilegiados lotes sobre la carretera Panamericana.
Las discusiones con los militares se volvieron el pan de cada día. La comunidad empezó a atribuirles cualquier cerca caída, ganado perdido o daño en los cultivos. Las cosas pasaron a mayores hace una década cuando en San Fernando el transformador de la luz fue baleado, lo que dejó a la comunidad sin el servicio por varias semanas. Se agravó hace cinco años cuando varios residentes regresaron a sus casas y las encontraron por el suelo. Fue muy conocido el caso de una anciana que vivía en una casa prefabricada que solo encontró, al regresar de sus labores, la placa de concreto donde estaba instalada. Ni siquiera la ropa le quedó. Pero la situación tocó fondo cuando los vecinos de Mesa Baja fueron sacudidos por el fuerte estruendo de una explosión que destruyó una de las vías de acceso vehicular.
Las quejas y denuncias de parte y parte ante las autoridades locales nunca arrojaron luz sobre el pleito de tierras ni sobre los responsables de los destrozos. Solo hace un par de años las denuncias llegaron a la Procuraduría General de la Nación, que a través de su delegada Ambiental y Agraria decidió meter mano en el asunto.
Mientras tanto el Ejército decidió montar retenes permanentes para bloquear el ingreso de cualquier clase de material de construcción a los residentes, como constató SEMANA en el sitio. De ahí que la mayoría de estos no pudieron mejorar sus ranchos, que permanecen en condiciones insalubres, pues en algunos casos no les han dejado construir ni los baños. En otros los ocupantes han hecho toda clase de peripecias para lograr entrar los insumos de obra y, paradójicamente, en otros casos algunos de los nuevos residentes han podido edificar fincas de recreo, lo que los antiguos moradores atribuyen a buenos contactos con oficiales de la base.
Los roces entre el Ejército y sus vecinos han tenido recientemente otros desafortunados incidentes, esta vez por el sector de la Base Aérea, en el sitio conocido como La Cajita. Por ejemplo, allí, en medio de fuertes discusiones, el Ejército bloqueó el acceso a sus casas a residentes de varias décadas.
También se han presentado otros incidentes pendientes de aclarar, como el sucedido el año pasado en la residencia de uno de los cuidanderos de otro predio que tiene en entredicho su ocupación. Allí llegaron una noche personas sin identificar y le prendieron fuego a un cobertizo. A los 20 días, según denunció el residente en la Fiscalía local, llegó un piquete de uniformados que atendían las órdenes de alguien de civil e intentaron tumbar la casa prefabricada con los residentes en el interior. En efecto, en el lugar aún se ven las huellas de los destrozos. Hace pocos meses, uno de los ocupantes se aferró a un poste de la luz cuando los soldados llegaron a tumbarlo. Otro lugareño tomó fotos para documentar el incidente. Según el afectado, los hombres encendieron la motosierra de modo amenazante, mientras él insistía que la única forma de cortar el poste era si lo cortaban a él también. Los ánimos se calmaron, el poste sigue en pie y no se conocen de los avances en las denuncias penales y disciplinarias. El brigadier general Guillermo Arturo Suárez, jefe de ingenieros del Ejército, dijo a SEMANA que la política del Ejército es respetar a los ciudadanos. “A través de la Fiscalía y la Inspección del Ejército se adelantan las investigaciones de los supuestos abusos”, dice el general Suárez “lo que hemos hecho es atender los intereses del Estado”.
Con los antecedentes, lo único que se ha logrado es que la comunidad permanezca exaltada. “De aquí solo nos sacan en pedacitos”, dice uno de los voceros de la comunidad, sin ocultar su profundo malestar. La salida negociada que en algún momento se buscó también dejó desazón en la gente. Por ejemplo, una de las líderes cuenta cómo hace un par de años le ofrecieron 4 millones de pesos por la parcela de tres hectáreas y la casa de 120 metros cuadrados que tiene desde hace más de 40 años.
La clave para resolver este embrollo se conocerá esta semana y vendrá por cuenta del Incoder, que acaba de terminar una detallada inspección a los predios, y de revisar la tradición y validez de los títulos presentados por las partes. “Estamos atentos a lo que la justicia determine”, dice el general Suárez. Si se decide que los predios son del Ejército, no es claro lo que va a suceder con las personas que han estado allí por décadas. Es muy probable que por las características del caso se requiera un pronunciamiento judicial para saber si legalmente se puede reubicar o indemnizar y de qué manera a sus moradores. Pero lo cierto es que en cualquier escenario solo los procedimientos administrativos, la justicia y lo que determinen los entes de control deberán tener la última palabra.
Las discusiones con los militares se volvieron el pan de cada día. La comunidad empezó a atribuirles cualquier cerca caída, ganado perdido o daño en los cultivos. Las cosas pasaron a mayores hace una década cuando en San Fernando el transformador de la luz fue baleado, lo que dejó a la comunidad sin el servicio por varias semanas. Se agravó hace cinco años cuando varios residentes regresaron a sus casas y las encontraron por el suelo. Fue muy conocido el caso de una anciana que vivía en una casa prefabricada que solo encontró, al regresar de sus labores, la placa de concreto donde estaba instalada. Ni siquiera la ropa le quedó. Pero la situación tocó fondo cuando los vecinos de Mesa Baja fueron sacudidos por el fuerte estruendo de una explosión que destruyó una de las vías de acceso vehicular.
Las quejas y denuncias de parte y parte ante las autoridades locales nunca arrojaron luz sobre el pleito de tierras ni sobre los responsables de los destrozos. Solo hace un par de años las denuncias llegaron a la Procuraduría General de la Nación, que a través de su delegada Ambiental y Agraria decidió meter mano en el asunto.
Mientras tanto el Ejército decidió montar retenes permanentes para bloquear el ingreso de cualquier clase de material de construcción a los residentes, como constató SEMANA en el sitio. De ahí que la mayoría de estos no pudieron mejorar sus ranchos, que permanecen en condiciones insalubres, pues en algunos casos no les han dejado construir ni los baños. En otros los ocupantes han hecho toda clase de peripecias para lograr entrar los insumos de obra y, paradójicamente, en otros casos algunos de los nuevos residentes han podido edificar fincas de recreo, lo que los antiguos moradores atribuyen a buenos contactos con oficiales de la base.
Los roces entre el Ejército y sus vecinos han tenido recientemente otros desafortunados incidentes, esta vez por el sector de la Base Aérea, en el sitio conocido como La Cajita. Por ejemplo, allí, en medio de fuertes discusiones, el Ejército bloqueó el acceso a sus casas a residentes de varias décadas.
También se han presentado otros incidentes pendientes de aclarar, como el sucedido el año pasado en la residencia de uno de los cuidanderos de otro predio que tiene en entredicho su ocupación. Allí llegaron una noche personas sin identificar y le prendieron fuego a un cobertizo. A los 20 días, según denunció el residente en la Fiscalía local, llegó un piquete de uniformados que atendían las órdenes de alguien de civil e intentaron tumbar la casa prefabricada con los residentes en el interior. En efecto, en el lugar aún se ven las huellas de los destrozos. Hace pocos meses, uno de los ocupantes se aferró a un poste de la luz cuando los soldados llegaron a tumbarlo. Otro lugareño tomó fotos para documentar el incidente. Según el afectado, los hombres encendieron la motosierra de modo amenazante, mientras él insistía que la única forma de cortar el poste era si lo cortaban a él también. Los ánimos se calmaron, el poste sigue en pie y no se conocen de los avances en las denuncias penales y disciplinarias. El brigadier general Guillermo Arturo Suárez, jefe de ingenieros del Ejército, dijo a SEMANA que la política del Ejército es respetar a los ciudadanos. “A través de la Fiscalía y la Inspección del Ejército se adelantan las investigaciones de los supuestos abusos”, dice el general Suárez “lo que hemos hecho es atender los intereses del Estado”.
Con los antecedentes, lo único que se ha logrado es que la comunidad permanezca exaltada. “De aquí solo nos sacan en pedacitos”, dice uno de los voceros de la comunidad, sin ocultar su profundo malestar. La salida negociada que en algún momento se buscó también dejó desazón en la gente. Por ejemplo, una de las líderes cuenta cómo hace un par de años le ofrecieron 4 millones de pesos por la parcela de tres hectáreas y la casa de 120 metros cuadrados que tiene desde hace más de 40 años.
La clave para resolver este embrollo se conocerá esta semana y vendrá por cuenta del Incoder, que acaba de terminar una detallada inspección a los predios, y de revisar la tradición y validez de los títulos presentados por las partes. “Estamos atentos a lo que la justicia determine”, dice el general Suárez. Si se decide que los predios son del Ejército, no es claro lo que va a suceder con las personas que han estado allí por décadas. Es muy probable que por las características del caso se requiera un pronunciamiento judicial para saber si legalmente se puede reubicar o indemnizar y de qué manera a sus moradores. Pero lo cierto es que en cualquier escenario solo los procedimientos administrativos, la justicia y lo que determinen los entes de control deberán tener la última palabra.
Aun así contrasta la forma como los tradicionales ocupantes han tenido que vivir y cómo nuevos propietarios han logrado construir sus quintas de recreo.
Estas imágenes tomadas por residentes del sector de La Cajita registran los airados encuentros entre la comunidad y hombres uniformados, y uno de los recientes incidentes cuando uno de los moradores corrió a abrazarse a un poste para evitar que lo tumbaran con una motosierra.
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