Opinión
tomado de ANNCOL
Escrito por Alfonso Insuasty Rodríguez
En un articulo enviado a ANNCOL escrito por ALFONSO INSUASTY RODRÍGUEZ, docente Investigador e integrante del grupo GIDPAD de la Universidad de San Buenaventura, Colombia, como respuesta alDECRETO 2235 que declara a todos los mineros colombianos como ilegales y ordena en el plazo de 10 días a la policía nacional iniciar la destrucción de sus bienes, maquinaria, insumos, herramientas, se trata del desarrollo de una norma supranacional que el gobierno promovió en la CAN (Comunidad Andina), allí llegaron a la decisión 774 que declara atacar en toda Latinoamérica la minería “ilegal”, que va a generar más y más conflictos.
Creemos que el artículo es un buen aporte al debate de Paz cuando se va a discutir el primer punto de la Agenda entre el Gobierno y la Delegación de Paz de las FARC-EP en la Habana el 15 de noviembre que será el tema de la tierra.
Como describía Iván Márquez en Oslo la tenencia de la tierra en donde las minerías ocupan once (11) millones de hectáreas de los 114 millones de hectáreas que tiene Colombia. Esa cifra se puede comparar con los “4.7 millones que están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año. Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los intereses de una economía de enclave”, subrayó el comandante guerrillero en suintervención. Además acusó al gobierno de poner 90.000 militares a proteger las instalaciones de las transnacionales que explotan los recursos naturales del pueblo colombiano.
No es un ningún secreto que Santos y los generales consideran a los mineros artesanos como auxiliadores a la guerrilla, y esa “alianza hay que derrotar”, por la cual el mandatario colombiano y el congreso nacional ordenan a las FF.MM. a arrasar con miles de mineros artesanos que sobreviven en muy precarias condiciones de vida y de trabajo con sus familias. No son ellos que poseen de las once millones de hectáreas en el país, sino a las grandes transnacionales o nacionales, los patronos de Santos.
ANNCOL
¿De qué paz hablamos?
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez [i]
Mientras se discute sobre la paz, se ahondan las medidas legales y militares para garantizar la entrega de los recursos nacionales a las multinacionales, pasando por encima de las necesidades propias.
Por iniciativa del gobierno de Juan Manuel Santos (el mismo que adelanta escenarios de negociación para consolidar la Paz en Colombia), fue llevado ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores el pasado 30 de julio de 2012, en Lima Perú, reunión ampliada en la que se encontraban los representantes titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina, la propuesta de Decisión a adoptarse, basados en el Acuerdo de Cartagena, para determinar medidas en contra de la llamada minería ilegal, en éste orden se adoptó en dicha reunión de la CAN, la Decisión 774 que se denominó: Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal.
El núcleo de dicha decisión fue: “los países miembros se encuentran facultados para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, para lo cual los Gobiernos reglamentaran la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de hacer efectiva éstas medidas” (Articulo 6 Decisión N 774 del 30 de julio de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones, CAN)
El gobierno Colombiano se la jugó en apostarle al criterio de “norma supranacional y vinculante” que cobija a las normas adoptadas por la Comunidad Andina de Naciones tal y como lo señala la Corte Constitucional mediante sentencia C-137 de 1996, un efecto conocido como preemtion, es decir que dicha norma goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia y por lo tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza (que no deroga) la norma nacional.
Es por este carácter supranacional que ésta Decisión pudo ser reglamentada de manera rápida y sin siquiera pasar por el Congreso de la República, agilidad en el desarrollo de la reglamentación que no ocurre de cara a darle trámite y solución a los temas gruesos y estructurales declarados por la Corte Constitucional como “Estado de Cosas Inconstitucional”, por ejemplo.
Este trámite para lograr la Decisión de la CAN, liderado por el gobierno nacional colombiano, es claramente una medida protectora de la inversión extranjera a costa del impacto social de quienes habitan este país.
El 30 de Octubre de 2012 el Gobierno Nacional emitió el Decreto Presidencial Número 002235 de 2012 por el cual se reglamente el artículo 6 de la decisión N 774 del 30 de julio de 2012 de la CAN, decretando en su artículo 1: La “Destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias previstas en la Ley”. Ordena a la Policía Nacional iniciar dicha labor en un lapso de 10 días.
Ya el ex-ministro Mauricio Cárdenas y el actual ministro de Minas Federico Rengifo, afirmaron en público (y sin sonrojo), que la política oficial es la de tratar como criminales a los mineros artesanales, a los pequeños y medianos empresarios de la minería Nacional.
Para éste gobierno, los mineros ilegales son todos los que no cuentan con un título minero o una licencia ambiental y por ende, contra ellos se procederá la Medida Jurídica.
El fondo de todo éste juego normativo es claro, privilegiar a las Multinacionales, ceder a la presión de estas empresas en contravía de los intereses y necesidades nacionales y por ende se constituye en un golpe Legal a la soberanía Nacional, la soberanía en el uso de autónomo de los recursos naturales y la autonomía de los pueblos.
Discursos y argumentos falaces
Es sencillo demostrar el carácter falas del discurso de defensa del medio ambiente y las comunidades sustento de éstas decisiones jurídicas:
-Informe De La Contraloría Sobre Medio Ambiente: el informe de la Contraloría titulado “Estado de los Recursos naturales y del ambiente 2010 – 2011” da pistas importantes sobre la dimensión de éste problemática, dicho informe parte este sustento: la Constitución elevó los derechos de tercera generación a un nivel superior, entre estos, aquellos referidos a los derechos colectivos como el disfrute de un medio ambiente sano, y la protección de la bio-diversidad y los recursos naturales.
Dicho informe proporcionar elementos conceptuales adicionales para evaluar la actividad minera, que contribuyan a la discusión pública de éstos asuntos y a la toma decisiones, ya sea para reorientar, confirmar o modificar las actuaciones públicas alrededor de esta temática. El informe parte de éstas importantes hipótesis que logra corroborar:
1) El desarrollo actual de la actividad minera evidencia de manera importante la relación entre poder y derecho, en el sentido de que, a través de una distorsión y confusión de los principios establecidos en la Carta del 91, en la práctica se observa que el poder garantiza el derecho.
2) La disociación entre lo formal y lo real, la formalidad que se proclama en las normas y protocolos y la realidad, que se evidencia en los hechos en relación con los derechos colectivos y del medio ambiente y los derechos de las minorías y las comunidades.
El examen de la actividad minera en la actualidad, a la luz de los resultados obtenidos, muestran un desfase entre la teoría y la práctica, una teoría formal del deber ser que dista de lo que se observa en la realidad, donde los derechos colectivos aun son vistos de forma retórica por los rectores y ejecutores de políticas y actividades que como la minería aun no han incorporado de manera efectiva y real los avances que en ese sentido logró la Constitución de 1991.
Según la Contraloría General de la República existen problemas estructurales de todo orden para la defensa del medio ambiente, para: otorgar títulos, garantizar el pago del pasivo ambiental, calcular dicho pasivo, el control de la tributación, el desarrollo de nuevas tecnologías, armonizar las Leyes, garantizar un impacto real al desarrollo de las comunidades en los entornos mineros, definir donde sí y donde no se puede o debe realizar la actividad extractiva, garantizar empleo real, definir qué actividad extractiva es de utilidad pública, garantizar inversión real, etc, etc
Desordenes y desajustes estructurales de todo orden de cara a la entrada de la gran minería en Colombia y con todo esto por arreglar, enderezar, mejorar pues se privilegian normas que protegen el interés transnacional en contravía de la realidad local como lo son la Decisión de la CAN y su respectivo Decreto Presidencial en Colombia.
Acuerdos Incumplidos: Por otro lado vale decir que las asociaciones de mineros han venido intentando acordar con el gobierno nacional unos mínimos para regular su actividad, una regulación que propenda por la defensa de su actividad económica, así como la defensa del medio ambiente, el agua, el respeto por las comunidades.
Es así que el 30 de noviembre del año 2011, se creó la Mesa de trabajo en coordinación con la Confederación Minera de Colombia, previo al anuncio de Paro Nacional de finales de 2011. Se buscaba entonces, acordar mecanismos de formalización de la actividad minera Nacional, allí se logró llegar a una acuerdo el cual fue firmado por el viceministro de Minas. Tiempo después, fue anulado dicho acuerdo por el mismo Ministerio, argumentando que el funcionario enviado, el vice-ministro, no contaba con la competencia para decidir, solo era un vocero.
En el mes de Julio de 2012, previo al anunciado paro del 1 de Agosto de 2012, vuelve a reunirse el Gobierno Nacional ahora en cabeza del Ministro de Minas Mauricio Cárdenas (hoy ex-ministro), y se logra frenar nuevamente el paro con la firma de otro acuerdo en el que se establecía crear los mecanismos para la formalización de la minería nacional y crear laboratorios para dicho fin.
Acuerdos incumplidos pero que lograron frenar los paros previstos, podría pensarse, para ganar tiempo y que el Gobierno tramitase lo que ya hoy es un hecho.
Con lo dicho, podemos decir que han sido burlados, gracias a tecnicismos jurídicos, los acuerdos logrados y ahora en definitiva “totalmente burlados” con la en firme Decisión de la CAN y su respectiva Resolución Presidencial del 30 de octubre de 2012.
Es clave entender también que, estamos ante un fenómeno que afecta todos los pueblos latinoamericanos, asistimos a un claro neo-colonialismo explotador y que por ello ésta lucha ha de estar articulada, la respuesta también ha de ser internacional, una lucha de los pueblos latinoamericanos en defensa de sus territorios, de su autonomía, de su soberanía.
Desalojos de mineros informales para defender intereses de multinacionales: Muchos son los casos en los que se evidencia gracias al ajuste de la Normatividad nacional e Internacional que pone al servicio de dichos intereses foráneos toda la institucionalidad aún en desmedro del colombiano.
Como ejemplo de ello se relaciona el caso del municipio de Buriticá – Antioquia, tal y como aparece en el diario oficial y oficialista de “El Tiempo”, “La Continental Gold destruyó 36 minas donde trabajaban 600 mineros informales Colombianos” y se describió así:
“Metiéndose en las ruinas de un socavón y arriesgando su propia vida el minero José Neil Acevedo buscaba entre los escombros las herramientas que quedaron atrapadas, después de que la Continental Gold volara la bocamina donde el humilde hombre trabajó hasta el pasado martes.
Él es uno de los 600 mineros informales que quedaron sin trabajo después de que la multinacional realizara el operativo que terminó con la destrucción de 36 socavones. “Solo pude recuperar un pico y la pala. Pero de qué me sirven si ya no tengo donde trabajar”, se lamenta José.
La Continental Gold es la titular de más de 13 mil hectáreas en el municipio del occidente antioqueño y según el alcalde de Buriticá, Carlos Mario Varela, el operativo que se realizó en las últimas dos semanas es el resultado de unos Amparos Administrativos solicitados por la empresa, que lo obligaron a desalojar las minas usadas por los mineros informales Colombianos.
“La Ley me obliga a desalojarlos, si no lo hago me abrirían una investigación. Ellos (la multinacional) interpusieron unos 70 y tengo que cumplirlos, pero la responsabilidad de si vuelan o no las minas es disposición de la Continental, no mía”, se excusó el mandatario.
Con esto está de acuerdo el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño: “Las minas son de esa empresa y ellos pueden disponer del terreno”, añadió el funcionario. Aunque aparentemente todo esté dentro del marco legal, los abogados de los mineros no opinan lo mismo.
“No podían efectuar las voladuras en esos terrenos porque según la Ley 1382, las minas que tengan un proceso de legalización no pueden cerrarse y las minas que fueron destruidas tenían dos procesos de formalización”, aseguró Fernando Molina, abogado de los mineros. El jurista aclaró que lo único que piden es que la administración municipal y departamental “construya una estrategia que proteja a los mineros informales”.
Pero Luis Eduardo Gómez, uno de los primeros mineros que conoció el pueblo, no entiende cómo una empresa extranjera puede adueñarse de sus terrenos, volarle la mina y no recibir ninguna retribución económica..
Reunión con la Nación fue improductiva
El pasado jueves el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo se reunió con el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, para entablar el diálogo con respecto a la decisión de quitarle la competencia al gobierno departamental de la titulación minera. Sin embargo, según le comentaron a este diario fuentes de alto nivel, ese encuentro fue improductivo y generaron más dudas que soluciones. Según lo planeado por la Gobernación, Buriticá sería el piloto para llegar a la legalización de los mineros informales, pero la decisión del Ministerio de Minas tiende a frenar ese proceso. “Es que la minería es una tradición nuestra de siglos, eso hace parte de la identidad del departamento. La minería está en la base del desarrollo industrial (...) A mí no me gusta utilizar este concepto, pero desde Bogotá no se entiende lo que ocurre en el territorio”, ha dicho Fajardo.” (Yeison, 2012)
Concluyendo:
Debemos luchar como sociedad, como pueblo, por la defensa de nuestros territorios, del agua, la agricultura, las culturas ancestrales, nuestra identidad, armonizar lo que somos, realizar verdaderos acuerdos sociales en pro de la defensa de unos mínimos valores que como colectivo construyamos.
Esta lucha ha de estar articulado a la lucha de todos los pueblos de Latinoamérica por la defensa de sus territorios, del agua y de su cultura ya autonomía.
En éstas luchas a nivel nacional, existen matices y diferencias, pero ante este contexto y ante este estado de cosas, urge como habitantes de este país y bajo el principio de la UNIDAD, ahondar en la articulación de las luchas por la defensa de la soberanía, el agua, los recursos y la defensa del territorio.
Así concluye la resolución Presidencial que reglamenta en Colombia la Decisión de la CAN:
ARTíCULO 5. Vigencia: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Referencias Bibliográficas:
Contraloría General de la República. (2011). Estado de los recursos naturales y del medio ambiente 2010-2011. Bogotá D.C: Contraloría General de la República.
disposicion referente al uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin la autorización y exigencias en la ley, Decisión 774 (Comunidad Andina de Naciones CAN 30 de 07 de 2012).
Por el cual se reglamenta el articulo 6 de la Decision 774 del 30 de julio de la CAN, Decreto 002235 (Ministerio de defensa Nacional 30 de 10 de 2012).
Yeison, G. (07 de 2012). Mineros de Buriticá (Antioquia) piden que les regresen socavones. Recuperado el 12 de 11 de 2012, dewww.eltiempo.com: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12054724.html
[i] Docente Investigador integrante grupo GIDPAD de la Universidad de San Buenaventura Colombia e integrante del Grupo de Investigación para la trasformación Kavilando www.kaviando.org Alfonso.insuasty@gmail.com
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