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Tomado de El Tiempo
Juez agrario ordenó frenar desalojos de territorios colectivos, tras falló a favor de palmera.
Un juez agrario de Pasto frenó el desalojo de familias negras de los territorios colectivos de Bajo Mira y Frontera, en Nariño, luego de que un juzgado de Tumaco ordenó la recuperación de una porción de esas tierras para una empresa palmicultora de la región.
La decisión, la primera en la que un juez agrario ordena medidas cautelares (congelación de cualquier compraventa), también les pide a las autoridades garantizar la seguridad de los campesinos que habitan en los territorios, ante la posibilidad de desalojos ilegales por parte de la empresa.
Basado en información recogida por la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura, el juez dice que varias familias de esta zona fueron obligadas a vender por la presión de los grupos armados ilegales.
La decisión cita testimonios de líderes que aseguran que los ilegales les daban tres días para salir de la tierra: "Aun si les pagan, es desplazamiento porque no les dejan otra opción", indica la decisión.
La expansión a través de compras masivas por parte de la empresa comenzó en el año 1998 en territorios vecinos de las 46.000 hectáreas que para ese entonces estaban en proceso de titulación del Incora (actual Incoder) al Consejo Comunitario afrodescendiente. Este proceso se terminó en el 2003, en medio de solicitudes de los campesinos a los empresarios para frenar las compras masivas en la región.
Sin embargo, sin que exista certeza del Incoder de si las reclamaciones están sobre territorios colectivos o no, la empresa reclama parte de la tierra diciendo que fue adquirida legalmente.
"Un sinnúmero de elementos iniciales nos permiten inferir una posible afectación a unos derechos colectivos, que si bien no pueden definirse de manera conclusiva en este trámite, sí requieren de la intervención de este órgano judicial para evitar una afectación mayor", indica.
Y cuestiona porque, desde que la empresa inició las reclamaciones en el 2007, hay un compromiso del Incoder de delimitar los linderos del territorio colectivo, pero aún no se vislumbra una posición clara sobre el tema.
La decisión, la primera en la que un juez agrario ordena medidas cautelares (congelación de cualquier compraventa), también les pide a las autoridades garantizar la seguridad de los campesinos que habitan en los territorios, ante la posibilidad de desalojos ilegales por parte de la empresa.
Basado en información recogida por la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura, el juez dice que varias familias de esta zona fueron obligadas a vender por la presión de los grupos armados ilegales.
La decisión cita testimonios de líderes que aseguran que los ilegales les daban tres días para salir de la tierra: "Aun si les pagan, es desplazamiento porque no les dejan otra opción", indica la decisión.
La expansión a través de compras masivas por parte de la empresa comenzó en el año 1998 en territorios vecinos de las 46.000 hectáreas que para ese entonces estaban en proceso de titulación del Incora (actual Incoder) al Consejo Comunitario afrodescendiente. Este proceso se terminó en el 2003, en medio de solicitudes de los campesinos a los empresarios para frenar las compras masivas en la región.
Sin embargo, sin que exista certeza del Incoder de si las reclamaciones están sobre territorios colectivos o no, la empresa reclama parte de la tierra diciendo que fue adquirida legalmente.
"Un sinnúmero de elementos iniciales nos permiten inferir una posible afectación a unos derechos colectivos, que si bien no pueden definirse de manera conclusiva en este trámite, sí requieren de la intervención de este órgano judicial para evitar una afectación mayor", indica.
Y cuestiona porque, desde que la empresa inició las reclamaciones en el 2007, hay un compromiso del Incoder de delimitar los linderos del territorio colectivo, pero aún no se vislumbra una posición clara sobre el tema.
También hay explotación ilegal
Entre 800 y 1.500 hectáreas son utIlizadas sin permiso
Basado en un informe del Incoder, el juez agrario cuestiona el que no se hayan tomado medidas efectivas frente a la explotación ilegal de empresas palmeras en el territorio colectivo. "En la actualidad varias empresas palmeras están trabajando ilegalmente en el territorio titulado", indica y destaca que entre 800 y 1.500 hectáreas de territorios colectivos estarían siendo explotadas sin permiso por empresas del sector palmero.
Esta situación de riesgo ya fue advertida por la Corte Constitucional.
Esta situación de riesgo ya fue advertida por la Corte Constitucional.
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