Hay suficiente legislación para hacer la paz, falta voluntad política

Opinión paz en Colombia
Tomado de PCC
Por: Nelson Lombana Silva .- PaCoCol 
Miércoles, 31 Octubre 2012 04:55





(Ibagué, octubre 31 de 2012) El conocido abogado penalista tolimense, Rafael Aguja Sanabria, habló sobre las normas vigentes que podrían contribuir al proceso de paz iniciado entre el gobierno nacional y las fuerzas armadas revolucionaras de Colombia, ejército del pueblo, FARC – EP. Se intuye de la entrevista que hay suficiente legislación para el buen desarrollo y concreción del proceso de paz, pero lo que falta en mayor cantidad por parte de la clase dirigente es más voluntad política, que permita que el histórico proceso de diálogo desemboque en hechos concretos y positivos para los colombianos y colombianas.



Le preocupa al doctor Aguja Sanabria la ley o leyes estatutarias, las cuales es o son competencia del Congreso de la República, por cuanto no todos los congresistas están con la salida política al conflicto. Es más, se sabe que más del 35 por ciento de los legisladores fueron elegidos, al parecer, con dineros del narcotráfico y el aval del paramilitarismo.


Señala el profesional del Derecho que “el proceso de paz está plagado de inconvenientes, de sorpresas y por supuesto, de mucha resistencia de la extrema derecha, que no está comprometida con el proceso de paz”. Seguramente está en contra el paramilitarismo y quienes ilegalmente se apoderaron de grandes extensiones de tierra.


Según el abogado penalista natural de la encantadora “dulce Coyaima indiana”, el partido de la U, al cual pertenece el presidente Juan Manuel Santos, se podría polarizar entre los partidarios del diálogo que lidera el presidente y los partidarios de la guerra que lidera el ex presidente Uribe Vélez que también hace parte de esta divisa política y que no sabe hablar de otra cosa que no sea la guerra, la violencia y la destrucción.


También fija su posición sobre el fuero militar destacando que el riesgo de abrir un boquete a la impunidad es factible, aunque reconoce que tiene aspectos destacables.


El semanario VOZ La verdad del pueblo y la página web: www.pacocol.org lo entrevistaron y esto contestó:


1.      Doctor Rafael Aguja Sanabria, ha comenzado diálogo entre el gobierno nacional y la insurgencia armada de las FARC – EP. ¿Desde la perspectiva jurídica hay espacio para que el ejercicio pueda terminar bien y la paz sea una realidad?


Desde luego, y esperamos que el proceso tenga finalmente éxito. Desde el punto de vista jurídico es necesario tener en cuenta que primero se estableció lo que se ha denominado el marco jurídico de la justicia transicional o de transición, mediante la cual se procura crear o se crearon los mecanismos necesarios para la solución del conflicto armado interno, especialmente el que nos aqueja a nosotros desde hace más de 50 años.


De otro lado, tenemos que tener en cuenta que se expidió lo que se ha denominado el marco jurídico para la paz, que ya es norma constitucional como quiera que así aparezcan en los artículos transitorios 66 y 67 de la constitución política de 1991.


Pero tenemos que recordar  que primero se expidió la ley 418 de 1997, cuya vigencia se ha prolongado a través de distintas leyes hasta el día de hoy, y sigue vigente que se crearon mecanismos para la desmovilización de la insurgencia armada política y militar, bien que fuera de manera colectiva o bien que fuera de manera individual.


Y, a su vez, se expidió la ley 975 de 2005, que creó los mecanismos para la desmovilización del paramilitarismo en Colombia y que es muy criticada desde el punto de vista de los frutos que pudo haber arrojado, que siguen siendo cuestionables, precisamente, que sucediera en este país.


De todas maneras, tenemos cuatro referentes que son importantes tener en cuenta dentro de este nuevo proceso de negociaciones entre la insurgencia armada y el gobierno nacional, que son la justicia transicional, el marco jurídico para la paz, la experiencia que nos quedó respecto de la aplicación de la ley 975 de 2005 y los frutos que sigue dando aún en este momento la ley 418 de 1997, sobre la desmovilización individual o colectiva de la insurgencia política y militar.


Dentro de este marco jurídico múltiple que acabo de enunciar caben precisamente las negociaciones que se iniciaron en Oslo capital de Noruega, entre las FARC y el Gobierno y que están programadas para seguirlas en Cuba, precisamente. Pero, hay mucha reserva acerca de que los resultados de estas conversaciones estén sujetas a una ley estatutaria o a varias leyes estatutarias que debe expedir el congreso de la república, entre otras razones porque no todos los parlamentarios están comprometidos con el proceso de paz, porque no todos están preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza y, tarde o temprano, también se vislumbra la posibilidad de que esos acuerdos terminen en una convocatoria a una constituyente que permita legitimar lo que se acuerde en la Habana para desmontar definitivamente el conflicto armado en Colombia.


De manera que desde este panorama, no es que el futuro sea oscuro, lo que decimos es que el proceso de paz está plagado de inconvenientes, de sorpresas y por supuesto, de mucha resistencia porque hay amplios sectores de la opinión pública y de los interesados en el manejo de los dineros públicos y de la empresa privada que no están comprometidos plenamente con este proceso de paz, aún cuando en estos momentos hay consenso en términos generales de todos los estamentos nacionales, incluyendo el estamento militar para que resulte algo de esas conversaciones muy promisorios para el país y que permita definitivamente cimentar la paz entre los colombianos con una nueva perspectiva y sobre unas bases jurídicas distintas a las actuales.


2.     Usted hablaba de unos inconvenientes. ¿Podría decir uno que son más inconvenientes de tipo político que jurídico?


Inconvenientes de toda índole. Aquí hay inconvenientes políticos, desde luego. La extrema derecha no está comprometida con el proceso de paz; los rezagos del paramilitarismo tampoco; quienes acumularon tierra a través del conflicto armado interno, no quieren y no desean que se haga un replanteamiento de la reforma agraria que se desmontó durante la administración de Misael Pastrana Borrero, precisamente en el Tolima y más concretamente en Chicoral.


De manera que, desde ese punto de vista, hay mucha resistencia al proceso de paz, pero también hay resistencia de carácter jurídico, fijémonos en el enunciado que le acabo de hacer, son múltiples las dificultades que vamos a encontrar y desde luego, si no hay un congreso de la república por personas comprometidas con la paz, fácilmente el proceso de paz puede naufragar, porque no se va a poder materializar en leyes estatutarias como está demarcado por el marco jurídico para la paz que ya hace parte de la constitución nacional como también lo enunciamos antes.


Y así sucesivamente, hay muchos, pero muchos, muchos, obstáculos que superar y ojalá tengamos la paciencia y la tranquilidad suficiente para que esos obstáculos de distinta índole que afectan el proceso de paz, se puedan superar y finalmente, podamos convenir una serio de acuerdos que nos permitan, no solamente de la reforma de la constitución en lo que se requiera, sino además, que tengamos los mecanismos y la instrumentación necesaria para cimentar la paz de manera definitiva entre nosotros los colombianos.


3.     Cuando usted habla sobre la preocupación que le genera el Congreso, ¿Está haciendo referencia a ese 35% que se suele decir fueron elegidos por presión del paramilitarismo o los famosos dineros del narcotráfico?


Mire: A partir de la convención o simulacro de convención que hizo el partido de la U, tenemos una realidad política distinta en el país, creo que definitivamente el país se va a polarizar en el sentido de quienes están con el presidente Santos desde la perspectiva de la negociación de paz que se acaban de iniciar y quienes están con el ex presidente Uribe desde la perspectiva de seguirse oponiendo a los acuerdos de paz con el enunciado que con el terrorismo no se puede negociar y que no se le puede dar impunidad al terrorismo. Y además, que no se puede permitir que los terroristas hagan política en Colombia.


De manera parece que esos personajes no se han leído el artículo 13 de la constitución nacional que establece, no solamente el principio de la igualdad, sino también el preámbulo de la constitución y el artículo primero, que dice que Colombia es un país pluralista y coparticipativo. Creo que la extrema derecha va haber una férrea oposición al proceso de paz que se inició en Oslo. Pero como el pueblo colombiano es mayoritario desde el punto de vista de que quiere la paz, estimamos que las mayorías colombianas desde esta perspectiva se puedan organizar lo suficiente para que tengamos finalmente un proceso de paz seguro y exitoso y que se puedan superar los obstáculos que vayan saliendo a través de su desarrollo, porque la exigencia de paz en Colombia es superior a los pequeños o grandes intereses personales de cada quien.


4.     Doctor Rafael Aguja Sanabria: En vez de pretender polarizar el país entre Santos y Uribe, ¿No sería más correcto polarizar la nación entre los partidarios de la vida que son los amigos de la paz y los partidarios de la muerte que son los que pregonan la guerra?


Yo estoy de acuerdo con una respuesta positiva a su pregunta. Para allá vamos. Es decir, ahorita hay una manifestación expresa, repito, al interior del partido de la U, no al interior de toda la república de Colombia y sus habitantes, pero vamos para un proceso de polarización en ese sentido: En quienes estamos de acuerdo con la paz y quienes están de acuerdo con el conflicto armado interno que nos afecta se solucione por la vía militar.


Notemos cómo, inclusive desde los estamentos de la reserva de las fuerzas militares y de la policía nacional, con muchas dificultades pero empiezan a aflorar voces que están con la participación activa de las reservas de las fuerzas militares y de la policía nacional en el proceso de paz, o sea, que le están apostando ya a la paz. Eso es un buen síntoma y tenemos que aprovecharlo lo suficientemente para hacer que se fortalezcan las organizaciones de quienes en estos momentos estamos por la paz, tratando de aislar y de quitarle eficacia a quienes se oponen al desarrollo de las conversaciones que se han iniciado entre el gobierno y las FARC en procura de la paz en Colombia.


La paz va a ser de todas maneras un punto de referencia en lo sucesivo y lo mismo todo lo que compone el programa ya convenido entre las FARC y el gobierno nacional, entre otras cosas, no va a ser nada fácil el problema de la reforma agraria, llamémoslo reforma agraria. Recordemos cómo ya se había dicho por personas conocedoras del tema que cualquier proceso de paz, necesariamente, tenía que pasar por el meridiano de la propiedad y la tenencia de la tierra en Colombia. Eso es así, pero es preciso que nos armemos de valor y de tranquilidad para superar esas diferencias y por supuesto, mejorar hasta donde sea posible la ley de tierras o la de restitución de las tierras, porque esa ley corre el peligro de que se empantane a pesar de los esfuerzos que está haciendo gobierno porque esa ley funcione. Pero también tiene sus riesgos y de pronto la ley no es lo suficientemente efectiva como en un principio se pensó. El diálogo está abierto, las posturas políticas van a ser en extremo beligerantes, pero superado esa situación, encontramos que el panorama se despeja hacia el futuro y es promisorio para la república de Colombia y para el pueblo en general.


5.     ¿No es una talanquera el fuero militar que ha estado tan en boga en los últimos años para el proceso de paz?


El fuero penal militar se va a reformar, o mejor dicho ya en la práctica podemos decir que el proyecto de acto legislativo reformatorio del artículo 121 de la constitución es un hecho.


Pero se va a reformar en una situación totalmente distinta a como se consignó en  el proyecto de reforma judicial que por fortuna naufragó cuando ya se iba a convertir en norma constitucional.


Esta nueva diagramación del fuero penal militar se precisan hasta donde sea posible desde el punto de vista jurídico, las situaciones en que realmente los hechos que se sucedan, especialmente en desarrollos de operativos militares y policiales, sean constitutivos de conductas penales militares. Es decir, de delitos típicamente militares.


No me gusta mucho el que se haya constituido una especie de tribunal, o se vaya a constituir una especie de tribunal preventivo y anticipado para que defina si la investigación se va a realizar por la justicia penal militar o si se va a realizar por la justicia ordinaria. Creo que eso va a ser un obstáculo para la aplicación de esas situación, pero lo que sí es conveniente es que se determine de una vez por todas qué delitos son típicamente militares y si corresponden a la jurisdicción penal militar y qué delitos son comunes a pesar que afecte situaciones de orden público y tengan de pronto contenido político, pero que son de competencia de la jurisdicción penal ordinaria.


Creo que de pronto ganamos en claridad desde este aspecto, pero de todas maneras, se sigue señalando que el fuero penal militar corre el riesgo de convertirse en una puerta abierta para la impunidad. Yo estimo que no, pero hay voces muy serias que dicen que sí.


Este creo que no sea un obstáculo, y sobre todo, porque finalmente en palabras del general Navas, comandante de las fuerzas militares, lo que están buscando los estamentos militares en servicio activo es que haya un derecho operacional. Es decir, que las operaciones militares y policiales en su desarrollo, estén amparadas por un marco legal que no permita desbordamiento de la jurisdicción bien que sea militar o bien que sea ordinaria. Eso, desde luego, no deja de ser riesgoso, pero estimo que en este momento en que estamos en un proceso de claridad de situaciones, el fuero penal militar salga como salga del congreso en estas circunstancias lejos de convertirse en un obstáculo, debe convertirse en una herramienta clarificadora de la situaciones y especialmente en las situaciones en que se ha visto comprometidos amplios sectores de las fuerzas militares y de la policía nacional con los denominados de manera muy emblemática como “falsos positivos”.


De manera que esto también va a crear, y esperemos que sea una fuente de claridad para solucionar este tipo de problemas y no para enredar más la situación de quienes en estos momentos, por ejemplo, están detenidos a títulos de ser militares por delitos cometidos en desarrollo de operaciones militares y policiales.