Denuncia a ANNCOL: Arremetida hoy contra los presos en ENRON en la cárcel de La Picota

Tomado de ANNCOL
 

GRI acusado por brutalidad y ladrón

Arremetida hoy contra los presos en ENRON en la cárcel de La Picota

 

ANNCOL

 

BOGOTA / 2012-10-15 / El Grupo de Reacción Inmediata, GRI, conocido por su brutalidad en las cárceles colombianas, arremetió esta mañana contra los presos en la sección ENRON en la cárcel de La Picota, al sur de Bogotá.

– Los agentes del GRI entraron y comenzaron a tirar y dañar ropas, pertinencias y cosas que tenemos los presos en nuestras celdas. Hasta consumieron golosinas o alimientos que los presos tenemos.

La denuncia hace Joaquin Pérez, director de ANNCOL y recientemente sentenciado en la primera instancia a ocho años de cárcel en un montaje judicial sin precedentes por presuntas relaciones con las FARC.

El compañero sugiere, dos días antes el comienzo del proceso de paz en la capital noruega, al presidente JMSantos de revisar el tratamiento de ese cuerpo represivo, abusivo y ladrón del El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario , INPEC.

– Si la meta del gobierno de Santos es demobilizar a la guerrilla, entonces debería también desmobilizar el GRI, agrega el compañero antes que se corta la comunicación.

Noticia en desarrollo. . . .

1) Leer más: “La cárcel no es un instrumento de la justicia, es en realidad instrumento del poder”. Escribe JOAQUÍN PÉREZ BECERRA desde las mazmorras de la cárcel La Picota, nota hecha el año pasado. Leer más.

2) LEER y VER MÁS EN LA SIGUIENTE VIDEO-DENUNCIA del abogado español ENRIQUE SANTIAGO que visitó varias cárceles en Colombia el año pasado y que hizo varias denuncias sobre la situación totalmente infrahumana.

 

Sobre la negativa del régimen colombiano de no dar permiso de visitar a los presos guerrilleros

Colombia: ¿Hay presos políticos y en que condiciones sobreviven?

 

• Ejemplo a NO seguir: Los “DD.HH” del presidente Santos

• Santos rechaza visitas a los presos guerrilleros como condición para que las FARC liberen diez militares capturados en combate

 

Por Dick Emanuelsson e Ingrid Storgen (revisión y transcripción)

El abogado Enrique Santiago.

“Se pretende invisibilizar el problema, no hablar de esta realidad y no hablar de las difíciles condiciones de reclusión que padecen estas personas”, dice el abogado español Enrique Santiago que acaba de visitar las cárceles de Colombia. Convoca a la comunidad internacional para que visibilice las infrahumanas condiciones en que se encuentran los presos políticos y en especial los presos guerrilleros en las cárceles colombianas.

 

MADRID / 2012-03-18 / La guerrilla de las FARC propuso, como condición para liberar a diez oficiales militares y policías, se otorgue a Mujeres del Mundo por Paz, permiso para realizar una visita humanitaria a los prisioneros políticos y de guerra en los centros penitenciarios de Colombia.

El régimen de Juan Manuel Santos, en su total falta de voluntad para encontrar un camino que lleve a la paz, ni siquiera reconoce que existen más de 7500 presos políticos y nuevamente baja la cortina cerrando paso a un acuerdo mínimo sobre los prisioneros y su situación.

El panorama por un avance, aunque fuera un paso pequeño, que llevara hacia una apertura de paz en Colombia, se volvió de nuevo oscuro. La guerrilla de las FARC ha presentado varias nuevas propuestas para avanzar en la negociación, anunciando la inminente liberación de todos los prisioneros de guerra en su poder.

El gobierno de Santos, haciendo un peligroso como inhumano juego perverso, salió a decir que la guerrilla debe dar “más muestras de interés por la paz”, lo que se interpretaría como un llamado a la capitulación absoluta.

EL ANUNCIO GUERRILLERO DE ENTREGAR los últimos diez prisioneros de guerra en su poder, con la única exigencia que algunos de los 1000 guerrilleros en prisiones estatales pudieran recibir la visita de la organización Mujeres del Mundo por la Paz, liderada por la ex senadora liberal Piedad Córdoba, no cayó bien en la casa presidencial de Bogotá.

– Confío en que el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos permitirá la visita a guerrilleros presos”, sostuvo primero en su cuenta en Twitter y agregó; “creemos que estamos en la capacidad de insistir en la posibilidad de las visitas a las cárceles”.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, el pasado 6 de marzo, en sendas cartas dirigidas a la ex senadora Piedad Córdoba y a varios congresistas, expresó su decisión de remitir al despacho del presidente Juan Manuel Santos la solicitud para que se autorice el ingreso de la “Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en los Establecimientos Carcelarios” a diferentes penales del país.

Es más, en la comunicación el ministro se mostró “sorprendido con los últimos pronunciamientos públicos en el sentido de que tales visitas tendrían como objetivo a los 'presos y presas políticos, de guerra y de conciencia' -que, como dije, no existen en Colombia- y de que la Comisión de Mujeres tendría la misión de 'mediar', sin que el Gobierno la hubiera autorizado para ello”.

Es decir, pretextos administrativos para dilatar e impedir la aplicación de los derechos de los presos políticos.

EL ARGUMENTO DE QUE NO EXISTAN PERSONAS en esa situación, viene de la posición del régimen colombiano que niega la existencia de un conflicto social y armado pese a su medio siglo de existencia. El sábado pasado, el mismo día que el régimen rechazaba la petición de las mujeres, liderada por Piedad Córdoba, fueron abatidos 13 militares de las Fuerzas Especiales de la Contraguerrilla del Ejército en el departamento de Arauca.

Fue un golpe contundente por parte de las FARC que sólo es uno entre una cantidad innumerable de combates entre el ejército y la guerrilla en los últimos meses. Según el coronel que dirigía la tropa, fue un combate con fusiles y no en un campo minado o con bombas guerrilleras en donde fueron neutralizados los profesionales militares.

El golpe militar guerrillero confirma la intensidad del conflicto armado pero el régimen no da señales de voluntad para llegar a un arreglo político con la guerrilla. Esta ha resistido el reforzamiento de las fuerzas militares que han crecido, aún durante el Plan Colombia de la última década y que hoy cuenta con 500.000 militares en pie de guerra contra una guerrilla que logra recomponerse y reforzarse pese a la ayuda extranjera con que cuenta el estado, principalmente de Estados Unidos e Israel que aportaron aviones y equipamiento de inteligencia a las FF.MM. colombianas.

EN ESA GUERRA, COMO EN TODAS, muchas veces han sido capturados en combate militares y policías que el estado denomina “secuestrados o rehenes de la insurgencia”, dando muestras de la pretensión de invisibilizar el verdadero problema allí existente. Cuando la guerrilla intenta un diálogo de negociación, solicitando el permiso para que la Comisión de Mujeres pueda visitar a los presos guerrilleros en las cárceles colombianas, ése le es denegado utilizando el falso argumento de que “en Colombia no hay presos políticos”.

El reconocido abogado español, asesor de la “Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en los Establecimientos Carcelarios”, Enrique Santiago, acaba de regresar de un viaje a Colombia donde visitó la cárcel de alta seguridad de la ciudad de Jamundi en el departamento del Valle. Allí pudo constatar las condiciones infrahumanas que padecen los presos políticos y los presos de guerra y los sociales.

A CONTINUACIÓN PARTE DE LA EXTENSA ENTREVISTA AL DOCTOR ENRIQUE SANTIAGO SOBRE EL CASO CARCELARIO COLOMBIANO:

Dick Emanuelsson (DE): Acabas de regresar de Colombia donde estuviste con una delegación internacional. Acompañaste al congresista Iván Cepeda y entraron a la cárcel para ver la situación en que se viven, no sólo los presos políticos, sino todos. ¿Qué puedes decirnos de eso?

Enrique Santiago (ES): El cambio implementado en el sistema penitenciario colombiano durante el anterior gobierno de Uribe fundamentalmente ha consistido en recortar aún más los derechos que deberían tener los presos, tanto sean presos comunes como los más de 8000 presos políticos de los cuales apenas 1000 son prisioneros de guerra. El resto de presos políticos no son personas que hayan intervenido en el conflicto armado sino que son víctimas de montajes judiciales, militantes sociales, de organizaciones de mujeres, sindicales, comunales, estudiantiles.

Lo primero que hay que decir es que la firma de los acuerdos de colaboración entre la Autoridad Penitenciaria Colombiana -INPEC- y el Buró Federal Penitenciario de los Estados Unidos, ha supuesto un endurecimiento de las condiciones de reclusión y de las condiciones que tienen que soportar no sólo los reclusos sino sus familiares. Se han construido cárceles de alta seguridad, denominados ERON (establecimientos de reclusión de orden nacional), con tantos y tan graves defectos estructurales y tan altos costes, que indica que han sido obras que se utilizaron para desviar recursos públicos del estado.

Llama la atención por ejemplo, la cárcel de alta seguridad que yo visité, la de Jamundí, en el Valle, que fue inaugurada hace apenas un año y medio, las propias autoridades de la cárcel hablaban de veintisiete defectos estructurales que en muchos casos no son menores. Por ejemplo, en el denominado módulo uno que es el de los sindicados y es el más grande de la prisión, las duchas se construyeron sin desagüe. Ello provocaba que la gente no se pudiera duchar, la humedad excesiva provocaba, entre otras cosas, hongos en el cuerpo. Recibimos denuncias de que eso fue la excusa durante mucho tiempo para que aún con las altas temperaturas, a la gente no se le permitiera ducharse.

La propia directora de la cárcel nos seguía hablando de las veintisiete fallas estructurales, eso ha sido lo que evidenciaba que la política de seguridad democrática fuera utilizada también, como muchas cosas en Colombia, para que los socios, amigos y funcionarios amigos de Uribe desviaran del patrimonio público todos los recursos que pudieran o más.

Al margen de esto en Colombia hay una gravísima situación que pasa desapercibida y es que de hecho existe la prisión perpetua, porque la reforma del sistema penitenciario realizada en el período de Uribe permite el cumplimiento efectivo de penas de hasta 60 años, lo cual equivale a una cadena perpetua, pena prohibida por la legislación internacional por ser una pena inhumana, cruel, despiadada.

DE: Es la misma queja que realizan los familiares y organismos de derechos humanos no sólo allí sino también aquí, en España, con el caso de los etarras.

ES: Claro, aquí también en el caso de ETA, en determinadas actuaciones, la condena puede llegar a ser, en delitos con múltiples resultados de muerte, de 40 años, que es una exageración de condena, y que hasta hoy, afortunadamente, han sido casos contados los que se han aplicado esas penas tan altas y degradantes, inhumanas. De hecho una persona que se ha condenado con 20 años no va a salir nunca de la cárcel en el caso de aplicarle un cumplimiento de 60 años de condena, o incluso mucho menos. Es una condena a muerte en vida, no una medida de resocialización.

Pero al margen de eso hay un tratamiento diferencial y de negación de derechos principalmente para los prisioneros políticos, estas prisiones obligatoriamente tienen que tener un reglamento por el cual se sancionen comportamientos contrarios a las normas de convivencia, pero en este caso no son conocidos ni por los internos ni por los abogados. Se vulnera el principio de legalidad que obliga a que cualquier norma de aplicación sea conocida por los destinatarios. Esto a su vez posibilita cualquier tipo de arbitrariedades, por ejemplo, a la hora de repartir los útiles de higiene personal o de alimentación hay un trato diferenciado entre los prisioneros de índole común y los políticos. Incluso dentro de los prisioneros comunes hay diferencia en función a la actitud de colaboración o no con la autoridad penitenciaria.

Pudimos constatar la existencia de castigos que son claramente castigos inhumanos, crueles o degradantes, torturas, módulos de reclusión donde apenas cabe el interno sentado en cubículos estrechos donde es imposible dar un solo paso y donde permanecen en aislamiento hasta dos meses por infracciones de índole administrativo. Como en un caso que pudimos comprobar por llevar la contra a la directora de la prisión una interna fue enviada a esta situación por dos meses.

En cuanto al contacto bis a bis de los internos entre sí o con sus familiares la restricción efectiva; o el traslado de hombres y mujeres juntos cuando está terminantemente prohibido; o la reducción de tiempo de las visitas, la dificultad para acceder a estos permisos, así como es de notar el especial maltrato y humillación para con las visitas familiares o con los hijos menores de edad.

Los niños son sometidos a todo tipo de controles en las entradas, incluso muchas veces padecen hasta maltrato físico, de forma tal que hasta los propios menores están renunciando a asistir a las visitas por la humillación a la que son sometidos.

Todo esto hay que sumarlo a los problemas que suceden a las fallas estructurales, por ejemplo las celdas sin ventanas, al carecer de cristales cuando llueve se les inundan las celdas, se llenan de alimañas, la caza de las culebras es un entretenimiento habitual con los peligros que ello entraña.

La crueldad es norma en las prisiones donde no se aplican medidas de remisión de condena por trabajo, o donde se niega al interno la posibilidad de estudiar, conforme a programas para resocialización de las conductas. El sistema carcelario se convierte en un mero mecanismo punitivo, de castigo, que no busca sino la reducción hasta la servidumbre o la anulación de la persona del interno.

DE: Se supo recientemente de la muerte de dos miembros de la guerrilla, por falta de atención médica.

ES: Responde a la negación sistemática de asistencia a la salud de los presos políticos y no solamente de ellos. Cuando llegamos a la cárcel la directora nos iba a enseñar la enfermería, pero se equivocó y nos enseñó un almacén. Parecía que ella no conocía donde estaba la enfermería.

La prisión de Jamundí tiene alrededor de 4000 presos y presas, que la directora no sepa donde está la enfermería es increíble, pero explica, por ejemplo, que cuando llegamos a la enfermería lo único que había eran tres camillas sin instrumental, ni médicos ni enfermeros. Nos reconocieron que tenían serios problemas de falta de plantilla.

Se da el caso de enfermos incurables, por ejemplo con distintos cánceres, que carecen de atención cuando en otras partes del mundo eso sería motivo para que se adopte una medida de libertad condicional. En Colombia no es así, se les niega hasta la asistencia sanitaria y cuando logran acceder a esa atención la queja recurrente es que se les niegan informes de los resultados de las pruebas médicas. Con lo cual ellos no tienen conocimiento de lo que realmente necesitan.

Todos los presos nos indicaron esa negación de informes, lo cual imposibilita además que busquen ayuda entre sus familiares.

DE: ¿En la prensa colombiana eso se refleja, se informa de estas situaciones?

ES: No, la prensa directamente invisibiliza estas cuestiones y estamos en momentos en que las FARC han venido liberando unilateralmente a la practica totalidad de los prisioneros de guerra en su poder, como medida de intercambio humanitario sin contrapartida, lo que acredita una voluntad de paz.

No sólo han liberado a los prisioneros que tenían en su poder, militares, policías, miembros de las FF.MM ahora acaban de anunciar la liberación incondicional de todos los prisioneros y sin embargo no hay una correspondencia por parte del estado, se pretende invisibilizar este problema. Se trata de no hablar de la situación de los reclusos.

Esto pone de manifiesto que la comunidad internacional tiene que hacer un esfuerzo para conseguir hacer visible este problema en Colombia. Que se conozca la situación de los presos políticos, la situación de las cárceles y muy especialmente la situación de los prisioneros de guerra en poder del estado.

De acuerdo a la Tercera Convención de Ginebra los miembros de las FARC o el ELN apresados en combate, vestidos con sus uniforme, respondiendo a una cadena de mando, no hay discusión jurídica posible que deben tener un trato especifico como prisioneros de guerra, diferenciado al de los presos comunes. Es más, no deberían estar siquiera en las prisiones sino en establecimientos ex profeso para prisioneros de guerra.

Pero al menos, aunque esto no se cumpla, que la comunidad internacional conozca lo que padecen estas personas por negación de sus derechos humanos básicos, No hay correspondencia por parte del estado colombiano a las medidas de la insurgencia de liberación de los prisioneros de guerra en su poder. El estado colombiano esta siendo incapaz de actuar con reciprocidad, liberando presos políticos y/o de guerra, o al menos mejorando sus condiciones de reclusión y permitiéndoles disfrutar de algunos del los derechos básicos de cualquier persona privada de libertad por cualquier estado, como el derecho al estudio o a la atención sanitaria. Pretenden no hablar de la situación de los prisioneros políticos y de guerra en las cárceles de Colombia, invisibilizarla, obviando que Colombia es el único país del mundo con un conflicto armado interno reconocido en su legislación, que se niega a reconocer la existencia de prisioneros de guerra, hechos en el conflicto, y en poder del estado.

DE: Esa fue la respuesta que dio también el ministro del interior, al decir que en Colombia no hay presos políticos.

ES: En el Foro por los Presos Políticos se constituyó una comisión internacional de verificación de la situación de los presos políticos. Esta comisión está compuesta por las mujeres ilustres que han venido realizando el intercambio epistolar entre Colombianos y Colombianas por la Paz, las FARC y el ELN respecto a la finalización del conflicto, y las posibles medidas de humanización del conflicto incluida la liberación de los prisioneros de guerra en poder de la insurgencia.

El argumento que dio a estas mujeres, el Ministerio de Justicia, era que consideraban que en Colombia no había presos políticos, y menos de guerra, porque no había. Sin mayor argumentación.

Una semana después se anuncia, en supuestas declaraciones de la senadora Piedad Córdoba, una excusa vil para negar el retiro de todas las autorizaciones para realizar la visita a los prisioneros. Con esto queda visible que se vuelve a negar la realidad del conflicto que vive el país.

Como si todo este juego perverso fuera poco, hemos tenido conocimiento de la existencia de una huelga de hambre de los internos en la cárcel de La Picota, como demanda de mejores tratos en su cautiverio.

Por mucho que la autoridad colombiana quiera tapar la realidad, el problema existe, va a ser llevado a la comunidad internacional para que sea conciente de la negación de los derechos humanos que padecen los reclusos en las cárceles colombianas.

Se trata de exigir que las autoridades cumplan la legislación internacional, no es más ni menos que lo que les corresponde. El conflicto social y armado en Colombia existe, no se puede permitir que se lo omita y mucho menos que se lo minimice
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