Comunicado (Marcha Patríotica) Marcha Patriótica rechaza las acusaciones del coronel Peláez, comandante de la Policía del Huila
- Escrito por Oficina de Prensa Marcha patriótica

Las declaraciones de este militar violan flagrantemente el artículo 37 constitucional que reza: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.” Además que desconoce la presunción de inocencia y el derecho a la libertad de expresión pilares de nuestro Estado social de derecho.
Estas afirmaciones ponen en grave riesgo la vida y honra de los miles de ciudadanos que saldrán a las calles de Colombia a exigir su participación en las negociaciones de paz y el cese bilateral al fuego para que la sociedad civil pueda discutir y poner en el debate público sus apuestas de desarrollo en los temas de salud, educación, tierra, servicios públicos, vivienda, etc..
Colombia ha estado inmersa en una guerra de larga duración durante las últimas 50 décadas que han hecho de nuestra sociedad una sociedad armada, así la socióloga Elsa Blair afirma que: “la militarización de la sociedad se ha venido dando, no solo como efecto de la acción de las fuerzas regulares del Estado sino también gracias al concurso de múltiples sectores civiles. Se trata, en efecto, de una sociedad que ha hecho de la lógica amigo-enemigo su referente obligado para pensar al otro y esta lógica desborda a la institución militar.”[1]
Dada la militarización de nuestra sociedad, afirmaciones como las hechas por el coronel Peláez, hacen que la vida de todos los participantes en la movilización estén en grave peligro, además justifican los desmanes que puedan cometer las fuerzas del Estado en esta semana de protestas que convoca al pueblo colombiano y acrecientan los odios, en una sociedad que le apuesta a la paz.
El coronel Peláez es un funcionario público, que debe someterse al estricto cumplimiento de la ley y la constitución, la Corte constitucional en múltiples sentencias ha afirmado que los funcionarios públicos no deben hacer estas afirmaciones criminalizantes, ya que esto está en contra de los principios de la función pública, por lo que el coronel Peláez debe ser investigado disciplinaria y penalmente.
Las organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles, indígenas agrupadas en los movimientos sociales Congreso de los pueblos y Marcha patriótica exigimos:
Al Gobierno Nacional asegurar los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la honra y el buen nombre, de los participantes en la jornada de indignación.
A la Vicepresidencia de la República, asegurar los Derechos Fundamentales de los participantes en la semana de la indignación y evitar bajo cualquier circunstancia que la fuerza pública exceda sus facultades constitucionales violando los derechos de los participantes en la movilización.
A la Fiscalía General de la Nación para que investigue al comandante Pelaez por sus afirmaciones.
A la Procuraduría General de la Nación, investigar los hechos en lo que compete.
A la Defensoría del Pueblo, tomar las medidas correspondientes para asegurar la vida y la integridad física y moral de los participantes en la movilización.
[1]Militares en Colombia, cultos, símbolos e imaginarios. Editorial Universidad de Antioquia, Pág. 146
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