Análisis
Por María Méndez
Colombia Soberana
El Acceso a tierras es una necesidad primordial en Colombia y un punto fundamental en el Acuerdo Final de Paz firmado entre las FARC- EP, hoy Partido Comunes, y el Estado colombiano. A pesar de esto, la falta de voluntad Estatal y el incumplimiento gubernamental son alarmantes.
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| Foto tomada de Internet. Por Verdad Abierta |
El problema del acceso a tierras y la permanencia pacífica en ellas, fue uno de los detonantes del conflicto armado colombiano y parte de las causas de su persistencia y magnitud. Es por eso que el primer tema por tratar en las conversaciones que se realizaron en La Habana, Cuba, entre las FARC-EP y el Estado Colombiano fue la Reforma Rural Integral.
El punto 1.1 establece el Fondo de tierras para la Reforma Rural Integral y la formalización de predios, que beneficia a campesinos sin tierras o con tierras insuficientes afectados por la miseria, el abandono estatal y el conflicto, desconcentrando así la tierra en Colombia, país que tiene un porcentaje de desigualdad alarmante en este aspecto.
Para solucionar este problema, en La Habana se acordó que el Fondo de tierras sería de carácter permanente y en los primeros 12 años se planteó la meta de disponer de 3 millones de hectáreas, adquiridas por varias fuentes y mecanismos, entre los principales están las tierras en extinción de dominio, recuperadas a favor de la nación y donadas, entre otros. Por otra parte, también se planteó la solución para formalizar 7 millones de hectáreas a favor de los medianos y pequeños campesinos que las habitan.
Sin embargo, hay dudas en el cumplimiento del Acuerdo por parte del gobierno y del Estado. En primer lugar, se hace imposible sacar adelante una Reforma Agraria, como lo es la Reforma Rural Integral, en medio de una política de contra reforma agraria, de extranjerización de la tierra, de expansión de monocultivos y de estimulación de la agroindustria, que pretende incluir a los pequeños campesinos en esta, lo que va en contra de lo firmado en La Habana, la cultura y la economía campesina y, a la larga, desembocaría en un gran fracaso económico para el pequeño y mediano campesino.
La política agraria del Estado colombiano sigue estando en contra de del Acuerdo Final de paz, pero, sobre todo, de los intereses de los campesinos colombianos. Los esfuerzos por reformar la Ley 160 del 94, los intentos por incluir en el Registro de Sujetos de Ordenamiento Social RESO a los oponentes de procesos de restitución de tierras que no han podido demostrar su tenencia de “buena fe” o la creación de Zonas como las Zonas Futuro, las ZIDRES y las Zonas Estratégicas de Intervención Integral en áreas geopolíticamente importantes que tienen recursos naturales estratégicos y adquieren mayor importancia en un futuro contexto mundial de escases pero en que concentran gran parte de la violencia, son algunos ejemplos.
Por otra parte, si la política agraria esta desacertada, la “paz con legalidad” de Iván Duque es un exabrupto. Esta política está diseñada para tomar partes del Acuerdo, modificarlas a su acomodo y conveniencia, destruyendo el Acuerdo de Paz mientras simula cumplirlo.
Uno de los “logros” del que más alharaca hace Iván Duque son los PDET. Pero si los analizamos de cerca, las modificaciones a las que fueron sometidos han afectado a los colombianos por el cubrimiento y el impacto, en este momento diminuto frente a la capacidad transformadora del Acuerdo. Esto sin contar la desarticulación con el resto de la Reforma Rural Integral y los demás puntos del Acuerdo Final de Paz.
Según el gobierno, se ha ingresado un total de 1’191.655 hectárea en el Fondo de Tierras, sin embargo, diferentes sectores ponen en duda, no solo que al paso que vamos se puedan ingresar 3 millones de hectáreas al Fondo, sino la validez de la información proporcionada por el gobierno.
La fuente más reciente de estas críticas proviene del mismo Estado: la Procuraduría. Según este ente, para que los predios puedan entrar al Fondo de Tierras se necesitan dos condiciones: que sean adjudicables y que no reporten ocupación previa, pero el desorden administrativo, la imposibilidad de la entrega en algunas zonas y otras irregularidades, restan las tierras a solo 96.471.1 hectáreas que pueden adjudicarse, esto quiere decir que la cifra de tierras que pueden estar en el Fondo se reduce un90%.
El gobierno dice que el 52.2% de las Tierras del Fondo se encuentran en municipios PDET, sin embargo, en 8 de los 16 PDET los porcentajes de estas tierras rondan en 0%. De la otra mitad, los porcentajes de 6 de estas zonas no pasan del 5%, solo Sur de Bolívar y Arauca superan esos porcentajes, sin embargo, la gran pregunta es ¿Son adjudicables?
En lo referente al subsidio integral de acceso a tierras, hasta el 6 de octubre del 2020 se expidió el decreto 1330 que reglamenta el Subsidio Integral de Acceso a Tierras SIAT, por lo tanto, los subsidios que viene entregando a ANT se han dado bajo el Subsidio Integral de Reforma Agraria, y no de manera voluntaria, sino cumpliendo con órdenes judiciales de dotación de tierras o reubicación. Es decir, que a esas 579 familias que se beneficiaron del SIRA, sólo el 29.5% en municipios PDET, lo hicieron, no solamente bajo leyes anteriores al Acuerdo de Paz, sino por orden judicial, lo cual quiere decir que el gobierno está presentando como resultados de la implementación una gestión ordinaria.
Una forma de alimentar el Fondo de Tierras serían los procesos agrarios, pero de nuevo el desorden institucional lo impide. Según la Procuraduría, solo basta con cumplir la Ley 160 de 1994, que con tanto esfuerzo quieren modificar, y la sentencia T 488 del 2014 de la Corte Constitucional que ordena un plan nacional de clarificación de baldíos. Este retraso no permite que 1’547.115 hectáreas de tierra puedan entrar al Fondo.
En formalización de tierras llama la atención el desconocimiento de la legislación agraria y la estimulación al minifundio. Hay una fragmentación anti económica de la propiedad rural en los procesos de titulación de baldíos y adjudicación de tierras, pues están titulando predios por debajo de la Unidad Agrícola Familiar UAF, lo cual es supremamente grave, pues ésta asegura el terreno suficiente en que una familia campesina puede tener una calidad de vida teniendo en cuenta las condiciones geográficas y medioambientales.
Formalizar o adjudicar tierras que no cumplen con estas medidas es, abiertamente, incurrir en el incumplimiento del Acuerdo Final, ir en contra de la economía y la vida digna de los campesinos y profundizar las causas del conflicto.
Otro gran problema de la formalización de tierras, es que el gobierno está incluyendo como logro de la implementación tierras entregadas antes del Acuerdo de La Habana. Para la Procuraduría, el número de hectáreas adjudicadas durante el periodo de la implementación del Acuerdo serían 913.548 no 1.966.691.1.
Cabe advertir que la ANT informa que hay 45.779 solicitudes de formalización de pequeña propiedad rural por el rezago del Programa de Formalización del Ministerio de Agricultura. De ninguna manera podrían ser tenidas en cuenta como implementación, pues hace parte de una descongestión institucional por demanda y no por oferta y barrido como se ha propuesto.
Es evidente, no solo el incumplimiento y la falta de compromiso del gobierno y el Estado con el pueblo colombiano, sino la necesidad de la unidad y la movilización de la ciudadanía y las fuerzas democráticas para hacer posible la implementación integral del Acuerdo Final y la paz estable y duradera que permita un mejor futuro para las próximas generaciones.
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