Análisis
Por María Méndez
Colombia Soberana
En la primera parte de este documento advertía las razones por las que iba a escribir en primera persona, costumbre que me molesta, y también decía que íbamos a mirar, no los pequeños detalles disgregados, sino un panorama lo más ampliamente posible de la política de incumplimientos, contrainsurgente, inhumana y altamente represiva del gobierno de Duque (Uribe III), la arremetida contra la memoria histórica y las víctimas y la “faceta” narcoparamilitar de este gobierno, ya difícilmente de esconder.
Teniendo en cuenta que muchas cosas tendré que tocar a vuelo de pájaro por lo estrecho que resulta el espacio periodístico, que además tiene que ser acortado en medios virtuales como este, comienzo con los incumplimientos del gobierno que van mucho más allá del tema específico de las víctimas del que estoy escribiendo y que nuestros críticos pican acá, pican allá, sin poder hacerse un mapa general de la situación, cosa que entiendo, pues para hacer eso se necesita ser marxista, cuestión de la que están demasiado alejados.
El Estado colombiano tiene deudas históricas con el pueblo. La Reforma Agraria,
la apertura democrática, el cese de la guerra contra el pueblo, la paz, la presencia institucional y no militar en territorios, una visión diferente de seguridad, la terminación del fenómeno paramilitar y una distribución del capital en la que no se hagan tan evidentes los intereses de clase, es decir, ojalá fuera el comunismo, en lo personal será el comunismo, por eso estoy acá dando la pelea, pero si va a ser el capitalismo, que la distribución intente siquiera copiar un poco a países como Suecia, eso sería un gran adelanto.
Con el Acuerdo de La Habana, nosotros logramos, ya no una forma en que estas deudas fueran pagadas completamente, recuerden que estaba el Estado en la otra esquina negociando y ellos hicieron un excelente trabajo protegiendo los intereses de los poderosos, pero sí se logró sentar unas bases principales que permitieran primero, cerrar el ciclo de violencia con FARC y abrir las puertas a negociaciones con los otros grupos insurgentes; segundo, que las personas del común, sobre todo en el campo, fueran recuperando sus derechos y su buen vivir y, por último, preparar los caminos a nuevas luchas sociales, a ir por más, a abrazar el sueño de que podamos construir una Nueva Colombia, mucho más allá de lo consignado en el Acuerdo Final.
Pero este momento en específico es muy tenso y difícil. El Estado, no solo se niega a cumplir el Acuerdo, sino que además avala la política de simulación del gobierno. Se ha advertido que Paz Con Legalidad no es el cumplimiento del Acuerdo, en los análisis que se hallan antes de empezar este documento encontrarán más información al respecto en lo que tiene que ver con Reforma Rural Integral, PDET y la Apertura a Democrática, acá solo diré que el Estado en su conjunto, no solo el gobierno de Uribe, no quiere implementar el Acuerdo de La Habana y, como miramos anteriormente, esto significa no pagar sus deudas históricas y dejar impune la sangre que ha derramado desde el inicio de la República.
Con respecto a lo relacionado con las víctimas, eso va más allá del nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar, además que es un proceso histórico. La Ley 1448 del 2011, no fue un regalo de Cristo, ni del gobierno, fue una gran pelea y un paso más que consiguieron las personas que sufrieron el despojo, el asesinato y desaparición de sus familiares o la tortura en carne propia, entre otras victimizaciones contempladas en esta ley.
Según varias organizaciones de víctimas y defensoras de estas, el balance no deja bien parado al Estado y a los gobiernos que lo encabezaron en ese lapso. Si no se hubiera extendido por 10 años más esta ley, tendrían que confesar su fracaso, su displicencia y su incapacidad para atender a las víctimas. Por poner sólo un ejemplo, se hubieran quedado sin resolver más de 25 mil solicitudes de tierras que hicieron campesinos y grupos étnicos.
Ahora, yo creo que Iván Duque y su jefe, quien detestaba esta ley, no piden la prórroga para cumplirle a las víctimas, sino para sabotear el Acuerdo de La Habana, esto no porque uno y otro sean opuestos, sino porque pretenden revolver las dos cosas, meterlas a un mismo costal, y argumentar el cumplimiento de una y otra, pero al final no hacer nada, sin contar los cambios que pretende hacerle a la Ley de Víctimas el Partido de gobierno.
Por ejemplo, en los Informes de Gestión del Acuerdo de Paz, cuando hablan de las víctimas, se están refiriendo es a la Ley 1448, agregando “logros” como “El Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), ha recibido un total de 125.581 solicitudes para inscripción” (Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Informe de gestión agosto 7, 2018 – abril 30, 2020) o sea, ¿las solicitudes de las víctimas son logros del gobierno? Sinceramente eso no tiene el más mínimo sentido.
Ahora, el gobierno no aclara si al incluir los “logros y avances” de la Ley 1448 dentro del Informe de implementación del Acuerdo, está hablando de la misma financiación para ambas cosas, o está desfinanciando la Ley 1448, o la Implementación del Acuerdo de La Habana, o ambas.
Pero como si hacer eso no fuera demasiado, el gobierno se “luce” con una serie de nombramientos como el de Jorge Rodrigo Tovar en la coordinación de víctimas del Ministerio del Interior, Darío Acevedo en el Centro de Memoria Histórica, el de Paloma Valencia en el Consejo Nacional de paz y hasta la vice presidenta Martha L. Ramírez que fue juez y parte en la Operación Orión, es decir, ella, para mí y cualquier persona coherente, es directamente responsable de 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas, 370 detenciones arbitrarias, de todo lo que se encuentre en la escombrera y del terror de los habitantes de la Comuna 13 después de que el Bloque Cacique Nutibara tomó el poder de ese sector.
Ello sin contar con los nombramientos en la Unidad Nacional de Protección que ponen en riesgo la vida de los defensores y líderes de las víctimas. Con estos nombramientos no solo insulta a las víctimas, como dicen a grito herido los críticos de FARC, sino que buscan quebrantar la memoria y el tejido social que han logrado construir las víctimas en estos años de lucha por las diferentes leyes que lograron y los espacios que con tenacidad ganaron.
Como ellas no son tan miopes como nuestros fastidiosos y poco útiles críticos, apenas se nombró a Darío Acevedo como Director del Centro Nacional del Memoria Histórica, las organizaciones retiraron los archivos, no solo como una manera de protesta, sino para prevenir cualquier uso e incluso la desaparición de los documentos que con mucho esfuerzo se lograron reunir.
Pero no sólo las víctimas notaron el gran peligro en el nombramiento del señor Acevedo, historiador negacionista del conflicto social y armado, sino también la comunidad internacional que expulsó a Colombia de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y caribeños, por considerar que al tener el Centro de Memoria Histórica en cabeza de este “doctor”, no cumplía el papel que debería cumplir.
Para no alargarme mucho, aunque en esto hay demasiado que decir, miremos cómo esta política del gobierno ataca de un lado la integridad física y la vida de los líderes de víctimas y los defensores de las mismas, por no brindarles la seguridad material suficiente al no luchar contra el paramilitarismo, hacer nombramientos lesivos para las víctimas en importantes direcciones en la UNP, no implementar integralmente el punto dos del Acuerdo Final de Paz e insistir en esa ineficiente política que es el PAO (Plan de Acción Oportuna) que ni es de acción ni es oportuna, así como lo demuestran los casi 800 líderes y los 202 exguerrilleros asesinados.
Y por el otro lado lesiona la memoria histórica y el tejido social poniendo en direcciones a personas que niegan el conflicto, persiguen intereses diferentes a las víctimas y reescriben la historia de una manera tan atroz como es intentar hacer honores a policías y soldados que han sido victimarios y parte del conflicto armado.
Ya con respecto al Acuerdo, el gobierno y su partido se han destacado por su abierto ataque a todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en especial contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión Para el Esclarecimiento de la Verdad.
Creo, como persona y no como militante, que uno de los mayores obstáculos que tenemos es que el Estado en su totalidad sea el principal impedimento para implementar el Acuerdo y uno de sus mayores enemigos. Pero eso lo veíamos venir, eso lo sabíamos y tenemos que afrontarlo junto con los colombianos del común.
Aun así, que en una rama del Estado esté un gobierno plagado de negacionistas, neoliberales y aparte con relaciones tan cercanas al narcotráfico, dificulta más la situación. Sin embargo, cabe anotar que nosotros firmamos un acuerdo con el Estado, no con el gobierno paramilitar, y esto no le facilita al señor Duque y su titiritero las cosas para romperlo, aunque lo intenta, pero sí nos facilita a nosotros seguir la lucha contra las políticas del gobierno actual y exigir la implementación del Acuerdo como está firmado.
Lo que sí le facilita el camino, tanto al Estado como al gobierno, es que los señores ultra revolucionarios, en vez de estar trabajando al lado de todas las organizaciones de víctimas y sociales contra este ataque a la verdad y a la paz, le echen la culpa al Partido FARC y su dirección de todo lo ocurrido, lavándole las manos al señor Duque y su amo Uribe y empuercando los esfuerzos que día a día militantes y dirección hacemos para que las víctimas sean reparadas y la verdad del conflicto salga a la luz.
Recuerdo una frase de Fidel Castro de 1966: “Si hay cansancio, jubílese; pero no se convierta en freno, no se convierta en obstáculo, no se convierta en estorbo. Hay mucho que hacer y esta tarea es de revolucionarios. No basta con haber sido revolucionario ayer, hay que saber ser revolucionario hoy, hay que saber ser revolucionario mañana. Y hasta incluso, se puede ser revolucionario no estorbando”.
Este es un momento de lucha donde la unidad se convierte en una de las mayores necesidades, no solo la unidad entre partidos revolucionarios, también con los partidos y movimientos demócratas, con las organizaciones de víctimas, con los campesinos, con los negros, los indígenas, los estudiantes. La lucha es larga y necesitamos respetarnos, unirnos y organizarnos para vencer.
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