Comunicado
Por Delegación de Paz de las FARC-EP
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, octubre 5 de 2013
Razón tiene el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, cuando afirma que “con la legitimidad que gane el proceso de justicia transicional dentro de la ciudadanía, podemos responder a los apologistas de la guerra”. Pero habría que agregar que tal legitimidad sólo puede originarse en la idea de que cualquier normatividad que tenga que ver con la transicionalidad, debe ser consensuada entre las partes y sometida al escrutinio del soberano.
Y razón tiene también cuando expresa que “el gran desafío del posconflicto va a ser la guerra sucia”. Por ello cobra valor la necesidad de pactar y poner en práctica los mecanismos que permitan desmontar la Doctrina de la Seguridad Nacional, la concepción del enemigo interno y el paramilitarismo, como factores que han hecho posible el terrorismo de Estado. En Colombia nunca más deberán sucederse operaciones sanguinarias como el denominado Baile Rojo que exterminó al movimiento Unión Patriótica.
Como observamos, en las apreciaciones del Fiscal Montealegre, hay realismo y sensatez; por eso entre todos tenemos que evitar que se haga realidad el mensaje premonitorio que expresa que “va a haber guerra sucia en Colombia, durante el posconflicto, y ese va a ser uno de los grandes desafíos del Estado Colombiano”.
De ahí que se haga más necesario que nunca, entender que un acuerdo de paz para Colombia, no puede ser si no se pactan efectivas garantías políticas y de respeto a los derechos humanos para todos los movimientos sociales y organizaciones políticas que emprendan el camino del ejercicio de la verdadera democracia.
Sin duda, nuestro país necesita “un discurso social, un discurso moderno, como el que expone el Presidente Santos de reformas estructurales a la tenencia de la tierra”; se requiere hablar, sí, “de reforma agraria, de reforma urbana, de hacer ajustes estructurales al modelo de Estado en Colombia”, como lo plantea Montealegre. Pero deben estar estos propósitos entretejidos con los anhelos, con las reivindicaciones, que durante décadas han levantado las inmensas mayorías desposeídas de compatriotas, que hoy claman, mediante la protesta popular en ascenso, que por fin se instaure la justicia.
Poseído de tanto juicio y cordura el doctor Montealegre deberá entender entonces, que un proceso así, no puede ser posible o factible si se pretende que el Estado, responsable fundamental en la generación y la permanencia de la confrontación, actúe como juez de la misma, o que, luego de medio siglo de lucha, la legítima resistencia armada deba terminar con sus protagonistas tras las rejas.
No está de más recordar e insistir en que, si se desea identificar a los máximos responsables, pertinente sería conformar ya la Comisión de revisión y esclarecimiento de la historia del conflicto interno colombiano, que comience a analizar circunstancias de la guerra como las que hoy rodean el caso, entre otros, del señor general, Freddy Padilla de León, publicado recientemente en un dossier del Centro Europeo para la Constitución y los Derechos Humanos, (ECCHR). Como se podrá notar, este asunto de los máximos responsables resulta más complejo de lo que se piensa, no es un asunto meramente punitivo, o que deba ser tratado inmiscuyendo jurisdicciones foráneas que no saben suficientemente de nuestra realidad. Para el logro de la paz debe prevalecer la soberanía jurídica.
Así se debe construir la paz que requerimos, y en tal sentido, además de poner fin al militarismo, al guerrerismo que nos desangra, es cierto que, como dice el Fiscal, “la solución está en que sigamos involucrando a la población civil y al pueblo colombiano en el proceso de paz”. En conclusión, debe convocarse al poder creador, al constituyente primario, para que delibere y defina sobre su destino.
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