“Ni el CRIC ni la ACIN”. Marcha Patriótica rechaza los estigmas proferidos por ACIN contra otras organizaciones civiles

Comunicado

Tomado de Ojos para la Paz 

Por Prensa Rural

A la situación de permanente militarización y violación de derechos fundamentales, que viven las comunidades campesinas e indígenas del país se suman ahora los señalamientos desde la dirigencia indígena ACIN-CRIC del departamento del Cauca.

El pasado 26 de abril la guardia indígena del norte del Cauca retuvo a siete indígenas, sindicándolos de pertenecer a la insurgencia de las FARC-EP y de darle muerte a uno de sus mayores, Benancio Taquines, así como a otros indígenas de la zona. Al día siguiente, y ante un gran despliegue mediático, la Asamblea de las Comunidades Indígenas del Norte del Cauca condenó, según sus leyes, a dos indígenas capturados a 40 años de “patio prestado”, es decir cárcel, que se cumplirá en jurisdicción ordinaria: en un centro de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

De acuerdo con la jurisdicción especial indígena, este tipo de juicios y condenas hacen parte de sus derechos constitucionales. Lo que resalta en este caso no es el juicio en sí mismo ni la manipulación mediática que condenó a los capturados como miembros del sexto frente de las FARC-EP sin tener prueba alguna, sino el duro pronunciamiento firmado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) donde se señala a diversas organizaciones sociales de hacer parte de “un plan sistemático de exterminio físico y cultural del movimiento indígena colombiano” orquestada por las FARC-EP.

El hecho genero diversas reacciones. Entre otras la del máximo jefe de esa insurgencia, Timoleón Jiménez, quien señaló que tales actos no se corresponde para nada con la realidad y más parece el producto del envenenamiento por parte de terceros interesados a los indígenas que acusan a las FARC de tales planes. En el pronunciamiento fechado el 12 de mayo este grupo insurgente señala “los interés que intentan minar el movimiento indígena en la región del Cauca”.

Por su parte las asociaciones pro constitución de zonas de reserva campesina de los municipios de Corinto, Miranda y Caloto intercedieron en la discusión e hicieron pública su posición en comunicado del 22 de mayo, en el que dicen que este tipo de aseveraciones asombran e indigna lo que piensan y hacen unos pocos consejeros indígenas que utilizan el buen nombre de mucha gente de sus comunidades para aprovecharse de ella. La comunidades plantean que este tipo de pronunciamientos “tienen que ver directamente con la gran cercanía que por décadas el CRIC y la ACIN han tenido con agencias como la del gobierno norteamericano Usaid y programas de inversión del capital europeo”.

Por su parte la Convergencia de Asociaciones Indígenas del Cauca (CAIC), que agrupa a ocho asociaciones indígenas del Cauca, denuncia amenazas, calumnias y montajes contra algunos de sus dirigentes comunitarios; pone en tela de juicio la legitimidad algunas de las autoridades indígenas que firmaron el comunicado; y responsabiliza a las dirigencias del CRIC y ACIN por cualquier cosa que le pase a las asociaciones, líderes, indígenas y comunidades de la zona.

A la situación de tensión, permanente militarización y violación de derechos fundamentales, que viven las comunidades campesinas e indígenas del suroccidente del país se suman ahora estos señalamientos.

La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes ha venido realizando una serie de denuncias que han venido recolectando al interior de las comunidades indígenas y que muestra un panorama enrarecido gracias a la intermediación en esas comunidades de programas internacionales de desarrollo. Aquí reproducimos la denuncia y las solicitudes del colectivo de derechos humanos:

1. Que se cumpla realmente con la función de inspección, vigilancia y control en la aplicación de la jurisdicción especial indígena de manera tal que se garanticen los derechos fundamentales de nacionales que, independiente de su pertenencia étnica, son ciudadanos colombianos y están viendo afectados sus derechos.

2. Que se adelante un proceso de reglamentación normativa que ponga al centro la garantía de pilares fundamentales tales como el de legalidad, debido proceso, libertad, dignidad, igualdad y presunción de inocencia, los cuales están siendo afectados en aplicación de la jurisdicción especial indígena. Y de paso que se pongan límites y controle el ejercicio del poder jurisdiccional sobre las autoridades indígenas.

3. Que se adelante un proceso exhaustivo de revisión de las sentencias dictadas por los tribunales indígenas en el departamento del Cauca.

4. Que se la jurisdicción ordinaria asuma la investigación de la muerte del señor Alfredo Ríos, dirigente campesino asesinado el día 23 de julio de 2011, cuando era candidato al Consejo Municipal de Toribío. Y que en dicho proceso investigativo se llame a rendir testimonio al señor Civilino Ul.

5. Que se reglamente todo lo relacionado con los recursos de las transferencias que, de los impuestos de todos los colombianos, se hacen a entidades indígenas de derecho público especial

tomado de: www.prensarural.org/spip/spip.php?article10946

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