Análisis
Tomado de Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Tomado de Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Orden de desalojo para el 19 de febrero expedida por el inspector de policía de Río Sucio pone en evidencia el interés de empresarios de la zona en legitimar y legalizar el despojo a las comunidades negras. Con colaboración del saliente representante legal del consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla se pretende impedir el goce a las víctimas de su derecho de retornar al territorio.
Ayer 27 de enero integrantes de las comunidades negras que regresaron al caserío de Bijao Onofre conocieron la orden de desalojo resuelta por la Inspección Municipal de Río Sucio que beneficia al ocupante de mala fe Juan Guillermo González Moreno.
González Moreno es un prestante empresario de palma y ganadería extensiva reconocido por las víctimas como beneficiario del paramilitarismo. Una de sus empresas es la llamada Recife seriamente cuestionada en diversos informes de entidades públicas.
González Moreno es un prestante empresario de palma y ganadería extensiva reconocido por las víctimas como beneficiario del paramilitarismo. Una de sus empresas es la llamada Recife seriamente cuestionada en diversos informes de entidades públicas.
González está vinculado a una investigación penal por delitos contra la comunidad negra de Curvaradó.
En esa causa se le vincula por los delitos de desplazamiento forzado en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
La comunidad de Bijao es parte del territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, contiguo al Curvaradó. Un grupo de familias luego de 16 años de desplazamiento decidieron regresar al territorio. La respuesta empresarial no se hizo esperar con destrucción de bienes de supervivencia, intimidaciones y amenazas.
La comunidad negra ha reclamado protección y restitución de sus derechos sin respuesta eficaz del gobierno Santos.
La comunidad negra espera con prontitud la intervención de instancias gubernamentales y estatales para que la absurda decisión administrativa no se cumpla. La orden de desalojo es una actuación contra derecho frente a las víctimas del despojo.
Bogotá, D.C enero 28 de 2013
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