Los crímenes del Estado colombiano

 Análisis

Tomado de Pacocol

Por Asociación Nacional de Pensionados Petroleros de Colombia (ANDEPETROL)

Enero 12 del 2020

Desde hace varios décadas numerosas organizaciones políticas, sociales y de víctimas han señalado al Estado colombiano, como autor material e intelectual de numerosos crímenes que se han denominado crímenes de Estado.

¿Por qué crímenes de Estado?

Porque directores y agentes de varios organismos de seguridad diseñaron y planearon el exterminio de organizaciones políticas y sociales.

Las diferentes estructuras paramilitares que existieron y aún existen, tuvieron en sectores de las Fuerzas Armadas copapatrocinadores empresariales y gremiales. En varios casos, organismos estatales fueron ejecutores directos de crímenes contra dirigentes sociales y políticos.

El Estado colombiano, basado en la política de seguridad nacional diseñada por el pentágono norteamericano, determinó quien era enemigo y quien era amigo. A los enemigos había que darles un trato de guerra, es decir exterminarlos y a los amigos del Estado había que premiarlos.

Son cientos de militares y directores de organismos como el antiguo DAS, que se encuentran siendo investigados y algunos condenados por su participación directa en el diseño del exterminio y asesinato de dirigentes importantes de la oposición política y social.

Pero la impunidad ha favorecido a la gran mayoría. La corrupción política y de la justicia han estado siempre al servicio de estos criminales y muchos gozan de total tranquilidad y hasta son congresistas.

Investigaciones periodísticas

El investigador y periodista Alberto Donadío con la seriedad que le merece, acaba de revelar detalles de cómo desde las altas esferas del Estado colombiano se diseña y diseño toda la estrategia para asesinar y exterminar organizaciones políticas como la Unión Patriótica (Columna publicada en www.losdanieles.com del 10 de enero de 2021).

Más de 6.000 militantes y simpatizantes de esta organización fueron eliminados y otros tantos salieron al exilio para salvar sus vidas. Fue un verdadero genocidio político, así lo calificaron organizaciones de Deechos Humanos internacionales.

Las revelaciones del periodista dan cuenta que en la Presidencia del señor Virgilio Barco, se diseñó la estrategia dirigida por el espía israelí Rafi Eitan. Este criminal, fue contratado por el Estado, en el gobierno que dirigía el presidente Barco. Sería el encargado de acabar con el E.L.N. y sus simpatizantes.

Según revela el señor Alberto Donadío: Un libro publicado en Francia en el 2000, sobre los carteles de la droga en Colombia, al que tuvo acceso el maestro Alberto Donadío, habla de reuniones entre el espía israelí y los Ministros de Defensa: Rafael Zamudio Molina; y de Minas: Guillermo Perry, para discutir cómo acabar con esa guerrilla (Guillermo Perry era presidente de la junta directiva de Ecopetrol).

A esto se suma la presencia en Colombia del militar y mercenario también israelí: Yair Klein, que entre 1988 y 1990 formó las escuelas de entrenamiento de paramilitares en el Magdalena medio concretamente en Puerto Boyacá en las instalaciones de la Texas que en ese momento explotaba yacimientos petroleros de esta región. Según “Verdad Abierta”, medio de publicación investigativa sobre el conflicto armado, en esta formación y entrenamiento, también participaron integrantes de las fuerzas armadas.

¿Ecopetrol que dice?

Durante muchos años la Unión Sindical Obrera de la Indusria del Petróleo (USO) denunció públicamente: como se intensificaban la persecución, las amenazas, el desplazamiento, el asesinato y como se construyeron manipulaciones informativas para construir falsos imaginarios sociales y se hicieron acusaciones contra dirigentes y activistas de ser supuestamente aliados de la guerrilla.

A dirigentes y activistas, se les acusó de ser cómplices de los atentados contra la infraestructura petrolera. Muchos dirigentes y activistas fueron encarcelados y acusados falsamente, pero nunca se pudo probar que entre el sindicato y la guerrilla existía una alianza.

Ecopetrol creó una dependencia el famoso Departamento de Protección Industrial (P.R.I.) dirigido por ex oficiales de las Fuerzas Armadas. Supuestamente fue creado para la protección de las áreas industriales, pero resultó siendo un organismo de espionaje e investigación política a los dirigentes del sindicato. Uno de sus asesores, fue el famoso y de ingrata recordación, general Farouk Yanine Díaz, ex comandante de la V brigada del Ejército y acusado de ser cómplice en la masacre de la Rochela.

Eduardo Umaña Mendoza, quien fue asesinado en abril de 1998, abogado de la USO y quien defendía a varios dirigentes encarcelados, denunció pocos días antes de su cobarde asesinato, en un documento titulado: “A LOS TRABAJADORES DEL MUNDO”, como el P.R.I. era un verdadero nido de agentes paramilitares al interior de Ecopetrol. Además, que había recibido amenazas de atentar contra su vida, si continuaba con la defensa de los dirigentes sindicales de la USO.

Como es lógico, Umaña Mendoza, continúo con la defensa y las amenazas se hicieron realidad. Eduardo fue asesinado pocos días después. Posteriormente, se solicitó a Ecopetrol los archivos del P.R.I. donde se especificara quiénes eran los responsables de este organismo a nivel regional de la empresa Ecopetrol, pero la respuesta fue que no existían porque habían sido destruidos.

Las revelaciones de Salvatore Mancuso

En mayo del 2007 el jefe Paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante Justica y Paz, que varias empresas aportaban grandes sumas de dinero para financiar la guerra, entre ellas ECOPETROL Y OCENSA (Oleoducto Central) las cuales pagaban alrededor de 100 millones de pesos mensuales. Además, que todas las compañías petroleras en el departamento del Casanare hicieron convenios para aportar grandes sumas de dinero a las autodefensas.

Posteriormente Salvatore Mancuso y Carlos Castaño fueron condenados a pagar 40 años de cárcel por ser los autores intelectuales del asesinato de nuestro compañero Aury Sara Madrugo, presidente en ese momento de la USO Subdirectiva de Cartagena.

El 5 de noviembre del año 2001, en carta dirigida a Ecopetrol, varios ex dirigentes del sindicato que se encontraban en el exilio le preguntaban a ésta que respondiera ¿porque razón o qué clase de servicios le pagaban a Mancuso los 100 millones de pesos mensuales? Pero nunca se obtuvo respuesta.

Lo anterior, unido a las revelaciones del periodista Alberto Donadío de que el presidente Virgilio Barco, para pagarle los servicios al agente israelí Rafi Eitan, impartió órdenes a Ecopetrol para que fuera el encargado de cancelar los honorarios del supuesto espía.

Varios altos directivos de Ecopetrol tuvieron estrechas relaciones con este señor. Además, muchos eran integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol: el papá del actual presidente Iván Duque, Guillermo Perry quien era ministro de minas y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, German Montoya quien fue secretario privado del presidente Barco e integrante de la Junta Directiva, Juan José Turbay y otros tantos.

Ecopetrol, como empresa del Estado, debe responder penalmente por el pago de honorarios a este criminal, caracterizado como espía internacional: Rafi Eitan.

De igual manera, debe aclarar ante la justicia ¿porque le pagaba a Salvatore Mancuso 100 millones de pesos mensuales?

¿Cuál era el trabajo que este paramilitar hacia al interior de la empresa? y ¿si desde las altas esferas, o desde cualquier estructura de Ecopetrol se planificó el asesinato de más de 120 dirigentes y activistas de la USO?

Además, debe informar con nombres, ¿cuáles altos directivos de Ecopetrol fueron los enlaces con las estructuras paramilitares, para planear en reunión efectuada un día antes del asesinato de Manuel Gustavo Chacón en Barrancabermeja su vil asesinato?

Debe decir y explicar a la justicia ¿dónde están los archivos del P.R.I. y si era conocedora de las relaciones de sus socios, las empresas petroleras que tenían convenios con los paramilitares en el Casanare.

Debe explicar cuál fue el papel del desaparecido P.R.I. en el asesinato del abogado Eduardo Umaña, como este lo denunció en su momento.

Apoyamos la solicitud de la Unión Patriótica para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cite a declarar al general Rafael Zamudio Molina, quien fue ministro de Defensa y a otros funcionarios de la época.

Esperamos por el bien de Colombia, la paz y las víctimas; que se sepa toda la verdad.