Análisis
Tomado de Pacocol
Por CCEEU
El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estado Unidos, El Comité de Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, Corporación Nibaru, La Fundación Sumapaz y La Corporación Jurídica Libertad visitamos el municipio de Ituango en el marco del Encuentro por la Vida y la Paz para reunirnos con habitantes de las comunidades urbanas y rurales.
Las comunidades del municipio de Ituango llevan más de 30 años buscando el camino de la paz, siguen apostándole de manera decisiva a la transformación de un territorio que camina hacia la democratización y la reivindicación de los derechos individuales y colectivos.
El incumplimiento sistemático por parte del Gobierno Duque a los acuerdos pactados el 24 de noviembre 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, ha implicado para el Norte de Antioquia un retroceso en materia de Derechos Humanos y seguridad, pues desde la fecha, diferentes actores armados han llegado a disputarse y controlar el territorio, como grupos paramilitares y disidencias.
Esto se ha traducido en el regreso de los fenómenos de violencia como homicidios, desplazamientos, combates entre estructuras, reclutamiento de niños y niñas, empadronamientos, limitaciones a la movilidad de la población, toque de queda decretados por actores ilegales, extorsiones, disputas por el tráfico y microtráfico de sustancias ilícitas, el traslado de problemáticas y fenómenos urbanos a áreas rurales y otras formas de vulneración de derechos de las y los campesinos.
Las organizaciones sociales y comunitarias están a merced de ese control social ejercido por medio de actores armados legales e ilegales, las cifras de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos indican la ausencia de garantías a la labor social y el peligro latente que se mantiene en el tiempo contra los constructores de paz, generando además la autocensura y el desánimo de los mismos en los escenarios de participación social.
Las comunidades manifiestan su total desconfianza en la institucionalidad dada la falta de voluntad y cumplimiento decidido de las funciones para las cuales han sido designados, además persisten formas de señalamiento y estigmatización de funcionarios públicos contra el campesinado en general.
La Defensoría del Pueblo ha advertido en la Alerta Temprana 004-2020 todo el escenario, la caracterización y focalización de los riesgos vigentes para las comunidades que habitan este municipio.
La crisis humanitaria en este municipio ha tocado el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR “Román Ruiz”, hoy 120 reincorporados comprometidos con la paz son víctimas de desplazamiento forzado inminente producto de la alta presencia de actores armados que generan un ambiente de inseguridad para sus vidas.
Al cierre de este comunicado hemos sido informados de un posible desplazamiento en el sector del Cañón del Inglés, veredas EL Cedral, Las Arañas, Santa Ana, se encuentra reunidas para tomar decisiones y hacerle frente para salvaguardar la vida de sus comunidades.
Responsabilizamos al Estado colombiano en cabeza del Gobierno Duque por no implementar de manera efectiva los acuerdos pactados, por su omisión y falta de voluntad política para cumplir el papel fundamental de garantizar la no repetición de la violencia vivida en décadas pasadas a las comunidades del municipio de Ituango.
Exigimos al Gobierno Duque la desmilitarización de la inversión social, el cumplimiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito PNIS y no reducir esta crisis a soluciones militaristas en las que persiste el fantasma de una doctrina militar contrainsurgente que revictimiza a la población.
Solicitamos al Gobernador de Antioquia y al Alcalde de Ituango, construir políticas públicas enfocadas a la construcción de una paz territorial, y a fortalecer una cultura de la no violencia que impida que los fenómenos de violencia se sigan recrudeciendo en el municipio de Ituango.
A los entes del Ministerio Público ejercer el control y poder preferente en graves investigaciones contra funcionarios públicos que por acción u omisión continúan vulnerando los derechos de las comunidades.
Llamamos la atención de los organismos internacionales, para que brinden un acompañamiento permanente, hagan seguimiento de la situación de la comunidad Itangüina e insten al Gobierno colombiano para las garantías de estas comunidades.
¡Para que la Paz no nos cueste la Vida, hagamos posible la Paz!
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