CIDH, en alarma por el limbo de la JEP

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Tomado de El Tiempo

Por Sergio Gómez

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó este jueves su preocupación por el limbo en el que se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y le pidió al estado “garantizar” la aprobación de una ley estatutaria que permita su pleno funcionamiento y que respete el principio de separación de poderes.

La alarma está incluida en la evaluación que hizo la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en el país y que se hace parte de su informe anual correspondiente al año 2018.

“La Comisión observa con preocupación que a más de dos años de la firma del Acuerdo de Paz y a un año de su entrada en funcionamiento, la JEP no cuenta con una Ley Estatutaria”, dice la CIDH en el informe donde dedica 74 páginas a la problemática del país.

Si bien el reporte no incluye una evaluación a las seis objeciones que elevó el presidente Iván Duque a la ley estatutaria hace pocos días (pues el informe solo repasa el año 2018), la CIDH al parecer ya anticipaba una posible intervención del nuevo gobierno pues en uno de sus apartes el reporte pide respetar las decisiones que ya se han tomado en su aprobación y posterior examen constitucional.

“La Comisión insta al Estado colombiano a adoptar las medidas necesarias para avanzar en la definición y entrada en vigencia del marco normativo de la JEP, en respeto al principio de separación de poderes y a las decisiones de las autoridades que han intervenido en la aprobación y examen de constitucionalidad del Proyecto de Ley con el fin de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz y garantizar los derechos de las víctimas”, afirma la CIDH.

La ley estatutaria de la JEP se creó para regular el sistema de justicia transicional que surgió del acuerdo de paz con las Farc y que servirá para investigar y juzgar los crímenes cometidos por guerrilleros y agentes del estado durante el conflicto armado.

En agosto del año pasado, la Corte Constitucional la había declarado exequible, aunque con algunas observaciones, y estaba pendiente la firma del presidente para volverla una realidad.

Sin embargo, Duque optó por objetar 6 de sus elementos generando lo que muchos ven como un choque de trenes entre los poderes del estado.

Este miércoles, la Corte Constitucional optó por no pronunciarse a las objeciones que hizo Duque bajo la tesis de que solo intervendrá si el Congreso incluye nuevas modificaciones al texto.

En el informe, la CIDH celebra los pasos que ha tomado el estado para implementar los acuerdos de paz, destaca como el acuerdo ha reducido la violencia en el país y subraya que las elecciones del 2018 “fueron las más pacíficas e inclusive en decenios”.

Dicho eso, expresa su preocupación la continuada violencia que se sigue registrando en las zonas rurales, la persistencia de los desplazamientos y el aumento de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos líderes y lideresas sociales y territoriales, personas afro colombianas y pueblos indígenas.

“En particular, el Estado debe redoblar sus esfuerzos sobre los sistemas de prevención y protección, a partir de la construcción de una base de datos unificada sobre las agresiones, la realización de estudios de riesgo contextual, la investigación sobre los motivos de ingreso a los programas, y el mejoramiento de la eficacia de las medidas de protección tanto individuales como colectivas, mediante una implementación concertada que mantenga un enfoque étnico y diferencial y la efectiva participación de las víctimas”, dice el informe.

La CIDH menciona, por ejemplo, el incremento en las cifras de homicidio en el país que pasaron de 11.381 en 2017 a 12.311 en el 2018.

“Lo anterior significa que la tasa de homicidios se incrementó en un punto toda vez que en 2018 se ubicó en 25 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2017 la tasa de homicidios estuvo en 24 por cada 100.000 habitantes”, dice el reporte.

La CIDH, además, le pide al estado la construcción de un registro actualizado, unificado y depurado de personas desaparecidas, y garantizar los recursos necesarios para la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).

Desde el 2012, Colombia salió de la llamada “lista negra” o Capítulo 4 del reporte anual de la CIDH donde se incluye solo a los países que generan más preocupación y que este año presenta a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Eso gracias a una vista “in loco” que realizó la comisión en diciembre de ese mismo año y producto de la cual presentó un informe con recomendaciones.

Desde entonces, ha continuado evaluando el cumplimiento del país a esas recomendaciones en un informe de seguimiento que se publica en el Capítulo 5 del reporte anual.