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Por El Tiempo
La Corte Constitucional realiza este miércoles una audiencia pública para escuchar las diferentes opiniones sobre el decreto ley 588 de 2017, que creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
El primero en intervenir fue el viceministro para la participación e igualdad de derechos del Ministerio del Interior, Luis Ernesto Gómez Londoño, quien aseguró que la comisión es uno de los pilares del acuerdo de paz porque tiene como centro a las víctimas, esclarecer los hechos que sufrieron y su reparación.
Añadió que esta Comisión está buscando generar verdad y procesos de no repetición, crear relatos sobre lo que ha sucedido en los últimos años en el país y representar a la sociedad colombiana, pues su integración será amplia y sin discriminación.
Afirmó que pretende que con la Comisión no sea buscada una versión estatal de la verdad, sino que esta tenga autonomía y una metodología propia para reconstruir los hechos y podrá apoyarse en la Comisión de Memoria Histórica.
Ronald José Valdés Padilla, delegado del espacio nacional de consulta previa con comunidades negras, afirmó que esta población no fue consultada en varios de los puntos, por lo que le pidió al alto tribunal someter algunas de sus normas a una consulta previa. También señaló que en varios numerales de la Comisión, como el primero, no tuvieron en cuenta un enfoque étnico.
Valdés asegura que el enfoque territorial que se estableció en la Comisión de la Verdad desconoce a las comunidades palenqueras, y los fenómenos que han sufrido en el desplazamiento y masacres. También dijo que no se tuvo en cuenta las condiciones étnico-diferenciales en las zonas de comunidades negras.
Adriana Leaño Siado, de la Corporación Humanas, afirmó que es fundamental que esté conformada por comisionados con una formación y experiencia en temas de género y que se debe buscar una verdad sobre los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, estableciéndose como prioridad el esclarecimiento de los hechos.
César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, agregó que el decreto que creó la Comisión de la Verdad sí debió ser consultado con las comunidades étnicas porque muchas de las medidas están orientadas a estas poblaciones. "La Corte podría tomar una decisión equitativa y garantista. En este caso, sin desconocer que el decreto debió consultarse, la Corte podría permitir la constitucionalidad de la norma pero que se condicione a que se consulte la metodología con estas comunidades".
Esto significa que, según Rodríguez, la Corte debe avalar la Comisión de la Verdad pero estableciendo que esta tenga que consultar la manera en la que serán reconstruidos y relatados los hechos que sufrieron estas comunidades.
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