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Tomada de Pacocol
Por Prensa Rural
Durante la jornada realizada en el Centro de Memoria Histórica, Paz y Reconciliación de Bogotá, las víctimas se tomaron los micrófonos en la instalación de la Comisión de la Verdad, con el fin de exigirle al Estado que este nuevo mecanismo tenga en cuenta a todas las personas afectadas por los diferentes actores del conflicto armado.
En una corta y categórica intervención, Alejandra Gaviria vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), frente al auditorio manifestó al Presidente Santos que:
“Sería muy triste que un evento de tal magnitud e importancia omitiría o excluyera aquellas víctimas de desaparición forzada, aquellas organizaciones como Asfades, que llevan más 30 años en este trabajo, aquellas organizaciones como Reiniciar, aquellos partidos exterminados como la Unión Patriótica, como A Luchar, como el Partido Comunista Colombiano. ¿Por qué es importante que estemos? Porque hoy con nuestra presencia usted nos hace un compromiso […] no con una parte de la verdad, sino con toda la verdad”.
De esta manera, las víctimas de crímenes de Estado se hicieron sentir de una manera contundente al no estar en la programación oficial. Además exigieron la desclasificación de los archivos de las fuerzas militares que involucran parte de la verdad que no sea conocido en el país frente al desarrollo de la confrontación.
Asimismo, en la reunión, con la firma del presidente Santos se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición. Este elemento fue acordado por el Gobierno Nacional y las FARC–EP en La Habana, instrumento que fue construido gracias a más de 25 mil propuestas que las víctimas hicieron llegar a las partes y que fue sancionado la semana pasada en el Congreso de la República.
Este organismo tendrá vigencia de 3 años, donde habrá un periodo preparatorio de 6 meses. Los comisionados serán elegidos por el comité de escogencia de la JEP.
De esta manera se pretende empezar a esclarecer el oscuro pasado de violencia y el negacionismo que ha cubierto con un manto de impunidad los crímenes de Estado, por más de 50 años en el país.
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