Noticia
Tomado de Pacocol
Prensa Cajar
La firma del acuerdo definitivo entre el gobierno y la guerrilla de las Farc-EP, el pasado 24 de noviembre, marca un horizonte de esperanza para que Colombia supere de manera permanente el conflicto armado y la violencia política que va mas allá de este conflicto. Este anhelo quiere ser frustrado por intereses económicos nutridos por la guerra, y que se expresan en organizaciones denominadas en el Acuerdo de Paz como herederas del paramilitarismo...
Desde la firma del primer Acuerdo de Paz suscrito el 26 de septiembre hasta hoy se han incrementado los ataques contra líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos. Estos son los hechos que han sido registrados por las organizaciones y movimientos sociales de derechos humanos en el periodo señalado (1):
Asesinatos
1. José Abdón Collazos
2. Diomedes Perdomo
3. Fraidán Cortes
4. Rodrigo Cabrera Cabrera
5. Erley Monroy
6. Didier Losada Barreto
7. José Antonio Velasco Taquinas
8. Jhon Jairo Rodríguez Torres
9. Yimer Chávez Rivera
10. Espólita Casiana
Atentados
1. Jorge Humberto Chirán Chirán
2. Andrés Alfonso Garavito
3. John Garavito (niño de 15 años)
4. Hugo Cuellar
5. Danilo Bolaños Díaz
6. Rolan Ismares
7. Argemiro Lara
8. Comunidad de San Martín, Cesar
Amenazas, hostigamientos y señalamientos (2)
1. Arley Tuberquia
2. Edwin Segura
3. Héctor Sánchez Gómez
4. Asnoraldo Corpus
5. Anderson Ospina
6. James Larrea
7. Rodrigo Vargas
8. Piedad Esneda Córdoba Ruiz
9. Miguel Cifuentes Ardila
10. Melkin Hernán Castrillón
11. Iván Madero Vergel
12. Eladio Antonio Morales Polo
13. Lilia Peña
14. Himat Abdalá
15. Jessica Hernández
16. Cristina Rengifo
17. Edwin Segura Salas
18. Luceris Segura Salas
19. Walter Agredo
20. Rodrigo Vargas
21. Hernán Arciniegas
22. Wilson Sáenz
23. Julián Lozano
24. José Milciades Sánchez
25. Ariel Díaz
26. Edison Méndez
27. Carlos Murcia
28. Ismael Hurtado
29. Henry Domínguez
30. Jorge Iván Vélez
31. Albert Quintero
32. Antonio Gutiérrez
33. Diego Escobar
34. Ismael Hurtado
35. Antonio Gutiérrez
36. Yelby Ramírez
37. Jorge Iván Vélez
38. José Alfredo Ramírez
39. Marcela Hernández Chapuel
40. Humberto Orozco
41. Comunidad del municipio de Miranda
42. Comunidad de la vereda Rubiales
43. Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Ante el carácter sistemático y generalizado de estos crímenes contra la paz, este miércoles 7 de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones firmantes convocamos a una audiencia pública con el apoyo de las y los congresistas Ángela María Robledo, Alirio Uribe, Víctor Correa, Iván Cepeda, Alberto Castilla, Inti Asprilla y Jhon Jairo Cárdenas acerca de: “Los crímenes contra la paz, ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos por grupos armados sucesores de los paramilitares”
La reciente escalada de agresiones constituye una tendencia ascendente dentro de una constante que se mantiene, en contravía de los anhelos de paz del pueblo colombiano. Ya en los meses de marzo y abril de este mismo año, alertábamos sobre una oleada de crímenes similar que cobró la vida de dirigentes sociales destacados en el Cauca, Cundinamarca, Valle y otras regiones del país, y que desde entonces no cesa. Mientras Naciones Unidas señala que 52 defensoras y defensores de derechos humanos han sido asesinados en 2016, las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, nacionales y regionales estipulan que la cifra llega a los 75 homicidios (3). Por su parte, el movimiento social y político Marcha Patriótica, ha denunciado que desde que se fundó, hace 5 años, 124 de sus integrantes han sido asesinados.
La labor que realizan defensoras y defensores de derechos humanos a lo largo y ancho del territorio nacional es legal y legítima. Ellas y ellos defienden la tierra, la vida, el agua, el ambiente sano, la participación política, los dineros públicos, la democracia y la paz. Son sus voces las que hoy están siendo acalladas en sus territorios, son sus vidas, sueños y proyectos los que están siendo truncados por quienes amenazan, atentan contra la vida y asesinan.
Las investigaciones penales debe reconocer este contexto, para que la justicia avance hasta identificar a los autores intelectuales, materiales y beneficiarios de los crímenes, las causas y estructuras responsables, y se pueda desenmascarar a quienes se ocultan detrás de un computador para elaborar los macabros panfletos, y a quienes señalan y dan la orden de asesinar y atentar contra la vida. La justicia en estos casos debe ser eficaz como ocurre cuando es atacada o está comprometida la integridad de personalidades destacadas de la vida nacional o de otras nacionalidades.
La firma del acuerdo definitivo entre el gobierno y la guerrilla de las Farc-EP, el pasado 24 de noviembre, marca un horizonte de esperanza para que Colombia supere de manera permanente el conflicto armado y la violencia política que va mas allá de este conflicto. Este anhelo quiere ser frustrado por intereses económicos nutridos por la guerra, y que se expresan en organizaciones denominadas en el Acuerdo de Paz como herederas del paramilitarismo, las mismas que en muchos casos mantienen vínculos con sectores de la Fuerza Pública, incluyendo organismos de inteligencia y seguridad del Estado.
No obstante el proceso de desmovilización del año 2003, la persistencia del paramilitarismo es una realidad inocultable, documentada en informes periódicos de derechos humanos, oficiales, de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, y recogida en el Acuerdo final de paz, junto con valiosos instrumentos e instancias para su desmantelamiento, contempladas en el numeral 3.4 del Acuerdo, que deben ponerse en marcha de la manera más ágil posible.
En este sentido, es una prioridad en materia de implementación, la puesta en marcha y resultados a corto plazo de la Comisión de Alto Nivel de desmantelamiento de las estructuras herederas del paramilitarismo, así como el funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, en términos del Acuerdo. La investigación y sanción de los responsables y la implementación de una política publica para su desmonte son elementos fundamentales para las garantías de no repetición.
Así mismo, urge que las partes soliciten de inmediato a la Asamblea General la instalación de la Misión de verificación política establecida en el punto 6.3.3, que pueda cumplir en una fase inicial con su mandato de verificación de las medidas de protección, seguridad personal y colectiva, así como los programas integrales de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios. Para este efecto, será fundamental que esta misión pueda estar integrada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dada su experiencia en terreno y el conocimiento sobre la situación de DH y DIH en Colombia, la cual podría hacer un trabajo complementario al actual mandato que tiene en Colombia.
Exhortamos a la Fiscalía General de la Nación para que de respuestas satisfactorias sobre el estado de las investigaciones en estos casos, así como a la Procuraduría General de la Nación, en relación con las investigaciones contra funcionarios e integrantes de la fuerza pública presuntamente involucrados en hostigamientos, amenazas, tentados, asesinatos, desapariciones forzadas y otros graves delitos contra defensoras y defensores. Por su parte, el Alto gobierno debe dar a conocer cuál es el estado actual de las garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en sus componentes de prevención y protección.
Se hace perentorio que haya respuestas institucionales contundentes en su compromiso de detener definitivamente estos crímenes, y elevar el debate político y ante la opinión pública sobre las causas, estructuras, doctrinas y prácticas que, a nivel territorial y nacional, siguen vigentes detrás de los crímenes contra líderes y lideresas indígenas, campesinos, afrodescendientes, populares, barriales, estudiantiles y comunitarios. La sociedad entera debe condenar y rechazar estos crímenes contra quienes luchan no sólo por sus derechos sino por los de sus semejantes.
Las defensoras y defensores de derechos humanos son aliados naturales de la paz. Defender los derechos humanos para todas y todos es construir la paz. Que la paz no nos cueste la vida.
Bogotá, 7 de diciembre de 2016
Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice
Coporación Claretiana Norman Pérez Bello
Para suscribir, escriba a prensa @cajar.org
Tomado de Pacocol
Prensa Cajar
De nuevo elevamos nuestro SOS por la vida, por la paz y las garantías de no repetición
La firma del acuerdo definitivo entre el gobierno y la guerrilla de las Farc-EP, el pasado 24 de noviembre, marca un horizonte de esperanza para que Colombia supere de manera permanente el conflicto armado y la violencia política que va mas allá de este conflicto. Este anhelo quiere ser frustrado por intereses económicos nutridos por la guerra, y que se expresan en organizaciones denominadas en el Acuerdo de Paz como herederas del paramilitarismo...
Desde la firma del primer Acuerdo de Paz suscrito el 26 de septiembre hasta hoy se han incrementado los ataques contra líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos. Estos son los hechos que han sido registrados por las organizaciones y movimientos sociales de derechos humanos en el periodo señalado (1):
Asesinatos
1. José Abdón Collazos
2. Diomedes Perdomo
3. Fraidán Cortes
4. Rodrigo Cabrera Cabrera
5. Erley Monroy
6. Didier Losada Barreto
7. José Antonio Velasco Taquinas
8. Jhon Jairo Rodríguez Torres
9. Yimer Chávez Rivera
10. Espólita Casiana
Atentados
1. Jorge Humberto Chirán Chirán
2. Andrés Alfonso Garavito
3. John Garavito (niño de 15 años)
4. Hugo Cuellar
5. Danilo Bolaños Díaz
6. Rolan Ismares
7. Argemiro Lara
8. Comunidad de San Martín, Cesar
Amenazas, hostigamientos y señalamientos (2)
1. Arley Tuberquia
2. Edwin Segura
3. Héctor Sánchez Gómez
4. Asnoraldo Corpus
5. Anderson Ospina
6. James Larrea
7. Rodrigo Vargas
8. Piedad Esneda Córdoba Ruiz
9. Miguel Cifuentes Ardila
10. Melkin Hernán Castrillón
11. Iván Madero Vergel
12. Eladio Antonio Morales Polo
13. Lilia Peña
14. Himat Abdalá
15. Jessica Hernández
16. Cristina Rengifo
17. Edwin Segura Salas
18. Luceris Segura Salas
19. Walter Agredo
20. Rodrigo Vargas
21. Hernán Arciniegas
22. Wilson Sáenz
23. Julián Lozano
24. José Milciades Sánchez
25. Ariel Díaz
26. Edison Méndez
27. Carlos Murcia
28. Ismael Hurtado
29. Henry Domínguez
30. Jorge Iván Vélez
31. Albert Quintero
32. Antonio Gutiérrez
33. Diego Escobar
34. Ismael Hurtado
35. Antonio Gutiérrez
36. Yelby Ramírez
37. Jorge Iván Vélez
38. José Alfredo Ramírez
39. Marcela Hernández Chapuel
40. Humberto Orozco
41. Comunidad del municipio de Miranda
42. Comunidad de la vereda Rubiales
43. Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Ante el carácter sistemático y generalizado de estos crímenes contra la paz, este miércoles 7 de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones firmantes convocamos a una audiencia pública con el apoyo de las y los congresistas Ángela María Robledo, Alirio Uribe, Víctor Correa, Iván Cepeda, Alberto Castilla, Inti Asprilla y Jhon Jairo Cárdenas acerca de: “Los crímenes contra la paz, ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos por grupos armados sucesores de los paramilitares”
La reciente escalada de agresiones constituye una tendencia ascendente dentro de una constante que se mantiene, en contravía de los anhelos de paz del pueblo colombiano. Ya en los meses de marzo y abril de este mismo año, alertábamos sobre una oleada de crímenes similar que cobró la vida de dirigentes sociales destacados en el Cauca, Cundinamarca, Valle y otras regiones del país, y que desde entonces no cesa. Mientras Naciones Unidas señala que 52 defensoras y defensores de derechos humanos han sido asesinados en 2016, las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, nacionales y regionales estipulan que la cifra llega a los 75 homicidios (3). Por su parte, el movimiento social y político Marcha Patriótica, ha denunciado que desde que se fundó, hace 5 años, 124 de sus integrantes han sido asesinados.
La labor que realizan defensoras y defensores de derechos humanos a lo largo y ancho del territorio nacional es legal y legítima. Ellas y ellos defienden la tierra, la vida, el agua, el ambiente sano, la participación política, los dineros públicos, la democracia y la paz. Son sus voces las que hoy están siendo acalladas en sus territorios, son sus vidas, sueños y proyectos los que están siendo truncados por quienes amenazan, atentan contra la vida y asesinan.
Las investigaciones penales debe reconocer este contexto, para que la justicia avance hasta identificar a los autores intelectuales, materiales y beneficiarios de los crímenes, las causas y estructuras responsables, y se pueda desenmascarar a quienes se ocultan detrás de un computador para elaborar los macabros panfletos, y a quienes señalan y dan la orden de asesinar y atentar contra la vida. La justicia en estos casos debe ser eficaz como ocurre cuando es atacada o está comprometida la integridad de personalidades destacadas de la vida nacional o de otras nacionalidades.
La firma del acuerdo definitivo entre el gobierno y la guerrilla de las Farc-EP, el pasado 24 de noviembre, marca un horizonte de esperanza para que Colombia supere de manera permanente el conflicto armado y la violencia política que va mas allá de este conflicto. Este anhelo quiere ser frustrado por intereses económicos nutridos por la guerra, y que se expresan en organizaciones denominadas en el Acuerdo de Paz como herederas del paramilitarismo, las mismas que en muchos casos mantienen vínculos con sectores de la Fuerza Pública, incluyendo organismos de inteligencia y seguridad del Estado.
No obstante el proceso de desmovilización del año 2003, la persistencia del paramilitarismo es una realidad inocultable, documentada en informes periódicos de derechos humanos, oficiales, de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, y recogida en el Acuerdo final de paz, junto con valiosos instrumentos e instancias para su desmantelamiento, contempladas en el numeral 3.4 del Acuerdo, que deben ponerse en marcha de la manera más ágil posible.
En este sentido, es una prioridad en materia de implementación, la puesta en marcha y resultados a corto plazo de la Comisión de Alto Nivel de desmantelamiento de las estructuras herederas del paramilitarismo, así como el funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, en términos del Acuerdo. La investigación y sanción de los responsables y la implementación de una política publica para su desmonte son elementos fundamentales para las garantías de no repetición.
Así mismo, urge que las partes soliciten de inmediato a la Asamblea General la instalación de la Misión de verificación política establecida en el punto 6.3.3, que pueda cumplir en una fase inicial con su mandato de verificación de las medidas de protección, seguridad personal y colectiva, así como los programas integrales de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios. Para este efecto, será fundamental que esta misión pueda estar integrada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dada su experiencia en terreno y el conocimiento sobre la situación de DH y DIH en Colombia, la cual podría hacer un trabajo complementario al actual mandato que tiene en Colombia.
Exhortamos a la Fiscalía General de la Nación para que de respuestas satisfactorias sobre el estado de las investigaciones en estos casos, así como a la Procuraduría General de la Nación, en relación con las investigaciones contra funcionarios e integrantes de la fuerza pública presuntamente involucrados en hostigamientos, amenazas, tentados, asesinatos, desapariciones forzadas y otros graves delitos contra defensoras y defensores. Por su parte, el Alto gobierno debe dar a conocer cuál es el estado actual de las garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en sus componentes de prevención y protección.
Se hace perentorio que haya respuestas institucionales contundentes en su compromiso de detener definitivamente estos crímenes, y elevar el debate político y ante la opinión pública sobre las causas, estructuras, doctrinas y prácticas que, a nivel territorial y nacional, siguen vigentes detrás de los crímenes contra líderes y lideresas indígenas, campesinos, afrodescendientes, populares, barriales, estudiantiles y comunitarios. La sociedad entera debe condenar y rechazar estos crímenes contra quienes luchan no sólo por sus derechos sino por los de sus semejantes.
Las defensoras y defensores de derechos humanos son aliados naturales de la paz. Defender los derechos humanos para todas y todos es construir la paz. Que la paz no nos cueste la vida.
Bogotá, 7 de diciembre de 2016
Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice
Coporación Claretiana Norman Pérez Bello
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