Cajar y ACAAC saludan reversión de campo Rubiales y denuncian pasivos ambientales y sociales que deja Pacific a la Nación

Noticia

Tomado del Movice

A propósito de la importante noticia sobre la reversión del campo Rubiales y el regreso de la operación a la compañía nacional Ecopetrol, compartimos el balance presentado por las organización sindicales y comunitarias a Ecopetrol, acerca de los pasivos ambientales y sociales que deja Pacific a su salida del país.

El pasado mes de mayo, varios miembros y representantes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas de Santa Helena, Rubiales y Puerto Triunfo, veedurías laborales, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo-USO y el Cajar nos reunimos en el municipio de Puerto Gaitán, con varios representantes de Ecopetrol.

Las comunidades y organizaciones presentamos a la empresa Eecopetrol la relación de los pasivos ambientales y sociales que actualmente existen en el Campo Rubiales, sobre el que la empresa estatal mantiene un contrato de asociación y riesgo con la multinacional canadiense PACIFIC E&P hasta el próximo 1 de julio de 2016. A partir de esta fecha, Ecopetrol asumirá la operación del campo, y como consecuencia tendrá que asumir los daños y violaciones históricas que la multinacional ocasionó en el territorio.

Entre estos pasivos se destacan la contaminación y captación ilegal de las fuentes de agua, contaminación auditiva y generación de material particulado . De otro lado, aún no se conocen los impactos ambientales que generó el fallido proyecto STAR que utilizaba métodos controvertidos como la combustión in situ, sobre los cuales hubo múltiples denuncias de la comunidad antes de que se ordenara su cancelación, toda vez que generaba sismos, explosiones y múltiples contingencias.

Tampoco se ha dado respuesta adecuada a la generación exponencial e inusitada de sismos en las veredas Rubiales y aledañas, por la inyección de más de 3 millones de barriles de agua diarios y sobre la cual no existe regulación clara por parte de las autoridades ambientales, así como el acaparamiento de más de 48 mil has. de tierra con antecedente de baldíos que la empresa habría adquirido ilegalmente.

La operación del Campo con estos métodos e inobservancias a la ley ha coincidido con una reducción en la disponibilidad de las fuentes de agua de uso comunitario, lo que se traduce en la violación a los derechos fundamentales al agua, intimidad y ambiente sano.

A pesar de las continuas quejas y acciones jurídicas interpuestas, las autoridades ambientales no han tomado las medidas necesarias para que los daños sean reparados y la empresa sea sancionada.

El Cajar ha evidenciado la sistemática falta de información ambiental transparente, incoherencias en los reportes de la empresa, incumplimientos a la licencia y evasiones a la ley, frente a los cuales las instituciones del Estado han hecho caso omiso. Esta conducta reiterada por parte de los órganos estatales arroja a las comunidades que soportan las industrias extractivas a un escenario de desamparo institucional en el que deben clamar a la multinacional en condiciones de desigualdad de poder, compensaciones que no han sido adecuadas para garantizar sus derechos fundamentales.

En la reunión, las comunidades también pusieron de presente los pasivos sociales en relación con la falta de inversión social que hay en las veredas más impactadas por el desarrollo del Campo. Luego de más de una década de explotación petrolera, no existe en el territorio puesto de salud, escuelas, espacios de recreación, carretera ni sistema de transporte público que les permita acceder al casco urbano de Puerto Gaitán. De otro lado, las comunidades han visto como la dependencia de las economías extractivas, las dejan a merced de los precios del mercado internacional y sin alternativas para la subsistencia.

Este balance en relación con el desarrollo de la región en términos de derechos humanos, plantea profundos cuestionamientos sobre la compresión del concepto de “utilidad pública” que alega el Estado cuando adjudica bloques y licencias a proyectos petroleros, pues estos no se traducen en mejores condiciones de vida para las comunidades que se ven directamente afectadas.

Frente a estas preocupaciones Ecopetrol se comprometió a generar una comisión ambiental que pudiera verificar las denuncias expuestas que permita exigir a la multinacional reparación previa a la entrega del campo. Así mismo, a avanzar en planes de diversificación de la economía en el municipio.

A pesar de estos acuerdos, las organizaciones sociales Alertamos públicamente al país sobre los pasivos causados por las empresas multinacionales, pues una vez terminadas las concesiones estos daños serán asumidos por el Estado Colombiano con recursos de los contribuyentes. No existe una dimensión real de los impactos ambientales que estas operaciones puedan conllevar, en particular frente a la disponibilidad de agua potable en la región, entre otros daños ecosistémicos irreparables.

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y Ecopetrol para que este proceso de empalme y entrega del Campo Rubiales garantice que la partida de la multinacional Pacific no dejará pasivos a la Nación Colombiana por la operación irresponsable del Campo.

COLECTIVO DE ABOGADOS “JOSÉ ALVEAR RESTREPO”

COMITÉ AMBIENTAL, AGRARIO Y COMUNITARIO DE PUERTO GAITÁN