Comunicado
La Habana, 30 de mayo de 2015.
Tal y como dimos a conocer el día de ayer, en un comunicado conjunto de la Mesa de Conversaciones, avanza satisfactoriamente la ejecución del acuerdo piloto de descontaminación de explosivos, para el cual fue seleccionada la vereda El Orejón en el municipio de Briceño, departamento de Antioquia enmarcado en los gestos de desescalamiento de la guerra.
Es de anotar que el grupo de Estudio No Técnico integrado por delegados del Gobierno Nacional y las FARC-EP, bajo la coordinación de la Ayuda Popular Noruega APN, acompañado por las delegaciones de los países garantes Cuba y Noruega, y la Cruz Roja Internacional, tuvo oportunidad de interactuar ampliamente, durante varios días, en su mismo territorio, con las comunidades directamente beneficiadas con el acuerdo en curso.
Al respecto las FARC-EP expresamos algunas de las realidades expuestas por las comunidades. La primera se relaciona con el abandono estatal padecido en la zona desde muchas décadas atrás, el cual ha implicado sacrificios enormes para la supervivencia de los pobladores. A esto se añaden las alteraciones sociales suscitadas con el escalamiento del conflicto armado. Fenómenos como el paramilitarismo, que incursionó de manera brutal durante casi una década a partir de finales de los años 90, sembraron el terror y el desplazamiento entre la población intimidada, entre otras cosas, por la siembra de minas anti personas que generalizaron tales grupos, contra quienes nunca se realizó acciónalguna por parte de las autoridades civiles o militares.
No ha sido la presencia de las FARC-EP la que ha llevado inseguridad e intranquilidad a las regiones del norte de Antioquia, sino que paradójicamente la zozobra ha sido consecuencia de la presencia de agentes estatales y paraestatales. La siembra de coca, dolorosa realidad generalizada en muchas regiones marginadas del país, terminó desempeñando un papel importante en la sobrevivencia de los campesinos, así como la política antidrogas de fumigaciones, erradicación y represión militar y policial se convirtieron en una desgracia más para ellos.
Del mismo modo, la implementación de megaproyectos de infraestructura como el de HidroItuango, que los privó de las aguas del río, de las posibilidades de pesca y minería artesanal para alimentarse y hacerse algún recurso, a los que se suman otros semejantes en la región, como Porce I, II, III y IV, y la futura represa del río Nechí, antes que representar un beneficio para ellos, han significado mayor arrinconamiento, persecución y miseria. La militarización generalizada, con el propósito de rodear de garantías a los capitales interesados en tales obras, terminó por añadir el ingrediente de la continua confrontación armada con las guerrillas, únicas defensoras reales de sus intereses. Ese conflicto agravó el problema de las minas y restos de explosivos abandonados. Al cual debe agregarse el continuo bombardeo de artillería practicado por las fuerzas militares sobre la zona, que ha producido daños materiales y algunos heridos de la población civil.
Es por ello que la celebración y ejecución del acuerdo piloto de descontaminación de materiales explosivos en el Norte de Antioquia, representa para las comunidades un enorme aliento. Ellas ven en él la posibilidad real de una redención, el comienzo de un futuro distinto, donde la paz garantice que ahora el Estado por fin va a tenerlas en cuenta y apoyarlas.
No se trata simplemente de que sean extraídas de los cerros aledaños unas minas o unos restos de explosivos de guerra, sino de una efectiva restauración de derechos de las comunidades en términos de movilidad, esparcimiento, acceso a vías terrestres y uso productivo de la tierra. De la garantía de que no volverán a repetirse ninguno de los factores que atentan contra su beneficio económico y social. Como dicen ellas mismas, si la extracción de todo ese material tiene como propósito la tranquila llegada de las tropas, del paramilitarismo y las bandas criminales, nada se habrá conseguido con el acuerdo, si es así no más, es mejor dejar todo quieto.
Importante y trascendental conclusión de la población civil afectada por el conflicto interno colombiano. La terminación del mismo no puede significar simplemente la cesación de la actividad militar de las guerrillas, sino que tiene que vincular la desmilitarización general de la región, la presencia del Estado con recursos, con planes concertados de sustitución de cultivos, con apoyo económico y social, con proyectos de educación, salud, vivienda, trabajo y bienestar. Tal y como expresó un vocero de las comunidades: "el pleno ejercicio de nuestros derechos y la satisfacción de las necesidades básicas es requisito fundamental para lograr la paz".
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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