A propósito de la dejación de armas: Historia de compromisos incumplidos

Análisis

Tomado de Pacocol

Por Luis Jairo Ramírez

Santos debe entender que la oligarquía debe renunciar a sus prácticas políticas violentas, que la convivencia democrática exige la desmilitarización total de la vida nacional y el reconocimiento pleno a la oposición de izquierda.

Por estos días, la derecha del país y sus medios de prensa han puesto el grito en el cielo, cuando los insurgentes que dialogan en La Habana han dicho que los acuerdos de paz no implican la entrega de armas y que no pagarán un día de cárcel, porque con el alzamiento armado han ejercido el derecho a la rebelión contra la tiranía de un régimen sanguinario que durante 60 años privó al país de la democracia y las libertades públicas.

Este tema hay que abordarlo a la luz de la historia colombiana, plagada de hechos que nos muestran a unos gobernantes de los partidos tradicionales acostumbrados al incumplimiento de sus promesas y compromisos. Por eso el 60% de los electores se abstiene, porque los politiqueros una vez elegidos hacen todo lo contrario de lo que ofrecieron.

Las castas liberal-conservadoras argumentan folclóricamente que en un país democrático como Colombia, con división de poderes, no se justifica la rebelión armada; pretenden ignorar deliberadamente que aquí no solo no hubo democracia durante 200 años, porque se impuso una larga hegemonía política de los dos partidos tradicionales, sino que se recurrió al uso permanente de la violencia como forma de gobierno y con prácticas medievales, como el exterminio físico de la oposición y los movimientos sociales.

La burguesía colombiana tiene bien ganada su fama tramposa. Las recientes movilizaciones campesinas no exigían reivindicación alguna; fueron para reclamar el cumplimiento de compromisos suscritos siete años atrás. Lo mismo pasa con dos leyes de víctimas que son un completo fracaso, y hoy nos sorprenden con una ley que, en vez de asignar los baldíos a los miles de campesinos despojados, los están titulando a sectores empresariales, financieros y a grandes terratenientes.

Ya es un saber popular que en Colombia la oligarquía se acostumbró a eliminar físicamente a sus contrapartes. En 1914 es asesinado Rafael Uribe Uribe, considerado un liberal de izquierda, y quien de no haber sido eliminado habría llegado a la presidencia, y así sucesivamente muchos luchadores sociales y políticos cayeron en las manos traicioneras de la reacción derechista, entre ellos el líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948, asesinado durante el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez; Gaitán contaba con un enorme apoyo popular para ser elegido presidente del país.

En 1953 se produjo una nueva encerrona con el armisticio y la entrega de armas suscrito entre las guerrillas liberales del Llano, lideradas por Guadalupe Salcedo, y la dictadura militar de Rojas Pinilla. Los guerrilleros cumplieron con la entrega de armas, pero el gobierno militar incumplió con las peticiones de los desmovilizados, en el llamado Pliego de la Gileña que contenía siete puntos de reparación (Arturo Alape, La paz, la violencia, Editorial Planeta, 1985, pág.143), pero lo más grave es que luego Guadalupe Salcedo y sus compañeros fueron asesinados uno a uno en estado de indefensión por la propia Policía, todo lo cual quedó en la impunidad.

En 1984, como fruto de los diálogos del gobierno de Belisario Betancur y las FARC, se pactaron los Acuerdos de La Uribe. En ellos se estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición (la UP) para permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país.

Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad consistían en un compromiso oficial para garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación, y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles, pero el bipartidismo tradicional, las Fuerzas Militares y el paramilitarismo estatal, como lo llamó el propio Mancuso, burlaron los acuerdos y se produjo un genocidio brutal contra miembros de la Unión Patriótica, frustrando así los anhelos de paz de millones de colombianos. Hasta hoy las elites dominantes se han negado a pedirle perdón al país por estos hechos de enorme brutalidad institucional.

El 20 de noviembre de 1985, Óscar William Calvo fue asesinado en forma cobarde y por la espalda, por efectivos del Ejército, cuando ejercía como vocero político durante una tregua pactada con el EPL. Luego, en febrero de 1987, Ernesto Rojas, comandante general del EPL, fue detenido en Bogotá, torturado y asesinado a sangre fría en operativo en el que participó el general Óscar Naranjo.

Posteriormente Carlos Pizarro, que ya había sido herido por el Ejército durante la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y el M-19 (departamentos de Huila y Cauca), fue asesinado el 26 de abril de 1990, en pleno vuelo, tras firmar la paz en el gobierno de Virgilio Barco y cuando era candidato presidencial. En 1993, también en pleno proceso de negociaciones de paz, fueron torturados y asesinados por el ejército Enrique Buendía y Ricardo González, negociadores de la Corriente de Renovación Socialista, disidencia del ELN.

El 4 de noviembre del año 2011, cuando ya avanzaban los intercambios para iniciar el proceso de paz, en medio de un intenso operativo militar, fue detenido y reducido Alfonso Cano, comandante máximo de las FARC y tras orden expresa del presidente Santos, asesinado por el Ejército cuando se hallaba inerme. Esta sucesión de hechos históricos muestran cómo en cada negociación con la insurgencia los regímenes de turno han preparado trampas para atentar en forma traicionera contra los anhelos de paz de la población.

Ahora toda la derecha y la gran prensa a una sola voz reclaman a la guerrilla la entrega de armas, pero no hay el desmantelamiento de la herencia paramilitar que dejó Uribe Vélez, ni depuración de la Fuerza Pública, involucrada en muchas ocasiones en crímenes atroces contra figuras de la vida política nacional y líderes sociales, ni garantías efectivas para que a los guerrilleros integrados a la vida civil se les respete su integridad y el ejercicio de su actividad política.

En esta ocasión no se puede repetir la historia trágica de una burguesía que traiciona los pactos y asesina a sus contradictores, pues un hecho tal empujaría a la sociedad a una guerra civil de incalculables consecuencias. Santos debe entender que la oligarquía debe renunciar a sus prácticas políticas violentas, que la convivencia democrática exige la desmilitarización total de la vida nacional y el reconocimiento pleno a la oposición de izquierda.